El proyecto, que llegó con la etiqueta de ‘ley contra la economía criminal’, ahora se llama ‘ley de solidaridad nacional’. Pero también cambia el propósito central: ahora se enfoca primordialmente en fortalecer a la Policía y las FF.AA. en el conflicto armado interno.
POR: Hugo Constante
El Pleno de la Asamblea tratará mañana el informe para primer debate del proyecto que remitió el Ejecutivo con el carácter de económico urgente. Según la propuesta original, el objetivo era combatir la economía criminal; sin embargo, el informe elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, con mayoría oficialista, tiene cambios significativos con relación al documento que el presidente de la República, Daniel Noboa, remitió el sábado 17 de mayo. Empezando por el título de la iniciativa. Noboa lo remitió como proyecto de ‘Ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno’. La Comisión propone que sea proyecto de ‘Ley de solidaridad nacional’.
El cambio no se reduce al nombre del proyecto. El espíritu de la normativa, lo que define y justifica la necesidad de un proyecto de ley de esta naturaleza son diferentes entre la propuesta del Presidente y lo trabajado por la Comisión.
En los articulados sobre el objeto y la finalidad de la Ley, el texto original señalaba que se buscaba establecer un conjunto de medidas para lograr un marco jurídico que permita la
desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, una normativa que permita contrarrestar esa economía criminal y así lograr restablecer la seguridad nacional y el orden público.
En la Comisión se le dio otra orientación al objeto y a la finalidad del proyecto. Lo que se busca ahora es establecer un conjunto de medidas, un marco jurídico “aplicable para el fortalecimiento de las fuerzas del orden, entendiéndose como tales a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, en el marco del conflicto armado interno”.
Regulaciones que, según el texto, se orientan a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, libertades y garantías constitucionales; proteger a la ciudadanía frente a amenazas derivadas de dicho conflicto; restablecer el orden público neutralizando a los grupos armados organizados; aumentar la sostenibilidad del sistema económico y financiero del país y propiciar la reactivación económica de las zonas afectadas.
A nombre de la seguridad…
Los legisladores consultados prefieren no ahondar en ese giro del espíritu de la Ley que le dio la Comisión. Optan por mantener el discurso de apoyar a las fuerzas del orden en su lucha contra el crimen organizado para devolverle la paz al país. Argumentan que eso es lo que pide la población.
Diana Jácome, asambleísta del oficialismo, dijo que la ley es importante porque beneficia a todo el país e impulsa el apoyo del sector privado, a través de beneficios tributarios, a las Fuerzas Armadas y a la Policía. “Todos los ecuatorianos queremos esa respuesta inmediata y así se financia el accionar, la logística de los policías y militares que arriesgan su vida”, dijo Jácome.
Se refiere a la propuesta que permitirá a la fuerza pública recibir donaciones de la empresa privada en equipamiento y suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana, a cambio de una rebaja en el Impuesto a la Renta. “Esta normativa regula mecanismos penales y fiscales, es un régimen para combatir los delitos, limitar el ingreso económico que tienen las mafias”, indicó Jácome.
Al contrario de lo que sostiene el oficialismo, la asambleísta del correísmo Jahiren Noriega opinó que es muy poco el contenido que permitiría frenar la economía criminal y se centra más en mecanismos para apoyar la labor de las fuerzas del orden. Si bien lo considera importante, cree que no era el espíritu con el que fue anunciado el proyecto de ley.
Aseguró que la importancia del combate a las economías ilegales es algo en lo que todos van a estar de acuerdo como una necesidad y prioridad. “Sin embargo, cuando se revisa el texto de la ley, muy poco se habla, por ejemplo, de una reforma institucional a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que en siete años ha visto reducido su presupuesto en al menos el 50%”, dijo Noriega.
Juan Gonzaga, independiente, indicó que no se trata de crear un “Estado – policía”, por lo que el espíritu de la ley se mantiene y que lo que se necesita es el combate a los grupos armados organizados. Mientras que Otto Vera, del Partido Social Cristiano, agregó que las leyes no tienen que salir como las remite el Ejecutivo.
‘Daño colateral’
La votación del informe en la Comisión dejó nuevas fisuras en el correísmo. Dos de sus cuatro asambleístas que están en esa Mesa Legislativa votaron a favor: Sergio Peña y David Arias. Peña justificó su voto con el argumento de que se habían recogido sus observaciones.
Sin embargo, la excandidata presidencial del correísmo y presidenta del Movimiento, Luisa González, manifestó que no corresponden al criterio técnico del bloque legislativo ni de la organización. Otros militantes de la Revolución Ciudadana, como Andrés Aruaz, secretario ejecutivo, se sumaron a las críticas a Peña a través de las redes sociales. Críticas a las que Peña respondió por la misma vía. El legislador fue expulsado de la Revolución Ciudadana y de esa bancada.
Cuando se instaló la nueva Asamblea, Peña fue mocionado por la bancada oficialista para integrar el Consejo de Administración Legislativa (CAL), pero no alcanzó los votos. Luego, también por iniciativa de ADN, fue propuesto para integrar el Comité de Ética y esa vez sí alcanzó los votos necesarios.
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