El exvicepresidente Jorge Glas fue condenado a 13 años de prisión y al pago de 125 millones de dólares por el caso ‘Reconstrucción de Manabí’, que evidenció la traición a la confianza del pueblo, según el tribunal.
POR: Hugo Constante
13 años de prisión para cada uno y el pago conjunto de 250 millones de dólares (125 millones por cada uno) como medida de reparación es la sentencia a la que fueron condenados Jorge Glas, exvicepresidente correísta y presidente del Comité de Reconstrucción de Manabí; y Carlos Bernal, secretario técnico del ese Comité.
El Tribunal del caso ‘Reconstrucción de Manabí’, integrado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Javier de la Cadena, tomó la resolución por unanimidad, tras más de 7 días de deliberaciones y los encontró culpables de delito de peculado en el grado de coautores, ya que si bien no firmaron contratos, sí participaron en la priorización de obras que no eran necesarias, ni urgentes, ni prioritarias, según la reflexión del Tribunal. Como parte a la sentencia de primera instancia se les inhabilita de por vida para ejercer cargo público y para contratar con el Estado; además pierden por 25 años sus derechos de participación política
Caicedo manifestó que el juicio por el caso ‘Reconstrucción de Manabí’ se debió al cometimiento de una conducta relevante tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). “No se trata de influjo ni impulso psíquico; se trata de acciones que coadyuvaron y conllevaron al cometimiento de la infracción”, dijo la jueza. Agregó que no se está condenando el hacer obras ni de ser Gobierno; sino que se condena el aprovechamiento de la necesidad, del dolor y de la emergencia para su beneficio propio. “La corrupción en la administración de los fondos públicos no es solamente un delito, sino que es una traición a la confianza del pueblo, en este caso provocaron la pérdida de la dignidad de las víctimas del terremoto del 16 de abril de 2016”, indicó la jueza.
Esta es la tercera sentencia para Glas, pero la más alta aunque todas por corrupción. Anteriormente había sido condenado a seis años de prisión en el caso ‘Odebrecht’, por asociación ilícita; y a ocho años de cárcel en el caso ‘Sobornos’, en el que se lo condenó por cohecho agravado.
La audiencia
La jueza ponente reinstaló la audiencia para dar a conocer la resolución a la que habían llegado de forma unánime en este caso, donde la Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016, cuyo perjuicio económico asciende a 225’395.910 dólares.
Caicedo manifestó que aprovechando de sus cargos y de la emergencia, abusaron de los recursos recaudados a través de la Ley de Solidaridad, que debían estar destinados a los damnificados, para beneficiar a terceros, especialmente familiares de Bernal, a través de la ejecución de obras que no eran necesarias, que quedaron inconclusas, o que no respondían a estándares técnicos.
Para la jueza ponente, ese dinero mal usado por Glas y por Bernal era de todos los ecuatorianos, salieron de sus bolsillos, de sus trabajos, de “su amor por la Patria” para apoyar la gente que en Esmeraldas y Manabí fue víctima de la catástrofe natural, por lo que los dos funcionarios traicionaron la confianza de la población.
Para llegar a su veredicto se basaron en testimonios de testigos y partidos, como por ejemplo el testimonio de Gabriel Alcívar, alcalde de Pedernales a esa fecha, cantón epicentro del terremoto. Alcívar dijo ante el Tribunal que el Comité nunca priorizó la construcción del Hospital y que hasta hoy los niños asisten a escuelas móviles. Mientras que los peritos aseguraron que los recursos fueron para atender obras que estaban planificadas o en marcha mucho antes del terremoto, o para obras que no iban a beneficiar a la comunidad afectada, entre otras circunstancias.
Roberto Calderón, abogado de Bernal, manifestó que la sentencia recoge hechos que no fueron probados en el transcurso del juicio, ya que es un proceso con evidente carga política. Reiteró que su defendido nunca manejó recursos públicos. Mientras que Andrés Villegas, abogado de Glas, aseguró que “se ha sepultado el último resquicio de dignidad de la Justicia”.
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