Human Rights Watch (HRW) denunció este 21 de octubre que la respuesta del Gobierno ecuatoriano a las protestas iniciadas en septiembre por la eliminación del subsidio al diésel ha incluido violaciones a derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza, la criminalización de la protesta y restricciones a la libertad de reunión y expresión.
El informe detalla que la policía y las Fuerzas Armadas han reprimido manifestaciones pacíficas y que el Gobierno ha desplegado al Ejército en varias provincias, al amparo de decretos de excepción que suspenden derechos constitucionales. “El gobierno ecuatoriano debe respetar los derechos de los manifestantes y dar respuesta a las demandas que periódicamente llevan a los ecuatorianos a las calles”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. Añadió que los actos violentos de algunos participantes no justifican estigmatizar al conjunto de las movilizaciones ni el uso indiscriminado de la fuerza.
Aquí pueden ver la escena ampliada captada por una cámara de vigilancia.
— Karol E. Noroña (@KarolNorona) October 20, 2025
Hay siete policías y tres civiles —uno de ellos es Roberto. No hubo ataque previo, no hubo «ataque o resistencia», no hubo proporcionalidad (porque no se ejerció en respuesta de violencia). pic.twitter.com/VaeTLX2eDc
Según HRW, desde el 18 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otros movimientos sociales convocaron un paro nacional para rechazar el aumento del precio del diésel —que subió más del 50 % tras la eliminación del subsidio— y exigir mejoras en salud, educación y respeto a los territorios indígenas. Las manifestaciones se extendieron en todo el país y derivaron en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
El Gobierno de Daniel Noboa respondió con una política de seguridad centrada en la fuerza. El 16 de septiembre decretó el estado de excepción en siete provincias, alegando una “grave conmoción interna” por cierres de vías. Aunque la Corte Constitucional limitó el alcance a dos provincias, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto el 4 de octubre para incluir otras diez. Desde 2024, Noboa ha recurrido en varias ocasiones a los estados de excepción y a la declaración de “conflicto armado interno”, medida cuestionada por la Corte, que ha advertido que no existen las condiciones para justificar tal categoría.
La Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador reportó hasta el 18 de octubre 377 denuncias de violaciones de derechos humanos, con al menos 296 personas heridas, dos fallecidas y 205 detenidas. HRW verificó videos en los que policías y militares dispersan protestas con gases lacrimógenos lanzados en trayectorias bajas, hacia viviendas o a corta distancia de manifestantes en fuga, prácticas prohibidas por los estándares internacionales. Uno de los casos más graves fue el de Efraín Fueres, muerto el 28 de septiembre en Cotacachi, Imbabura. La organización INREDH informó que murió por una herida de bala en la espalda. HRW revisó videos que muestran a Fueres siendo golpeado por militares mientras estaba tendido en el suelo; la Fiscalía abrió una investigación por uso ilegítimo de la fuerza.
Ecuador🇪🇨 | Las autoridades han hecho uso excesivo de la fuerza frente a las protestas y han restringido la libertad de reunión y asociación.
— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) October 21, 2025
El gobierno debe respetar la protesta pacífica y dialogar para buscar soluciones al descontento social.👇🏽https://t.co/byugJBEUvX
El comunicado también cuestiona las acciones contra la libertad de expresión y de asociación. El 22 de septiembre, la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones suspendió por 15 días el canal comunitario TV MICC, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, basándose en un informe “secreto” que alegaba afectaciones a la seguridad nacional. Otros medios comunitarios denunciaron suspensiones similares. Además, desde el 19 de septiembre, las autoridades congelaron las cuentas de organizaciones indígenas y ambientalistas —incluidas Pachamama y Yasunidos—, amparadas en la nueva Ley de Transparencia Social, que permite sancionar y disolver organizaciones sin orden judicial bajo supuestas infracciones graves.
Para HRW, estas medidas socavan la participación cívica y el derecho a la protesta pacífica, pilares esenciales de una sociedad democrática. “El gobierno ecuatoriano debe garantizar la rendición de cuentas por los abusos y reconocer la importancia de los problemas que los manifestantes están planteando en las calles”, enfatizó Goebertus.
El organismo pidió al Ejecutivo de Noboa investigar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, abstenerse de recurrir al ejército para tareas de control de orden público y levantar las medidas restrictivas que afectan a medios y organizaciones sociales.
