Gobierno ratifica tasa minera sin definir si habrá mesas técnicas

A pocos días de la implementación de la nueva tasa por supervisión y control minero, empresas del sector manifiestan preocupación por el impacto en proyectos de exploración. El cobro comenzará el lunes. 

POR: Juan Camilo Escobar 

El Gobierno de Daniel Noboa ratifica su decisión de aplicar la tasa de fiscalización y control minero, cuyo cobro comenzará el lunes, y admite que aún no se ha definido si se conformará una mesa técnica para analizar el mecanismo con los distintos actores del sector.

En una reunión con representantes de gremios de ingenieros, autoridades de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) informaron que la entidad continuará con el proceso de implementación previsto.

Consultado sobre la posibilidad de revisar o modificar la tasa, el director ejecutivo de Arcom, Patricio Bonilla, indicó que la inquietud será trasladada a las instancias correspondientes del Ejecutivo, en particular a la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.

Durante el encuentro, los representantes de los gremios profesionales reiteraron su pedido de conformar mesas técnicas para evaluar posibles ajustes a la tasa y su impacto en las distintas escalas de la actividad minera.

Así, a pocos días de que entre en vigor el cobro formal de la nueva tasa por concepto de supervisión y control minero, representantes de empresas mineras en Ecuador manifestaron su inquietud ante el posible impacto negativo que esta medida podría tener en el desarrollo de proyectos de exploración, especialmente en sus fases iniciales.

Según la normativa que crea esta tasa, publicada el 20 de junio en el Registro Oficial, los cortes de pago se efectuarán el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, con fechas límite de recaudación el 31 de julio y el 31 de enero del año siguiente, respectivamente. La regulación establece un esquema de pago semestral para la mediana y gran minería, así como para las licencias de comercialización, y un pago anual para la pequeña minería.

Representantes del sector advirtieron que estos plazos y montos podrían dificultar la planificación financiera y la continuidad de proyectos exploratorios, que suelen requerir flexibilidad en sus etapas iniciales debido a la incertidumbre y los altos costos asociados.

Además, recordaron que, con la entrada en vigor de la tasa tras su publicación el 20 de junio, se dejó sin efecto un pronunciamiento previo del Gobierno, que el 16 de junio afirmó que los alcances de la medida aún estaban en discusión con la Cámara de Minería y otros actores del sector.

La presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, expresó su preocupación por los efectos que esta medida podría tener sobre la viabilidad de los proyectos de exploración, especialmente en sus fases más tempranas.

“Esta tasa, tal como está concebida, no sólo es desproporcionada para quienes aún no generan ingresos, sino que también atenta contra el desarrollo de una minería responsable en el país”, declaró Silva. La líder gremial advirtió que los nuevos montos y plazos establecidos para el cobro afectan directamente a las empresas que asumen los mayores riesgos sin garantía de retorno económico.

Justificación oficial

La Arcom ha sostenido que la tasa no constituye un impuesto, sino una contraprestación por los servicios públicos de supervisión minera. Según el Ministerio de Energía y Minas, la medida fue socializada entre el 19 y el 27 de mayo, y busca fortalecer la capacidad operativa de la agencia reguladora.

Los recursos recaudados, señala la entidad, se destinarán exclusivamente al control técnico, legal y ambiental en más de 1,6 millones de hectáreas concesionadas. Entre los gastos previstos constan la contratación de 600 técnicos, adquisición de drones, software de monitoreo satelital, vehículos 4×4, sistemas de inteligencia minera y un laboratorio acreditado para análisis de muestras.

Sin embargo, Silva cuestionó no sólo el esquema de cobro, sino también el proceso de socialización de la medida: “colgar una resolución incompleta en una página web no es un proceso técnico ni transparente”.

También alertó además sobre las consecuencias indirectas de la medida: “Si dejamos de concesionar y de atraer inversión formal, esos territorios serán ocupados por la minería ilegal, el problema que precisamente se quiere combatir con esta tasa. El efecto podría ser el contrario al deseado”.

La Cámara de Minería ha solicitado de forma reiterada la suspensión temporal de la tasa y la instalación de mesas técnicas que permitan analizar los impactos diferenciados según la etapa y escala de cada proyecto. “Explorar no es explotar. La fase exploratoria puede tomar más de una década, y muchas veces no se encuentra nada. Imponer cargas fiscales en ese momento es inviable y termina por ahuyentar la inversión”, agregó Silva.

