Jorge Glas y varios exministros del correísmo enfrentarán este lunes la audiencia preparatoria de juicio en el caso ‘Reconstrucción de Manabí’, en el que se investiga una malversación de fondos públicos que debían servir para la reconstrucción post terremoto de Manabí.
POR: Juan Camilo Escobar
En abril de 2024, el exvicepresidente Jorge Glas intentó fugarse a México tras recibir asilo político del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el Gobierno del presidente, Daniel Noboa, le negó el salvoconducto y ordenó un operativo policial para detenerlo dentro de la Embajada de México en Quito, donde permanecía desde diciembre de 2023 para eludir a la justicia con relación a un caso de corrupción en el manejo de fondos públicos destinados a la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016.
Su detención, ejecutada el 5 de abril, desató una crisis diplomática entre Ecuador y México, que respondió con la ruptura de relaciones bilaterales y una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia.
Casi un año después, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) avanza en este, el tercer proceso penal contra Glas, luego de que fuera condenado por asociación ilícita en el caso Odebrecht y por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.
El conjuez Marco Aguirre convocó la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparación de juicio del caso Reconstrucción de Manabí para las 09:00 del lunes. La diligencia debía realizarse a las 09.00 de hoy, pero el juez Aguirre la difirió tras recibir un pedido de Glas, que alegó que su abogado defensor no podía conectarse a la audiencia por encontrarse fuera del país. Al aceptar este diferimiento, Aguirre recordó a la defensa de Glas la obligación de actuar con “lealtad procesal” luego de que esta misma diligencia ya se ha postergado por varias ocasiones.
LA AUDIENCIA DEL LUNES
Consultada sobre la relevancia de esta diligencia, María del Mar Gallegos Ortiz, abogada penalista con una Maestría en Criminología de The University of Melbourne y docente de la Universidad San Francisco de Quito, señaló que se trata de una fase crucial del proceso, ya que de ella depende que el juez de la causa, en este caso Marco Aguirre, decida si convoca o no a los procesados a juicio.
En la práctica, explicó Gallegos, durante esta diligencia los procesados tienen la oportunidad de presentar sus argumentos, lo que permite al juez decidir si procede con la convocatoria a la audiencia de juicio o si dicta un sobreseimiento. Por su parte, a la Fiscalía le corresponde presentar el «anuncio de prueba», es decir, informar qué evidencias serán utilizadas en el juicio, indicó.
Jorge Glas, quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como ‘La Roca’, desde su captura ha rechazado los cargos que se le imputan, alegando ser víctima de persecución política. Sin embargo, la Fiscalía General ha desestimado tajantemente esta acusación y ha reafirmado la validez de los 85 elementos de convicción, que incluyen pruebas y evidencias obtenidas durante la investigación, los cuales respaldan la acusación de peculado en su contra.
Además de Glas, otras ocho personas también están siendo procesadas, entre ellas: Carlos Solís, exministro de Obras Públicas; Carlos Bernal, expresidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva; el exsecretario técnico del Comité; y Pablo Ortiz, exgerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico.
Como es de dominio público, Bernal se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana, en Miami. Esta misma semana, la Interpol negó a Ecuador la «alerta roja» para localizarlo y detenerlo, argumentando que el pedido no cumplía con los requisitos necesarios para la intervención del organismo internacional.
LA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA
“La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016”, señala el expediente de este caso. En él se sustenta la acusación de peculado contra los tres exfuncionarios, delito tipificado en el artículo 278, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con sanciones de 10 a 13 años de prisión.
Según la Fiscalía, el Comité presidido por Glas priorizó proyectos cuya selección no cumplía con las condiciones de emergencia e inmediatez, contraviniendo los principios establecidos por la Ley Orgánica de Solidaridad. En una sesión del Comité celebrada el 22 de mayo de 2017, se aprobó la priorización de 584 proyectos, luego de una presentación de Pablo Ortiz, que incluyó sectores no discutidos previamente y sin la aprobación de otros miembros del Comité.
La Fiscalía, en consecuencia, considera que esta decisión fue utilizada para eludir los procedimientos de contratación pública y beneficiar a terceros en detrimento del Estado.
En todo caso, la investigación de la Fiscalía se centra en 30 proyectos específicos, ejecutados por seis entidades públicas, cuyo valor conjunto supera los 367 millones de dólares, recursos financiados por los fondos recaudados a través de la Ley de Solidaridad. Según los hallazgos de la Fiscalía, una parte significativa de estos proyectos no tenía relación con la reconstrucción post-terremoto ni con la reactivación económica inmediata de las zonas afectadas.
En la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Glas, Carlos Bernal y Pablo Ortiz, celebrada el 5 de enero de 2024, la fiscal general, Diana Salazar, argumentó que «millones de dólares recaudados por contribuciones de emergencia de todos los ecuatorianos fueron destinados a contratos y proyectos para los cuales no fueron recolectados». Salazar subrayó que este desvío de fondos evidencia un abuso de los recursos públicos y recordó que “hasta la presente fecha es palpable la inexistente reconstrucción de obras tras el terremoto”.
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