Presentó un certificado médico que señalaba que su abogado tiene reposo por una enfermedad —una alergia, según la Fiscal—, y no lo podía representar. El defensor público también dijo que no estaba en capacidad de asumir esa defensa.
La ausencia del abogado del exvicepresidente Jorge Glas, por una alergia que le habrían diagnosticado, y la falta de preparación del defensor público impidieron que hoy se instalara la audiencia de formulación de cargos en su contra, en el caso de la reconstrucción de Manabí.
La audiencia debía cumplirse en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a cargo del juez nacional Luis Rivera. Asistieron, entre otros, de manera presencial la fiscal general, Diana Salazar, y vía telemática Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción; y Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico, quienes también serán procesados por este caso. Sin embargo, el exvicepresidente de la República, a quien la Fiscalía piensa acusar de presunto peculado, no se presentó ni presencial ni telemáticamente.
Los pretextos jurídicos
Glas remitió un escrito a la CNJ en el que solicitaba el diferimiento de la audiencia, debido a que no podía contar con la presencia de su abogado, Andrés Villegas, de quien dijo sufre un “choque anafiláctico y dermatitis atópica”, lo que le obligaba a mantener reposo. Adjuntó un certificado médico de una clínica privada en el que se le recomienda a Villegas reposo obligatorio de tres días, entre el 4 y el 6 (hoy) de septiembre, debiendo reincorporarse a sus actividades mañana, si no presentaba otro cuadro médico.
De inmediato, la Fiscal solicitó la palabra para asegurar que había inconsistencias en la expedición del certificado, ya que constaba tanto el nombre de la clínica como el sello del Ministerio de Salud, por lo que pidió que se verifique su procedencia.
Además, cuestionó la ausencia del abogado de Glas ya que dijo que lo que sufría era una alergia, por lo que podía conectarse telemáticamente. Agregó que con estas actuaciones lo único que Glas buscaba era evadir a la Justicia y dilatar la instalación de la audiencia, por lo que pidió que sea el defensor público, Diego Jaya, presente en la audiencia, el que asuma la defensa del exvicepresidente. El abogado de la Contraloría también solicitó que se instale la audiencia y que a Glas le represente el defensor público.
Mientras que los abogados de Bernal y García se unieron al pedido de diferir la audiencia. José Chica, defensor de Bernal, aseguró que el certificado médico no puede ser objetado por la Fiscalía y que el exvicepresidente debía ser representado por un abogado de su confianza y en el caso de que Jaya asuma la defensa antes debía ser autorizado por Glas para evitar nulidades en lo posterior.
Las actitudes
Ni por un segundo Jaya intentó siquiera asumir la defensa de Glas. Argumentó que no estaba preparado para hacerlo, ya que sabía de antemano que los tres investigados contaban con sus respectivos abogados defensores.
Agregó que él no podía asumir como “suplente” del abogado principal del exsegundo mandatario porque no se le garantizaría el derecho de contar con un abogado de su confianza. Manifestó que, en el caso de que se le hubiese asignado la defensa, igual se tendría que fijar nuevo día para la audiencia hasta conocer los aproximadamente 48 expedientes que integran este proceso. Jaya, prácticamente, manifestó que si estaba en la audiencia era por mera obligación, ya que lo había hecho porque el juez le había incluido en la convocatoria.
Finalmente, el juez aceptó fijar nueva fecha; aseguró que no se puede violentar el derecho del exvicepresidente a tener un abogado de confianza para garantizar su defensa técnica.
Pidió a los abogados de los otros dos presuntos implicados que estaban presentes que no falten a la próxima audiencia y advirtió al defensor público que debe estar preparado para asumir la representación de cualquiera de los tres involucrados en caso de que alguno de ellos no cuente con abogado privado. Le recordó que ese es precisamente el rol que le da la normativa a un defensor público y que, por eso, se le incluyó en la convocatoria a esta audiencia que no llegó a instalarse.
El caso
La Fiscalía piensa formular cargos contra Glas, Ortiz y Bernal por presunto peculado y en el desarrollo de la audiencia podría solicitar la prisión preventiva. Según las investigaciones del caso ‘Reconstrucción de Manabí’ habría existido abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos tras el terremoto del 16 de abril del 2016.
Ese año el expresidente Rafael Correa creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, con la finalidad de ejecutar la construcción y reconstrucción de infraestructura afectada por el terremoto. El presidente de este Comité fue Glas.
Mientras que la Asamblea hizo su parte y aprobó la Ley de Solidaridad, que contempló la recaudación de contribuciones solidarias de personas naturales, jurídicas, organismos y empresas del sector público y del privado. Es decir, todos los ecuatorianos.
El 25 de abril del 2019 el Consejo de Participación Ciudadana de transición presentó una denuncia por presunto abuso de dineros públicos utilizando fondos de la Ley de Solidaridad, a lo que se sumó un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal en el contrato suscrito para la construcción del Parque Las Vegas, ubicado en Portoviejo; y para la construcción del proyecto tramo Acceso al Puerto de Manta-redondel del Imperio Colisa, cuyo financiamiento provino de los fondos de Ley de Solidaridad, que eran específicos para enfrentar las consecuencias del terremoto.
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