“Estamos matando la exploración minera en Ecuador. Estamos matando la gallina de los huevos de oro”, concluyó Silva.

Daniel Philco, vocero para el tema minero del Colegio de Ingenieros Geólogos del Ecuador y miembro de su directorio, calificó la medida como “absurda e improvisada”, apuntando su crítica especialmente hacia las autoridades designadas en el Viceministerio de Minas y Arcom, quienes —según él— carecen de formación técnica en minería.

El ingeniero geólogo destacó que la tasa actual impone cargas desproporcionadas en etapas de exploración, frenando el ingreso de inversión extranjera. Señaló que de cada cien proyectos exploratorios solo uno termina consolidándose, y que es precisamente en ese proceso donde se emplean profesionales ecuatorianos: geólogos, ingenieros de minas, metalurgistas, químicos, entre otros.

“La medida ya está publicada en el Registro Oficial. Creemos que debe ser anulada por vía constitucional y replanteada con criterios razonables, aplicables únicamente en fases de explotación y no en etapas tempranas”, explicó Philco es la solución jurídica. 

Philco concluyó con un llamado de alerta: “si se aplican estas tasas exageradas a exploración minera, el efecto será desastroso. Perderemos inversiones, empleo y oportunidades de crecimiento. Esta tasa amenaza con cerrar la puerta a la minería formal y reforzar el auge de la minería ilegal”.

¿En qué consiste esta tasa?

La disposición consta en la resolución de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcom) adoptada el 31 de mayo y publicada en el Registro Oficial 64 del 20 de junio. 

Los valores a pagar por esta tasa se calcularán multiplicando un porcentaje del salario básico (SBU) por hectárea, que varía según la fase del proyecto: exploración inicial, exploración avanzada, evaluación económica o explotación. Por ejemplo, en la gran minería en fase de explotación, la tasa equivale al 100% del salario básico unificado (SBU) por hectárea; en contraste, en la pequeña minería en exploración inicial, la tasa es del 10% del SBU por hectárea. 

Para la pequeña minería, la tasa será anual; mientras que para la mediana y gran minería, así como para las licencias de comercialización, el pago será semestral. En el caso de licencias, se fija una tarifa única del 10% del SBU sin considerar hectareaje: 

Para las licencias de comercialización se cobra una tarifa fija del 10% SBU, sin importar el tamaño del área. Y para la minería no metálica los siguientes porcentajes:

El incumplimiento del pago dará paso a procesos coactivos, conforme a la normativa vigente. La resolución también encarga a Arcom la implementación operativa de la medida y la emisión de disposiciones administrativas complementarias.

En cualquier caso, el Gobierno proyecta una recaudación anual de 229 millones de dólares con esta tasa, destinada a financiar actividades de fiscalización y vigilancia frente a la minería ilegal. “Para impedir que nuestro territorio sea tomado por las mafias”, señaló la portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, el 2 de junio, al presentar oficialmente la propuesta.

Sin embargo, el costo económico de la medida puede superar su beneficio fiscal. Según análisis semanal #25, un boletín económico especializado publicado el 13 de junio por Walter Spurrier Baquerizo y Alberto Acosta Burneo, el nuevo cargo “encarece aún más la exploración en Ecuador, cuyo costo por hectárea —11,5 dólares— ya era el más alto de América Latina”. En comparación, Colombia cobra 6,5 dólares, Chile 4,5 y Perú 3,0 por hectárea.

El informe advierte que, en exploración minera, los retornos de inversión son altamente inciertos, y cualquier sobrecosto afecta directamente la viabilidad financiera de nuevos proyectos. De hecho, la inversión exploratoria en Ecuador fue de apenas 67 millones de dólares en 2024, frente a 637 millones en Chile y 568 millones en Perú.

El caso de Aurania Resources —firma canadiense con operaciones en Morona Santiago— ilustra el riesgo. La empresa advirtió que un cobro acumulado de 24 millones por fiscalización podría obligarla a abandonar su proyecto ‘Lost Cities – Cutucu’. 

