En los primeros nueve meses de este año se ha capturado 7 veces más droga que en el 2010, 4 veces más que en el 2008 y 2011; y 95% más que el 2019. Expertos ven, más que un asunto de “eficacia”, una mayor cantidad de drogas y más gente involucrada en este ilícito.

La cifra de incautación de droga en el país se ha disparado drásticamente desde el 2021. En lo que va de este 2023, por ejemplo, se ha incautado más droga de la que se incautó en cada año durante los gobiernos de Rafael Correa: 7 veces más que en el 2010 y 4 veces más que en el 2007, 2008 y 2011.

La cifra de lo que va de este año, es 95% a la del 2019 y 21% a la del 2020, aún en el periodo de Lenín Moreno. Esta tendencia al alza se refleja en las siguientes estadísticas, proporcionadas a Ecuador Chequea por la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional.

Patricio Zapata, exdirector director nacional de Control de la Demanda del desaparecido Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópica (Consep), y Carlos Blanco, exjefe de unidades de inteligencia y exdirector de la Policía Nacional en Quito, coincidieron en que no es una buena noticia para el país, a pesar de lo que pueda parecer a primera vista, incluso en los discursos de las autoridades.

Los especialistas señalaron que estos mayores volúmenes de incautación pueden reflejar una mayor efectividad en los operativos de la fuerza pública, pero, sobre todo, confirman que en el país no sólo hay una mayor cantidad de droga, sino también un aumento en las actividades y personas relacionadas con grupos delincuenciales transnacionales dedicadas al transporte, la comercialización en dosis menores y el envío en grandes cantidades a Europa, Asia y Estados Unidos.

También explicaron que, de acuerdo con las normas internacionales para la investigación del impacto de las actividades del narcotráfico, las cantidades de incautación que se reportan de manera oficial representarían apenas entre un 10% y un 30% de la cantidad real que se encuentra en el interior de un país.

Con este criterio, por ejemplo, se podría señalar que en lo que va del año se ha capturado 154,8 toneladas, pero en el país en realidad habría, en realidad, entre 361 y 1.394 toneladas de droga, almacenadas, comercializándose o transportándose libremente.

Blanco consideró que el incremento no obedece directamente a la efectividad de los operativos antinarcóticos policiales y militares especializados, que a su criterio se ha mantenido relativamente estable en los años recientes, sino a que existe una mayor cantidad de narcóticos en el país, debido a una justicia débil que libera al poco tiempo a responsables de narcotráfico, y a la falta de controles efectivos, lo que ingrese al país con muchísima facilidad más cantidad de cocaína producida en el sur de Colombia.

“Ante la imposibilidad de las autoridades ecuatorianas de capturar más droga, hasta cierto punto los traficantes ‘se arriesgan’ a perder mayores cantidades de droga”, comentó Blanco. 

Zapata, en cambio, recordó que durante varios gobiernos el Estado no logró estructurar un plan nacional con la Policía e instituciones de justicia, salud y educación para enfrentar las consecuencias del ingreso de grupos narcotraficantes mexicanos, que a partir del 2011 y el 2012 empezaron a comercializar una parte de la droga que ingresaban al país para enviarla al extranjero. A esto, dijo, se agrega el ingreso de carteles albaneses a partir del 2018, los cuales prácticamente no han sido investigados por el Estado.

“Antes de los carteles mexicanos, los carteles colombianos sacaban toda la droga que pasaba por nuestro país. Los carteles mexicanos tienen una cantidad para sacar, pero también otra para consumo local. Y es ahí que estamos viendo las consecuencias de guerras territoriales por la venta y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en Manta, Guayaquil, y otras zonas de la Costa, lo que, a su vez, ha dado como resultado la violencia altísima”, dijo. 

Zapata explicó que el Estado perdió una gran parte de su capacidad para investigar el fenómeno de la droga y de elaborar estrategias de prevención y combate. Esto, debido a la decisión del presidente Moreno, que en mayo del 2018, suprimió la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, para fragmentarla y distribuirla en varias instituciones públicas.

Y esta pérdida de capacidad o de “resiliencia” la confirma el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, que en una investigación publicada el 25 de septiembre anterior señaló: “Si bien las incautaciones de grandes cantidades de droga en puertos sintetizan las labores de perfilamiento e investigación de la Policía, en la práctica se deja de lado los encadenamientos logísticos utilizados por varias organizaciones criminales para el transporte de drogas desde la línea de frontera”.

En este contexto, el incremento de las incautaciones resulta como un síntoma más de los problemas de inseguridad y violencia criminal relacionados con el narcotráfico, que deberá asumir el próximo Gobierno temporal.

Frente a este complejo panorama, el Observatorio recomienda “fortalecer los operativos antinarcóticos en la Zona de Integración Fronteriza, mediante la reorientación de personal, logística y recursos”. Esta medida, agrega el organismo, “supone analizar la planificación de pases policiales, de acuerdo con la experiencia de los funcionarios”.

El Observatorio también recomienda “establecer una estrategia para el control de narcóticos en puertos”. En este sentido señala: “Los puertos son escenarios de alta vulnerabilidad por la contaminación de drogas ilícitas. Ante esto, es imperativo crear una sala técnica especializada para la contaminación de contenedores orientada a incrementar las investigaciones de organizaciones especializadas en esta modalidad en puertos priorizados, así como poner en marcha herramientas tecnológicas como cámaras de última tecnología y escáneres”.

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