El Gobierno de Daniel Noboa anunció la renovación de las concesiones del espectro radioeléctrico con las operadoras de telefonía móvil Conecel (marca Claro) y Otecel (que reemplazará Movistar por Tigo, tras su reciente venta a Millicom) por U$D 1.550 millones y un plazo de 15 años.
El acuerdo fue recibido con cautela por organizaciones de usuarios y consumidores, que demandan mayor transparencia en los términos del contrato y claridad en los mecanismos de control y calidad del servicio.
Este miércoles 5 de noviembre de 2025, el ministro de Telecomunicaciones, Roberto Kury, informó en rueda prensa que el Estado recibirá USD 880 millones por la concesión directa del espectro, USD 610 millones en pagos anticipados “en los próximos meses” y el resto mediante montos variables atados al volumen de ventas hasta 2038.
Del monto de este adelanto, Conecel, deberá pagar USD 597 millones, mientras que Otecel, USD 282 millones, dijo Kury. También explicó que los nuevos títulos habilitantes establecen que las operadoras deberán desplegar tecnología 5G hasta 2028; además de conectar 400 escuelas, instalar más de 600 nuevos sitios con tecnología 4G o superior y mantener techos tarifarios a la baja.
El ministro afirmó que el proceso fue “transparente, técnico, responsable y soberano” y aseguró que el país contará con “servicios de mejor calidad y tarifas más justas”. Las concesiones estarán vigentes hasta 2038, tras un proceso de negociación que se extendió por más de cuatro años.
Sin embargo, Alfredo Velazco, presidente de Usuarios Digitales del Ecuador, expresó dudas sobre los detalles económicos del acuerdo y la falta de publicación del contrato.
“A fines de octubre vimos el anuncio de la culminación de la negociación, aplazada por dos años, para la renovación de títulos habilitantes a Conecel y Otecel. Pero hasta hoy se supo que el Estado percibirá USD 1.550 millones por 15 años, sin que se detalle el pago inicial, los porcentajes anuales ni la reinversión que deberán hacer las operadoras para implementar el 5G”, expresó.
Velazco agregó que “otros temas pendientes siguen siendo la conectividad, calidad y asequibilidad de los servicios, puntos en los cuales la autoridad de control es poco transparente”.
“Esperamos que las autoridades publiquen el documento para conocer si esta renegociación resulta más beneficiosa que la de hace 15 años. Además, aún se desconocen los mecanismos efectivos de control del servicio”, advirtió.
Desde la perspectiva de los consumidores, María José Troya, presidenta de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, señaló que el eje del debate actual es el acceso a internet.
“Ahora la telefonía celular pierde importancia frente a las comunicaciones por internet. Lo que realmente se está concesionando es la capacidad de las empresas para ofrecer conectividad, que es lo más importante en esta época”, afirmó.
Troya cuestionó también la falta de información sobre las tarifas y la competencia. “Deberían informarnos si habrá cambios tarifarios y si existirá verdadera competencia entre las empresas para mejorar la calidad y los precios, que es lo que más preocupa a los consumidores”, sostuvo.
La dirigente insistió en que el Estado debe garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento de los derechos de los usuarios.
“Las autoridades deben explicar cómo nos aseguran la calidad. Los consumidores tenemos derechos consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor desde 1998”, recordó.
Troya añadió que Ecuador mantiene un nivel medio en cobertura y velocidad de internet frente a América Latina. “No somos de los países con mejor calidad. Hoy el internet es más importante que la telefonía móvil; lo esencial es garantizar su acceso y calidad”, apuntó.
