Aseguran que la Ley de Integridad Pública (que acumula ya 16 demandas de inconstitucionalidad) modificó leyes de manera inconsulta.
POR: Hugo Constante
“Esta es una Ley necesaria, justa y es una Ley inédita que reforma cerca de 20 cuerpos normativos con un único enfoque: proteger la vida de los ecuatorianos, su dignidad humana”, manifestó el 24 de junio ante el Pleno de la Asamblea, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la oficialista Valentina Centeno, al exponer los beneficios de la Ley de Integridad Pública, trabajada en su Comisión.
Sin embargo, de las tres leyes que el presidente, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea con el carácter de económico urgente, más la Ley de Inteligencia, la de Integridad Pública es la que acumula más demandas de inconstitucionalidad: ya suman 16.
Independientemente de los cuestionamientos jurídicos al contenido, a cómo les afectaría a los demandantes; o si son demandas por la forma, por el fondo, a la totalidad de la Ley o solo a cierto articulado, quienes impulsan las demandas han manifestado un elemento en común: que ni el presidente de la República, ni la Comisión, ni el Pleno de la Asamblea les convocó cuando se estaba tratando esta Ley, a pesar de ser representantes de gremios directamente afectados por la normativa y que tienen representación nacional.
El sector de la salud
Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, gremio que presentó la demanda junto a profesionales de la salud del sector público, aseguró que se trata de una Ley inconsulta que fue aprobada rápidamente por la Asamblea y de inmediata vigencia, al haber sido publicada en el Registro Oficial tal como se remitió al Ejecutivo. “De todos los profesionales de la salud, de todos los que tenemos que ver con esta Ley, a ninguno nos han llamado a conversar, a pedir nuestros aportes y criterios”, manifestó Carrasco.
El médico aclaró que no están en contra de una normativa que combata la delincuencia, pero pide al Ejecutivo y al Legislativo que se abran al diálogo para construir leyes que en realidad necesita el país. “Señor presidente, queremos conversar con usted; señores asambleístas, queremos conversar con ustedes, A todos, queremos conversar, que nos llamen al diálogo”, indicó Carrasco.
Marianita Narváez, representante de los gremios de enfermeros, cuestiona a la Asamblea por haber mezclado en un proyecto de Ley destinado a evitar la corrupción en la contracción pública, una normativa que igual reforma leyes sobre menores de edad, sobre servicio público, sobre tránsito, sobre la Contraloría, entre mucha otras. “Señor Noboa, estamos dispuestos al diálogo, esto no tiene bandera política”, dijo la dirigente.
Otros afectados
Esta falta de diálogo para construir la normativa también es denunciada por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMJ), que presentó una demanda de inconstitucionalidad por la forma y por el fondo. Además, piden a la Corte Constitucional que dicte medidas cautelares para que se suspenda la aplicación de la normativa hasta que se resuelvan las demandas.
Luis Ávila, abogado de la Asociación, indicó que las reformas que se incorporaron al Código de la Función Judicial no fueron socializadas con los actores del sistema a pesar de que es un articulado que afectaría la carrera y la independencia judicial.
Agregó que son disposiciones que violentan derechos e inconstitucionales, que debieron ser consultadas con los afectados. “La Asociación siempre ha estado abierta al diálogo con varios sectores. Sin embargo, no hemos sido invitados a la discusión de estos proyectos”, manifestó el jurista.
El asambleísta del oficialismo Andrés Castillo dijo que todos los ciudadanos tienen derecho a dar su punto de vista y que el proceso de formación de la Ley concluye con su publicación en el Registro Oficial, sin perjuicio de que la población “tenga derecho al pataleo”. “Ese pataleo implica que se pueden presentar las acciones constitucionales a la Corte Constitucional”, dijo Castillo. Añadió que en el momento que la Corte les convoque presentarán sus argumentos de cómo se trabajó en la normativa hasta que se convierta en Ley.
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