Hemos propuesto en la @AsambleaEcuador PENA PERPETUA y CASTRACIÓN QUÍMICA para delitos de violación en la reforma al Código Orgánico Integral Penal, acogiendo lo planteado por @PolyUgarteG pic.twitter.com/QOfhUvjD6z
— Héctor Yépez (@HectorYepezM) January 29, 2019
La propuesta incumple con lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución, que garantiza el derecho a la integridad personal, lo cual incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Además, se prohíbe el uso de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Por lo anterior, para cumplir con lo propuesto por los legisladores sería necesaria una reforma constitucional.
La reforma impulsada por Creo implicaría un violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita por Ecuador, en la cual se establece el derecho a la integridad personal de todas las personas. Ello implica que las personas acusadas y privadas de la libertad por delitos asociados a la violencia sexual tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, consideró que la propuesta implicaría un retroceso en los Derechos Humanos, por lo cual es inviable. Para el abogado, la delicada situación producida por la violencia de género en el país es aprovechada por distintos políticos para «figurar en tiempos de crisis a través de estas declaraciones». En esta postura coincide el experto constitucionalista Rayael Oyarte, para quien «la cadena perpetua absoluta es inconstitucional, en la medida en que el sistema penitenciario ecuatoriano busca rehabilitar y reinsertar en la sociedad a las personas privadas de libertad».
