El Gobierno de Ecuador formalizó la recepción de Coca Codo Sinclair tras un laudo arbitral, pese a fallas estructurales documentadas desde 2018 y riesgos técnicos aún vigentes.
El Gobierno de Daniel Noboa formalizó este viernes la recepción definitiva de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la obra de generación más grande del país, pese a que arrastra fallas estructurales en equipos clave que durante años bloquearon su aceptación final.
La Corporación Eléctrica del Ecuador, Celec, informó que el acta fue suscrita con Sinohydro Corporation en cumplimiento de un laudo por acuerdo de las partes, notificado el 3 de abril de 2026 por la Corte Internacional de Arbitraje.
Según un boletín de Celec, el documento fue firmado por Sheng Mingzhong, gerente del proyecto Coca Codo Sinclair de Sinohydro, y por Pedro Luis Rodríguez, subgerente del proyecto en Celec y administrador del contrato EPC, en representación del Estado ecuatoriano.
Celec sostuvo que la firma no implica cesión de la hidroeléctrica ni pérdida de control estatal, y añadió que las garantías de sustitución de retención y de buen funcionamiento y ausencia de defectos de los distribuidores “se mantendrán en custodia” de CELEC.
La recepción cerraría, al menos en papeles, una disputa que se arrastraba desde hace una década y que impedía al Estado recibir formalmente la central. Coca Codo Sinclair fue inaugurada en noviembre de 2016, pero el Estado no había otorgado la recepción definitiva por fallas detectadas en los distribuidores, componentes sometidos a alta presión en la casa de máquinas. En enero de 2024, CELEC todavía reportaba que la central seguía en etapa de recepción provisional y que se trabajaba con la constructora para su recepción.
Las fisuras fueron documentadas oficialmente por la Contraloría. En 2018, el organismo ratificó la existencia de 7.648 fisuras en los ocho distribuidores y señaló que algunas alcanzaban hasta 38 centímetros. También advirtió que la constructora empleó materiales no homologados, no aplicó controles de calidad adecuados y usó procedimientos técnicos de soldadura insuficientes. Ese mismo examen alertó que una evaluación integral exigiría remover hormigón de la casa de máquinas, una estructura para la que se habían destinado alrededor de USD 1.010 millones.
La resistencia estatal a recibir la obra quedó registrada también en la Asamblea Nacional. En septiembre de 2021, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, funcionarios a cargo de la central aserveraron que no habría recepción definitiva mientras Sinohydro no corrigiera reparaciones pendientes “de origen” y defectos que, según expusieron, podían comprometer seriamente la operación de la central.
La planta, ubicada entre Napo y Sucumbíos, tiene una capacidad instalada de 1.500 megavatios. Celec ha señalado que la central cubre cerca del 30% de la demanda energética del país, y en septiembre de 2025 informó que había recuperado su operación total tras mantenimientos mayores. Eso, en la práctica, explica por qué el Gobierno presenta la firma como un cierre administrativo clave para la “seguridad energética nacional”
Pero la firma no borra los riesgos acumulados, señaló el analista en temas de infraestructura eléctrica de Ecuador, Luis Ayala. Consultado por Ecuador Chequea, el experto explicó que las fallas en distribuidores, Coca Codo Sinclair sigue expuesta a la erosión regresiva del río Coca, un fenómeno que la propia Celec ha descrito como una amenaza para la captación de agua de la central desde el colapso de la cascada San Rafael en febrero de 2020.
Así, Ayala sugirió cuatro medidas técnicas. La primera, dijo, debería ser transparentar el acuerdo completo: acta de recepción, anexos técnicos, obligaciones de reparación, cronograma, garantías, reparto de riesgos y mecanismos de exigibilidad. En este sentido recordó que el gobierno ha promocionado el acuerdo pero no ha difundido de forma amplia un documento técnico que detalle qué ocurre si las fisuras continúan creciendo o si nuevas fallas afectan la operación futura
La segunda medida, según el analista, es asegurar la continuidad hidráulica y de descarga de la central. Ayala advierte que si la zona de descarga se “colmata” o pierde funcionalidad, la planta podría verse obligada a restringir o parar generación. Para ello, dijo, se requeriría obras en un túnel de descarga con inversiones de aproximadamente 80 millones de dólares.
La tercera medida es asumir que la erosión regresiva sigue siendo el riesgo estructural dominante. Ayala cuestiona la idea de que las presas o diques permeables vayan a “resolver” el problema y sostiene que, en el mejor de los casos, pueden demorar su avance. Esa es una valoración técnica suya.
La cuarta medida urgente, en la lectura de Ayala, es planificar reemplazo de potencia firme antes de que Coca Codo enfrente una afectación mayor. Allí ubica al proyecto hidroeléctrico Cardenillo como una opción que el Estado debería destrabar ya. Esto, debido a que según el propio Ministerio de Energía, el proyecto Cardenillo tendría una capacidad de 595,65 MW y un tiempo estimado de construcción de 75 meses, es decir, algo más de seis años.
