A vísperas de una nueva temporada de estiaje, que usualmente se presenta entre septiembre y noviembre, dos expertos califican como insuficiente el nuevo anuncio que hizo hoy el Gobierno, en el que reiteró su ofrecimiento de evitar apagones.
POR: Juan Camilo Escobar
El Gobierno reiteró que no habrá racionamientos de electricidad durante la temporada seca en las cuencas donde operan las principales centrales hidroeléctricas, pese a la preocupación por una posible disminución en la producción de energía durante ese periodo, que suele extenderse de septiembre a noviembre.
La vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, afirmó que el suministro eléctrico está garantizado y relacionó ese compromiso con un anuncio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que respaldará 12 proyectos de energía renovable mediante una garantía financiera de 77 millones de dólares. El mecanismo busca cubrir eventuales impagos por parte de empresas privadas inversionistas y mitigar riesgos en los pagos por generación eléctrica.
“Aquí ustedes podrán ver cuáles son estos 12 proyectos de enorme importancia para el país”, dijo Jaramillo en una rueda de prensa. “La semana pasada les comentaba que para el Gobierno Nacional es trascendental ser enfáticos al comunicar a los ecuatorianos que no tendremos ningún tipo de corte de energía eléctrica”.
Agregó que, aunque el BID respaldará los 12 proyectos de energías no convencionales, en su presentación mostró sólo 10 de las iniciativas, las cuales representarían una producción adicional de 810 megavatios, 10 megavatios menos de lo previsto en el anuncio oficial del BID la semana pasada.
Sin embargo, dos especialistas en generación eléctrica e infraestructura energética consultados por Ecuador Chequea, Fernando Salinas y Jorge Luis Hidalgo, advirtieron que el mensaje del Ejecutivo no elimina los riesgos reales de racionamientos en la temporada seca. Según señalaron, los contratos de emergencia adjudicados en 2023 para enfrentar la crisis eléctrica aún no se ejecutan en su totalidad, lo que la capacidad del sistema para responder a las alertas emitidas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a principios de año sobre la necesidad de aumentar la generación para evitar racionamientos.
El Operador Nacional de Energía (Cenace) ya había alertado a inicios de año sobre la necesidad urgente de ampliar la capacidad de generación eléctrica, particularmente durante el estiaje y las paradas programadas de mantenimiento de las grandes centrales.
En su plan de operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI) enero 2025-diciembre 2026, el organismo también advirtió que una parte de la solución no depende exclusivamente del Gobierno. En ese sentido, el documento recomienda “gestionar los recursos económicos para las importaciones de electricidad a su máximo valor (450 MW), en particular durante los períodos de estiaje y las paradas por mantenimiento de los grandes bloques de generación”, una medida que depende directamente de la disponibilidad de excedentes de electricidad en Colombia, país proveedor del servicio en momentos críticos.
Entonces, ¿qué proyectos se incluyen en el aval anunciado por el BID?
Esta mañana, Jaramillo dijo que los proyectos eólicos y fotovoltaicos podrían construirse en un plazo mínimo de entre año y medio; y dos años, mientras que los hidroeléctricos requieren más tiempo. Añadió que la meta del Gobierno de Daniel Noboa es que los 12 proyectos estén en funcionamiento antes del fin de su mandato, previsto para 2029.
Los expertos consultados explicaron que los proyectos respaldados por el BID —tanto eólicos como solares— fueron estructurados en gobiernos anteriores, durante las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, pero aún no inician su fase de construcción.
Según los expertos, incluso en el escenario más optimista, estas centrales requerirán entre 18 y 24 meses para entrar en operación comercial, por lo que no estarán disponibles para reforzar el suministro durante la próxima temporada seca, que históricamente inicia en septiembre y se extiende hasta noviembre. Durante ese periodo, los caudales en las cuencas hidrográficas —en especial las del Austro— disminuyen significativamente, afectando la producción de las principales hidroeléctricas del país.
En este contexto, los expertos advirtieron que, desde un punto de vista técnico, no es posible asegurar con certeza que no habrá apagones durante la próxima temporada seca. Señalaron que la continuidad del suministro dependerá en gran medida de la concreción de contratos para la compra o arrendamiento de generación térmica adicional, así como de las importaciones de electricidad desde Colombia, especialmente durante los meses de estiaje y las paradas programadas de las grandes centrales.
Agregaron que también será clave que el estiaje de este año no sea tan severo como el de 2024, cuando la reducción de caudales afectó gravemente la producción del complejo hidroeléctrico Mazar, responsable de cubrir cerca del 38 % de la demanda eléctrica diaria del país.
“El financiamiento del BID es una buena noticia, pero su propósito es garantizar el pago a los nuevos proyectos de generación. Eso no resuelve el problema inmediato”, sostuvo Hidalgo.
El experto señaló que el propio informe del Cenace advertía en enero que Ecuador debía cumplir con un plan de inversiones de 930 MW que debieron entrar en producción en mayo. A esto se suma la expectativa de que Colombia exporte 450 MW al país durante la época de estiaje, algo que según Hidalgo, no está garantizado.
“Colombia ha restringido el envío de energía en años anteriores y su situación actual de generación es igual o peor que la de Ecuador”, indicó. “El déficit proyectado estaría entre 250 y 700 megavatios, dependiendo de la disponibilidad de energía colombiana”.
Hidalgo pidió al Gobierno que actualice públicamente el informe del Cenace y que exista mayor claridad en la información técnica que reciben las autoridades. “Si la Secretaría de Comunicación considera que los datos no cuadran, debe solicitar una aclaración formal al ente rector”, afirmó.
También cuestionó las recientes declaraciones oficiales que señalan que Ecuador contará con 830 MW adicionales a fin de año, indicando que buena parte de esa capacidad proviene de licitaciones que apenas están en marcha y cuya operación no comenzará sino hasta diciembre.
Frente a este panorama, Salinas también recordó que aún no se han concretado el aumento de producción de casi 250 MW de electricidad vinculados a contratos con las empresas Austral Technical Management y Progen, y la incertidumbre en torno a la incorporación de 260 MW adicionales mediante generación térmica en la central Pascuales.
“Podríamos enfrentar estos 500 megavatios de déficit que no estarían listos hasta cuando se presente el estiaje, que es en los primeros días de septiembre”, dijo Salinas. “No se puede descartar que se presenten racionamientos”, agregó.
Aval del BID
Jaramillo explicó que esta garantía forma parte de una línea de crédito condicional por 140 millones de dólares y está dirigida a proyectos que, en conjunto, representan una inversión estimada de 1.100 millones de dólares. Estas iniciativas añadirán más de 810 megavatios (MW) de capacidad instalada y 40,9 megavatios-hora (MWh) de almacenamiento al sistema eléctrico nacional.
Los proyectos beneficiados incluyen seis plantas solares fotovoltaicas, dos parques eólicos, tres pequeñas centrales hidroeléctricas y un sistema híbrido en Galápagos, denominado Conolophus, que integra generación solar, baterías y microrredes locales.
Sobre esta garantía del BID, Salinas explicó que operará únicamente si las empresas distribuidoras del Estado no pueden cubrir los pagos comprometidos por la generación, debido a que la tarifa actual es deficitaria. “Ese fondo cubriría la diferencia entre el costo real de generación y lo que el sistema eléctrico logra recaudar”, puntualizó.
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