El Pleno archivó el juicio político en contra de Gabriela Sommerfeld, algo que se avizoraba, tras la falta de apoyo a la interpelación dentro de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, ahora acelerarán el proceso contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. 

A pesar de que el correísmo se dio modos para adelantar en la Asamblea la sustanciación del juicio político en contra de la canciller, Gabriela Sommerfeld, al final los cálculos le fallaron y esta mañana el Pleno, con 76 votos a favor, 44 en contra y ocho abstenciones, archivó el proceso. 

Antes de la votación, el Pleno conoció los informes de posturas de los asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización. Esto, debido a que en esa Comisión el informe elaborado por el ala correísta, que recomendaba el juicio político, tampoco tuvo los votos para ser aprobado. Era un adelanto de lo que iba a pasar. 

El juicio político fue impulsado por la asambleísta del correísmo Jhajaira Urresta. Responsabilizaba a la Canciller por el allanamiento e incursión de la Policía a la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas, exvicepresidente de la República sentenciado por corrupción, que para evadir a la Justicia, se refugió en esa sede diplomática. Otra causal fue la negativa de conceder el salvoconducto a Glas para que pueda trasladarse a México, con el argumento de que había recibido asilo político. También por el impasse en las relaciones bilaterales con Rusia. En su momento, la legisladora aseguró que la Canciller ha incumplido funciones y que sus decisiones pueden tener relación con intereses personales y familiares. 

Las posturas 

En el informe de posturas suscrito por los asambleístas oficialistas César Umajinga, Luis Alvarado, Ramiro Vela y Adriana García, de Gente Buena, se señala que las acusaciones son infundadas, tanto legal como políticamente. Para este grupo de legisladores, se comprobó que la Cancillería agotó todos los canales diplomáticos para llegar a una solución pacífica, pero México se negó permanentemente, al no cumplir con lo dispuesto en el Derecho Internacional. “Resulta ilícito al haber impedido por parte de la sede diplomática mexicana la captura del ciudadano Jorge Glas”, consta en este informe. Aseguran, además, que la asambleísta proponente no demostró que oficialmente la Cancillería haya sido notificada sobre el otorgamiento del asilo a Glas, por lo que no se puede acusar de algo que no existe.

En cambio, en el informe presentado por Sofía Espín (correísta), después de una revisión de los instrumentos internacionales, recomendaba directamente que la Canciller sea censurada y destituida del cargo por incumplimiento de funciones. 

Y un tercer informe, suscrito por los también legisladores correístas Pamela Aguirre, Lenin Barreto y Ronal González, concluye que Sommerfeld incumplió la Constitución, la Ley Orgánica del Servicio Exterior y el Código Orgánico Integral Penal, por lo que recomendaban su enjuiciamiento político. 

Con estos informes de posturas el debate en el Pleno fue corto. Apenas intervinieron cuatro legisladores. Umajinga fue quien presentó la primera moción para que el juicio político fuera archivado y que al final tuvo el respaldo del Pleno. 

Urresta presentó una segunda moción para que la Canciller sea llevada a juicio político, ya que no está capacitada para ejercer cargo público y por carecer de calidad moral y ética para dirigir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su moción no llegó a ser votada, ya que se había aprobado la moción de Umajinga. 

El antecedente 

El correísmo usó toda su estrategia y experiencia legislativa para maniobrar y acortar los caminos para llegar a los funcionarios del Gobierno de Daniel Noba a través de solicitudes de juicios políticos: primero Sommerfeld, que acaba de ser archivado; y luego a Mónica Palencia, ministra del Interior, cuyo proceso ya fue calificado por la Comisión de Fiscalización. 

Para hacerlo, asambleístas correístas, en coordinación con los socialcristianos, retiraron las firmas de apoyo a solicitudes de juicios político que ya habían sido calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; Andrea Montalvo, exsecretaria de la Senescyt; y de Pablo Arosemena, exministro de Economía. Todos ellos funcionarios del Gobierno de Guillermo Lasso. Fue una forma de invalidar esos procesos y llegar más rápido a los ministros de Noboa. Pero este retiro de firmas, bajo varios argumentos, ha generado que se proponga una reforma a la Ley de la Función Legislativa para que una vez calificado un juicio político por el CAL, no se puedan retirar las firmas de apoyo, ni que el proponente desista de seguir con el proceso. 

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