La organización de la Feria Internacional del Libro de Quito 2026 se convirtió en un nuevo punto de tensión entre el Gobierno nacional y el Municipio de Quito. Mientras la Alcaldía anunció la cancelación del evento, el Ejecutivo confirmó que la feria sí se realizará bajo su organización.
El 25 de marzo, el Municipio de Quito informó la suspensión de la feria, prevista para junio, argumentando que la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) limita el uso de recursos para eventos culturales de gran escala. Según el Cabildo, la normativa obliga a priorizar la inversión en obra pública, lo que vuelve inviable destinar fondos a este tipo de actividades, pese a que el evento contaba con un presupuesto aprobado de más de USD 400.000.
La administración municipal sostuvo que la decisión responde al cumplimiento de la ley y no a falta de gestión o voluntad política, y advirtió que la cancelación afecta a todo el ecosistema editorial y cultural de la ciudad.
Sin embargo, un día después, el Gobierno del presidente Daniel Noboa anunció que la Feria Internacional del Libro de Quito sí se llevará a cabo. A través de un comunicado, el Ejecutivo indicó que el evento será organizado desde el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, en coordinación con la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional.
El pronunciamiento no detalló fechas ni sede, pero confirmó la intención de mantener la feria como un espacio cultural activo en la capital, tras la decisión municipal.
La feria en medio de la política
La cancelación y posterior anuncio del Gobierno se producen en el contexto de la reforma al Cootad, impulsada por el Ejecutivo, que establece que los gobiernos locales deben destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión, restringiendo gastos en actividades consideradas no prioritarias.
Este cambio legal ha generado interpretaciones distintas entre el Gobierno y el Municipio, trasladando el debate al ámbito cultural. Mientras la Alcaldía sostiene que la normativa impide financiar la feria, desde el Ejecutivo se plantea que el evento puede sostenerse mediante otras vías institucionales.
