Este es el tercer proceso por corrupción contra Glas, quien permanece en ‘La Roca’. La Fiscalía sustentó su acusación en más de 85 “elementos de convicción” sobre malversación de dineros públicos. La audiencia preparatoria de juicio se reanuda mañana.
POR: Juan Camilo Escobar
Casi un año después de su intento de fuga a México, donde buscaba acogerse al asilo otorgado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía presentó formalmente cargos contra el exvicepresidente Jorge Glas por malversación de fondos públicos destinados a la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
La imputación por peculado fue presentada en la audiencia preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia, presidida por el conjuez Marco Aguirre. Para Glas es el tercer juicio por corrupción en su contra, luego de que en años recientes fuera condenado a prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht y por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.
En el caso también están implicados otros exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa, acusados de desviar 225 millones de dólares que debían utilizarse en proyectos de reconstrucción en las zonas afectadas por el devastador sismo de magnitud 7,8.
Además de Glas, la Fiscalía presentó cargos por peculado, en la misma calidad de “autores directos”, contra ocho exfuncionarios adicionales procesados en este caso, quienes, según la investigación, son señalados como responsables de la malversación de recursos públicos conforme al inciso primero del artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla penas que van de 10 a 13 años de prisión:
• Boris Córdova, exviceministro de Obras Públicas.
• Carlos Bernal, exsecretario de Reconstrucción.
• Franklin Bernal, exsubsecretario del Ministerio de Obras Públicas.
• Milton Maldonado, exgerente de Proyectos de Ecuador Estratégico.
• Omar Chamorro, exsubsecretario del Ministerio de Obras Públicas.
• Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico.
• Víctor Jaramillo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras.
• Walter Solís, exministro de Obras Públicas.
El número dos del correísmo y vicepresidente entre 2013 y 2018, escuchó —vía telemática— la acusación desde la prisión de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como ‘La Roca’. El exministro Solís, refugiado en México, y Bernal, quien se encuentra en Estados Unidos, también escucharon las acusaciones en su contra de forma virtual.
Previo al inicio propiamente dicho de la audiencia preparatoria de juicio, Aguirre negó uno a uno 17 pedidos de “nulidad de lo actuado” que presentaron los procesados. Y, en consecuencia, declaró válido el proceso y dio paso a que el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentara el dictamen acusatorio de la Fiscalía.
Así, Toainga mostró más de 80 elementos de convicción, entre documentos y testimonios, en su acusación contra Glas y otras ocho personas.
Los recursos del comité provenían de un fondo creado con la Ley de Solidaridad, que incluyó el aumento del IVA y la retención de un porcentaje de los salarios de los trabajadores. La Fiscalía, según los documentos y testimonios que leyó Toainga en la audiencia, sostiene que se priorizaron 584 proyectos, de los cuales 30 —valorados en 367,4 millones de dólares— presentaron irregularidades y no se destinaron a los objetivos del comité ni de la reconstrucción
Las obras fueron ejecutadas por entidades como Ecuador Estratégico, el Servicio de Contratación de Obras (Secob), el Ministerio de Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Vivienda (Miduvi). Según la acusación, estos proyectos no fueron aprobados en sesiones previas del Comité de Reconstrucción ni contaron con el respaldo de sus demás integrantes.
Así, el fiscal Toainga señaló que se utilizaron procedimientos irregulares para eludir las normativas de contratación pública, favoreciendo a terceros en perjuicio del Estado. Toainga agregó que el abuso de recursos públicos benefició a contratistas y fiscalizadores de los contratos de obras.
Entre las irregularidades expuestas por Toainga se encuentra la asignación de contratos a la empresa Construhidrocab (Concrenor), propiedad de los hermanos V. R., a través del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, presidido por Carlos Bernal. A pesar de la relación familiar, los contratos fueron otorgados sin cumplir con las normas legales.
NEGATIVA
Al declarar la validez del proceso legal de este caso el conjuez Aguirre, desestimó la solicitud de la defensa de Glas, al concluir que no existe causal de nulidad, pese a que la Asamblea Nacional no alcanzó los votos necesarios para autorizar su enjuiciamiento penal.
El conjuez argumentó que la norma constitucional en cuestión no se aplica en este caso, ya que Glas no es un mandatario en funciones y porque existen precedentes de procesos similares contra expresidentes, como los casos de Jamil Mahuad y Rafael Correa.
El magistrado también señaló que la Fiscalía sí estaba facultada para ejercer la acción legal contra Glas sin requerir un informe previo de la Contraloría sobre indicios de responsabilidad penal, citando un pronunciamiento de la Corte Constitucional de 2019, que regula este tipo de procedimientos.
En respuesta a la defensa de Glas, quien alegó haber sido sometido a supuestas torturas tras su detención en la embajada de México en abril de 2024, el conjuez Marco Aguirre recordó que un ‘habeas corpus’ había establecido que la detención de Glas fue legal, legítima y no arbitraria. No obstante, Aguirre instruyó a la Fiscalía para que inicie una investigación, en caso de considerarlo «procedente».
El juez, sin embargo, no se pronunció sobre la solicitud de Glas de ser trasladado a una institución psiquiátrica. Sin embargo, Aguirre recordó que, a diferencia de su propia defensa, Glas “no elevó de manera directa ningún cargo de procedimiento, de procedibilidad ni competencia” sobre su actual situación legal.
Pasadas las 18:00, la audiencia se suspendió y se reanudará mañana por la mañana.
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