El programa Plan de Recompensas en casos de terrorismo y delitos contra la seguridad pública, financiado por Estados Unidos, se presentó oficialmente. Para la entrega del dinero, el país y el Comando Sur verificarán la información entregada. 

Una declaración política del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre el resultado de las elecciones en segunda vuelta, en las que Daniel Noboa ganó la Presidencia de la República, marcó hoy el acto oficial de lanzamiento de la central telefónica gratuita 131, destinada a recompensar información sobre terroristas y delincuentes.

«El voto pacífico de toda la población nacional, el domingo, fue una señal clara y contundente, fue un firme ‘Sí’ a favor de la democracia y un fuerte ‘No’ a los ‘narcos’, a los terroristas, a los narcoterroristas y a sus testaferros, que lavan su plata, tuercen los procesos legales o corrompen a funcionarios públicos”, declaró el diplomático estadounidense.

Lo dijo después de recordar que esta iniciativa de recompensas es financiada por el Gobierno de Estados Unidos y que Ecuador se convierte en el cuarto país de la región en implementar dicha iniciativa, tras Colombia, Perú y Panamá.

La habilitación de esta central se anunció en una ceremonia formal, en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), en Quito. Durante el evento, se pronunciaron discursos formales por parte del presidente, Guillermo Lasso; el comandante encargado de la Policía, Fausto Buenaño; el ministro del Interior, Juan Zapata; y el embajador Fitzpatrick.

Todos ellos expresaron su optimismo acerca de cómo este sistema de recompensas ayudará a capturar a los criminales y a recopilar pruebas para que la justicia pueda imponer las sanciones correspondientes. 

Para ello, explicaron los detalles de su funcionamiento en tres sencillos pasos: primero, realizar una llamada a la central telefónica gratuita 131, habilitada en todas las operadoras de telefonía fija y móvil; segundo, proporcionar información de forma anónima sobre la ubicación y otros datos de miembros de bandas delictivas; y tercero, agentes policiales, militares y de otras entidades de seguridad, capacitados específicamente para recibir información, la canalizarán o dirigirán a unidades investigativas.

“Son montos muy importantes”, dijo Zapata, tras explicar que, una vez comprobada la veracidad de la información proporcionada, se reporta al Comando Sur de Estados Unidos, para que autorice el pago de la recompensa ofrecida.

“Esto tiene que ser abierto a lo que es crimen organizado, lo que es terrorismo, lo que es narcotráfico. Entonces, es un muy buen canal, sobre todo por su línea única (131), con la absoluta reserva y anonimato”, indicó Zapata.

“Los profesionales que van a estar ahí, de Policía, Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Embajada, ya saben perfilamiento y cómo valorar la información. Pueden haber objetivos específicos, todo lo que es crimen organizado”, declaró el funcionario.

En este mismo sentido, el embajador Fitzpatrick anunció que el programa no sólo se centrará en delitos transnacionales, sino que también apuntará a los criminales que operan en los barrios y ciudades del país. En su discurso, rememoró un evento anterior, en el 2018, cuando se ofreció una recompensa conjunta de 100.000 dólares, entre Ecuador y Colombia, para capturar a alias ‘Guacho’, líder de un grupo armado activo en la frontera entre ambos países.

El presidente Lasso, por su parte, en su discurso agradeció al gobierno de Estados Unidos por su colaboración para implementar en Ecuador este sistema y defendió, una vez más, el trabajo antinarcóticos, que permitió incautar durante su gobierno más de 500 toneladas de drogas.

“Porque ahora vemos a ‘narcos’ en Ecuador alzados en armas contra el pueblo civil y cada vez más contra el mismo Estado, en formas que lamentablemente eran demasiado familiares en Colombia y Perú en décadas pasadas”, dijo el embajador estadounidense en su discurso ante las autoridades y más de un centenar de cadetes y oficiales sentados en la tribuna del GIR.

Caso Villavicencio

Fitzpatrick explicó que, con este pla,n no se retira el ofrecimiento de recompensa de 6 millones de dólares por información de los autores intelectuales y del grupo criminal detrás del homicidio, el 9 de agosto anterior, del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio: es la “contraparte ecuatoriana” del plan de recompensa regional que inició Estados Unidos en el 2013, aclaró.

«El anuncio es la ampliación de esta colaboración. El programa no reemplaza nuestra oferta, no importa cuánta información ya hayan recibido. Ningún detalle es demasiado pequeño para que las conclusiones de la causa penal sean aún más claras», dijo Fitzpatrick.

Demora

Daniel Pontón, investigador de violencia y criminalidad y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de (IAEN), lamentó la demora del Estado en implementar este tipo de iniciativas, después de años de una arremetida sin precedentes del crimen organizado. Sostuvo que, en la práctica, estos mecanismos de recibir información y «validarla» para perseguir a criminales sí han dado resultados en otros países, e incluso en Ecuador, tal como sucedió en el 2011, cuando se estrenó el programa de los ‘10 más buscados’.

Para que no se pierda esta eficacia, sin embargo, comentó Pontón, se requiere evaluar y mejorar «las capacidades institucionales del Estado». Lo dijo luego de recordar que, en contraste con los resultados positivos del programa de los 10 más buscados, se produjo un hecho contraproducente para la seguridad del país, como fue el poner en las mismas cárceles a los cabecillas de organizaciones criminales capturados. Desde allí, hoy siguen operando a tal grado de convertir a las cárceles en verdaderos centros de operaciones del crimen, en especial de extorsiones.

Pontón también calificó como indispensable que las autoridades informen la metodología que aplicarán para tratar la información para evitar que “se comercialice y se tercerice a un país extranjero” una parte del trabajo que en realidad le corresponde a la Policía Nacional.

“La pregunta aquí es por qué esperamos que haya cooperación (internacional) para realizar una campaña de esta naturaleza, cuando la situación ameritaba realizarlo hace mucho tiempo, en un Gobierno que tiene apenas dos meses de vida”, comentó.

“Al promover la captura de esta gente, mediante información, hace falta un trabajo más concentrado de la justicia, no sólo de sus capacidades para que no se caigan los casos y queden en libertad (narcotraficantes), sino, sobre todo, de protección a los jueces”, comentó el especialista.

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