El informe de la Contraloría sobre el patrimonio de dos jueces constitucionales se da en momentos en que en la Corte Constitucional hay al menos 40 demandas de inconstitucionalidad a leyes o acuerdos promovidos por el Gobierno.
Diversos sectores han levantado su voz de alerta ante lo que podría ser una nueva arremetida del oficialismo en contra de los jueces de la Corte Constitucional. La alerta de generó luego de que un medio de comunicación informó que la Contraloría habría encontrado inconsistencias patrimoniales en las declaraciones juramentadas de Aló Lozada y José Luis Terán, jueces del organismo constitucional. A ese mismo medio de comunicación, el contralor Mauricio Torres le confirmó que son informes con indicios de responsabilidad penal.
A través de su cuenta “X” Lozada indicó que se debería exigir a Torres que explique cómo la Contraloría filtró un informe del cual no le han notificado y que le señalan por montos y razones ridículas.
La acción de la Contraloría y la difusión de su informe filtrado se da en circunstancias en que la Corte Constitucional ha tendido que enfrentar una sistemática campaña de desprestigio por parte del oficialismo (Gobierno – asambleístas-militantes y afines), por los fallos en contra que ha emitido el organismo.
Coincide también con el hecho de que los jueces constitucionales deberán resolver más de 40 recursos de inconstitucionalidad que organizaciones sociales, políticas y gremiales han interpuesto contra leyes o acuerdos promovidas desde el Gobierno, como las reformas al COOTAD y a la Ley minera.
La Corte asumió una posición institucional y a través de un comunicado indicó que el organismo advierte con preocupación un entorno de presiones institucionales sostenidas desde el año 2025, que podría afectar la autonomía judicial, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y vigilante en defensa del orden constitucional.
Por su parte el Foro por la Democracia, que aglutina a varios abogados, denunció un grave deterioro institucional en el país y asegura que lo que se está viviendo no es un hecho aislado, sino una estrategia sistemática para debilitar la democracia y concentrar el poder.
“El país presencia un nuevo ataque a la Corte Constitucional, una de las pocas instituciones que ha actuado con independencia”, consta en un comunicado.
Las voces especializadas
El constitucionalista Gabriel Hidalgo considera que solo el tiempo dirá si atrás de las acciones de la Contraloría hay un trasfondo político. Agregó que lo único que se sabe al momento es que hay acciones administrativas de la Contraloría para verificar la idoneidad de las declaraciones patrimoniales de los jueces. “Salvo eso, no hay nada más, con lo cual la Contraloría está ejerciendo sus atribuciones en el marco de sus atribuciones legales”, dijo el constitucionalista.
Hidalgo asegura que la Corte Constitucional tiene como finalidad garantizar los derechos y a través de esta acción contener, limitar el ejercicio del poder del Gobierno. Sin embargo, reconoce que las atribuciones de la Corte han sufrido una suerte de asedio en esa relación con el Gobierno. “Esperemos que sea una coincidencia (el informe de la Contraloría) y que no responda a fines políticos, porque efectivamente hay un contexto desfavorable para la administración de la justicia constitucional en una relación que es opaca con el Ejecutivo”, manifestó.
Leonardo Tipán, abogado especialista en materia penal, asegura que esta Corte ha “blindado” a la Constitución en el sentido de que no ha permitido que la norma suprema sea manipulada por ciertos intereses particulares y políticos del gobernante de turno. Agrega que la fortaleza del actual organismo es el haber actuado con independencia e imparcialidad, aún en las situaciones más críticas y complejas y de los ataques que ha sufrido tratando de manchar la dignidad de los jueces. “Vemos una Corte totalmente descontaminada de intereses políticos. Son jueces de trayectoria que conocen del Derecho Constitucional, del procedimiento”, expresó el especialista.
Los sectores sociales como el Frente Popular, el FUT, algunos sectores de la UNE tienen un criterio parecido y consideran que en la Corte es el último resquicio de institucionalidad e independencia que queda en un país donde la mayor parte de instituciones está cooptada por el oficialismo.