Ingresos, riesgos y criminalidad 

Según datos del Banco Central, en 2024 el país exportó minerales por 3.075 millones de dólares, cifra que lo ubica como el quinto producto de exportación, detrás del petróleo, camarón, banano y cacao.

De acuerdo con datos de la Cámara de Minería, Ecuador recibió apenas USD 67 millones en inversión para exploración minera en 2024, una cifra considerablemente menor frente a países vecinos como Chile (USD 640 millones) y Perú (USD 580 millones).

Estimaciones del gremio indican que solo ocho proyectos en fase avanzada podrían atraer hasta USD 14.000 millones en inversión durante la próxima década, si el país ofrece condiciones estables y competitivas.

No obstante, entre el 50 % y el 60 % del oro exportado provendría de fuentes ilegales, según estimaciones de la presidenta del directorio de la Cámara de Minería, Carolina Orozco.

Sobre este tema, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) advirtió el 20 de mayo que redes del crimen organizado han ampliado su presencia en la minería ilegal de América Latina, con Ecuador como uno de los países más afectados.

La creciente demanda global de minerales críticos y oro —impulsada por la transición energética— ha generado un aumento de la criminalidad, la corrupción y la violencia en los territorios con actividad extractiva, señaló el organismo.

En el caso ecuatoriano, la Unodc reporta evidencia de que grupos delictivos controlan zonas de extracción de oro y extorsionan a mineros, actividades que se suman al narcotráfico y al contrabando de armas. Estas operaciones, indica el informe, han contribuido al incremento de la violencia y la inestabilidad en regiones clave del país.

El informe del organismo internacional señala que el auge de la minería ilegal está directamente relacionado con la creciente demanda global de minerales estratégicos, utilizados en tecnologías verdes como baterías, turbinas eólicas y vehículos eléctricos.

Así, la Unodc cita proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), de que la demanda de cobre, litio, cobalto, níquel y tierras raras se duplicará para 2030 y podría triplicarse hacia 2050.

“Cuando la demanda supera la capacidad de producción legal, se genera un entorno favorable para que actores criminales se infiltren, exploten y distorsionen las cadenas de suministro, e incluso lleguen a controlar sitios de extracción”, alerta el documento.

En este sentido, Ángela Me, jefa de investigación y análisis de la Unodc, recalcó que se requieren mecanismos urgentes para prevenir la expansión del delito en este sector.

“La debida diligencia, la trazabilidad de los minerales críticos y una legislación más armonizada son fundamentales. También se necesita una respuesta más fuerte por parte de las fuerzas del orden”, afirmó.

El estudio destaca cómo organizaciones criminales han establecido complejas redes transnacionales, utilizando empresas fachada para el lavado de activos y la evasión regulatoria.

A diferencia del narcotráfico, explica el informe, la minería ilegal permite a estos grupos operar dentro de circuitos legales, mezclando minerales de origen ilícito con exportaciones legítimas.

En Sudamérica, el fenómeno es particularmente preocupante. Entre 2014 y 2023, cuatro países de la región exportaron más de 3.080 toneladas de oro de origen desconocido. En Colombia, el 44 % de las zonas con explotación aluvial también registraban cultivos de coca en 2022, agrega el documento.

En Ecuador, además del control territorial, se ha documentado el uso de la minería como mecanismo para financiar otras actividades ilegales. La Unodc sostiene que estas estructuras criminales afectan tanto a comunidades locales como a instituciones estatales, debilitando el control fiscal, ambiental y laboral.

Costos sociales y ambientales

El informe también subraya los impactos sociales y ambientales de la minería ilegal.

Denuncia que estas operaciones suelen estar vinculadas al trabajo forzoso, la trata de personas, el abuso sexual y otras violaciones de derechos humanos.

Mujeres y niños son especialmente vulnerables, al ser utilizados como mano de obra barata o víctimas de explotación sexual.

En términos ecológicos, la Unodc advierte sobre el uso extendido de mercurio y otras sustancias químicas peligrosas, la deforestación masiva para abrir caminos hacia los yacimientos y el vertido ilegal de residuos, con consecuencias directas para la salud pública y la biodiversidad.

“La negligencia en la cadena de suministro minera alimenta no sólo economías ilícitas, sino también una grave degradación ambiental”, concluye el informe.

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