La CNT clasificó como reservados por hasta 15 años los detalles del convenio “cero dólares” con HealthBird para gestionar citas médicas del IESS quedó bajo confidencialidad. Expertos consultados por Ecuador Chequeos cuestionan la opacidad.
Como suele decirse en el mundo digital, cuando un servicio es gratuito, el verdadero precio eres tú. En la práctica, esto significa que muchas plataformas tecnológicas monetizan los datos personales de millones de usuarios, a menudo en medio de controversias legales y denuncias por el uso excesivo, o incluso la explotación, de información personal y sensible.
Esa advertencia cobró relevancia en días recientes, luego de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, informara que el acuerdo comercial con la empresa estadounidense HealthBirth, destinado a implementar un sistema de atención médica y agendamiento de citas para millones de afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, no tuvo ningún costo económico para la entidad.
Un acuerdo “gratuito”, pero invisible
El 8 de diciembre de 2025, CNT informó que el convenio con HealthBird había sido un “acuerdo comercial cero dólares”, que no implicó pagos directos de la empresa pública a la compañía estadounidense.
Lo que sí implicó, en cambio, fue el desarrollo de una plataforma tecnológica para gestión de citas médicas, vinculada posteriormente al anuncio gubernamental del plan CNT Salud.
Sin embargo, el contenido del acuerdo no aparece en el Portal de Compras Públicas ni en los procesos ordinarios del Sercop. Se trata de un instrumento suscrito al margen de los procesos ordinarios del SERCOP, en el marco del contrato interinstitucional entre el IESS y CNT para un sistema de gestión de salud por 37,7 millones de dólare
Bajo secreto
La gratuidad del convenio despertó inquietudes sobre el modelo de financiamiento del servicio y sobre el eventual tratamiento de los datos de los pacientes, un tema especialmente delicado al involucrar información médica, considerada de alta sensibilidad.
Las dudas no solo persisten, sino que difícilmente podrán resolverse debido a la clasificación de confidencialidad y reserva que la propia CNT aplicó al acuerdo. Esta situación se conoció recién ayer, un día después de que la compañía confirmara su retiro del país, al no concretarse un contrato por 37 millones de dólares contemplado dentro del antes mencionado“costo cero para el Estado”.
«La información solicitada está amparada por la normativa que confiere a la CNT EP la facultad de proteger su competitividad y sus secretos comerciales. Los instrumentos contractuales solicitados contienen cláusulas de confidencialidad y reserva que resguardan el know-how, la propiedad intelectual y la información técnica y estratégica», respondió la entidad a un pedido de información al respecto realizada por el portal Primicias.
En dicha respuesta, la entidad cita a una Resolución No. CNTEP-GGE-2025-0036-R del 02 de septiembre de 2025, suscrita por el gerente general subrogante, Ronald Spina, mediante el cual la entidad amplió hasta un máximo de 15 años la clasificación como información confidencial y reservada de un amplio conjunto de documentos estratégicos internos. El dcomento consta como “información reservada” en el registro mensual de septiembre del portal de transparencia de la entidad.
En esta resolución se clasifica como reservada información procedente de las áreas Jurídica, Comercial, Tecnologías de la Información, Finanzas, Auditoría Interna, Tecnología, Administración de Riesgos, Personas y Equipos, Desarrollo del Negocio, Negocios y Dirección. Los listados fueron enviados entre el 22 y el 27 de agosto de 2025 en respuesta a un requerimiento previo de la Secretaría General para actualizar la matriz institucional de información sensible, señala el documento.
En la resolución, sin embargo, no se detalla el contenido de esos listados índice ni especifica qué contratos, bases de datos o documentos concretos quedan cubiertos
El documento también ratifica la vigencia del listado de información reservada aprobado en 2022 y, a su vez, el que se aprobó en 2020, ambos con clasificaciones de cinco años, pero esta vez con una vigencia máxima potencial de hasta 15 años.
De manera paradójica, en los considerandos de la resolución, también se reproduce el artículo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que ordena a los actores del sistema garantizar simultáneamente publicidad, transparencia y confidencialidad de la información que se gestiona en el Portal de Contratación Pública.
EL ANÁLISIS
Consultados por Ecuador Chequea, dos expertos cuestionaron la decisión de CNT de mantener en reserva el acuerdo, incluso después de que la compañía se retirara del país, y advirtieron riesgos y consecuencias para la transparencia que en teoría debe garantizar el Estado.
Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, la decisión de blindar el convenio bajo un régimen de confidencialidad es incompatible con los principios básicos de la administración pública que deben observar las autoridades de CNT y del IESS..
“Los acuerdos y contratos del Estado con cualquier entidad deben ser públicos. Por lo tanto, declarar la confidencialidad deja no solamente sospechas sino que casi deja certezas de que las cosas han sido manejadas de manera inadecuada, irregular, afectando los intereses y los recursos de los ecuatorianos”, afirmó.
Rodas enfatizó que la clasificación de reserva no solo es “lamentable”, sino que exige acciones inmediatas. “Esta decisión de CNT no solo es lamentable sino que debe ser investigada y, en segundo lugar, deben esclarecer cuáles son los convenios de una empresa que además ya no está en el país, precisamente por su falta de transparencia”, añadió.
El dirigente anticorrupción también cuestionó que una compañía que abandona Ecuador por no concretarse un contrato millonario mantenga, a la vez, convenios ocultos, suscritos al margen de los procedimientos ordinarios del Sercop.
El comunicador y especialista en contratación estatal, Rodrigo Cajas Carrión, coincide en que la decisión de CNT compromete la transparencia y los mecanismos de control. “Tampoco son adecuados los tiempos tan largos en un tema tan sensible como es el del sistema de gestión de citas médicas”, señaló.
Cajas advierte que extender la reserva hasta por 15 años, como permite la Resolución CNTEP-GGE-2025-0036-R firmada por el gerente subrogante Ronald Spina, tiene consecuencias graves para la fiscalización pública.
“Este tiempo tan largo no solo impide a la gente conocer los términos del acuerdo, sino también impide al Estado reclamar, realizar una auditoría o intervenir para reclamar al contratista de manera oportuna si hay alguna falencia o desfase”, explicó.
El especialista agrega que, en un sector donde se manejan datos médicos altamente sensibles, la ausencia de escrutinio resulta especialmente problemática. “Por eso es necesario que se revea esta situación y que en verdad se aplique una nueva política de transparencia”, concluyó.
