Guillermo Lasso acusó a exasambleístas y jueces de conspiración. La justicia ordenó el archivo de este proceso judicial que involucraba a Lasso y otros altos funcionarios de su gobierno. Por este caso, la Asamblea inició un juicio político por el que el exmandatario invocó la muerte cruzada y convocó a elecciones anticipadas.
POR: Juan Camilo Escobar
Este 24 de mayo, el expresidente Guillermo Lasso habría concluido su mandato de cuatro años, tras haber sido electo en los comicios de febrero de 2021. Sin embargo, en mayo de 2023, en medio de un proceso de juicio político impulsado por la legisladora Mireya Pazmiño —quien lo acusaba de presunto peculado en contratos de la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec)— Lasso disolvió la Asamblea mediante el mecanismo constitucional conocido como ‘muerte cruzada’, lo que puso fin anticipado a su gestión y dio paso a elecciones extraordinarias.
Dos años después de esa decisión, este 16 de mayo, la Corte Nacional de Justicia ordenó el archivo del caso Flopec, acogiendo un pedido de la Fiscalía General del Estado. El tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para formular cargos contra Guillermo Lasso, por lo que cerró la investigación abierta en su contra. La resolución establece que no se comprobó la comisión de delito alguno vinculado a los contratos de Flopec firmados antes de que asumiera la Presidencia.
La decisión también benefició a otras seis personas involucradas en el caso, entre ellas Danilo Carrera, cuñado del exmandatario.
Tras conocerse el fallo, Lasso calificó el proceso como un “show político” y una “farsa mediática”, promovidos —según dijo en un comunicado publicado ayer en sus redes sociales— por sectores políticos y delictivos dentro de la Asamblea que buscaban desestabilizar su administración y forzar su salida mediante un juicio político.
El exmandatario criticó a los jueces de la Corte Constitucional que autorizaron el juicio político. “Seis jueces —Alí Lozada, Richard Ortiz, Daniela Salazar, Karla Andrade, Joel Escudero y Alejandra Cárdenas— pudieron frenar este ataque a la institucionalidad democrática, pero prefirieron admitir un proceso lleno de hechos falsos”, sostuvo. “Ni siquiera abrieron el expediente”.
“Algunos de esos jueces ya no están en funciones; otros siguen en el cargo o han sido reelectos. ¿Con qué autoridad hablarán de democracia quienes permitieron un juicio político sin fundamentos?”, cuestionó.
Lasso responsabilizó a los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño, Rodrigo Fajardo y Esteban Torres de haber promovido el juicio político que se tramitó en su contra en 2023, con apoyo —según dijo— de sectores que se opusieron a su gestión y a la consulta popular impulsada por su gobierno.
“Me acusaron de un delito que no existe: peculado por omisión, por un contrato firmado tres años antes de que asumiera la presidencia”, señaló. “Dijeron que la Contraloría me responsabilizó, cuando eso nunca ocurrió. Alegaron que un familiar estaba involucrado en un audio, pero la voz correspondía a otra persona”.
Lasso también defendió su decisión de haber aplicado la figura constitucional de la ‘muerte cruzada’ para disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023 y convocar a elecciones anticipadas.
“Seguiré caminando libremente por Ecuador y el mundo, con la tranquilidad de haber enfrentado a una Asamblea plagada de corrupción y al crimen organizado”, concluyó. “Ahora, con una nueva Asamblea y un nuevo gobierno, es momento de avanzar hacia una profunda reforma política porque quienes intentaron tomarse el poder, tarde o temprano, volverán a intentarlo”.
Consultado Ecuador Chequea sobre una posible acción legal contra su exacusadora, el abogado del exmandatario, Pablo Encalada, señaló que la ley le permite solicitar medidas de reparación, aunque aclaró que esa decisión corresponde exclusivamente a su cliente. Encalada sostuvo además que, desde el inicio, Lasso denunció que se trataba de una acusación infundada, promovida por una Asamblea “conformada por delincuentes” interesada en removerlo del poder. Afirmó que esa tesis se ha visto reforzada por hechos posteriores, como la detención del exlegislador Pablo Muentes, la fuga del exasambleísta Ronny Aleaga y el asesinato del exasambleísta Fernando Villavicencio, quien había acusado a ambos públicamente.
El abogado también cuestionó la actuación de la Corte Constitucional, al considerar que carecía de sustento legal para habilitar el juicio político. Según dijo, la reciente decisión judicial demuestra que la activación de la muerte cruzada fue innecesaria, ya que el proceso carecía de pruebas desde un inicio.
Por su parte, Mireya Pazmiño, asambleísta reelecta que presentó una denuncia por presunto peculado y delincuencia organizada contra el expresidente Lasso, cuestionó la decisión de la Corte Nacional de Justicia de archivar el caso y acusó a la Fiscalía de actuar con parcialidad y bajo presiones externas.
“El archivo de la denuncia contra Lasso y altos funcionarios de su gobierno confirma la existencia de un sistema judicial que favorece a los poderosos de la política y a estructuras mafiosas con capacidad de influir en la justicia”, dijo Pazmiño en declaraciones a la prensa. Añadió que continuará impulsando investigaciones por su cuenta.
Consultada sobre posibles acciones legales tras el cierre del expediente, la exlegisladora indicó que evalúa presentar una nueva demanda. Argumentó que el delito de peculado no prescribe y criticó que la Fiscalía no haya investigado lo que calificó como una “decisión ilegal”: la delegación de amplias facultades administrativas a Hernán Luque Lecaro mediante los Decretos Ejecutivos 163 y 107.
Luque, expresidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), es procesado en un caso aparte por presunta corrupción. Según Pazmiño, las autoridades judiciales ecuatorianas no han acelerado los trámites para su extradición desde Argentina, donde permanece detenido.
Aunque un tribunal argentino autorizó la extradición, el proceso continúa suspendido. Luque alega ser víctima de persecución política y teme por su seguridad en los centros penitenciarios de Ecuador.
Criterio
El abogado constitucionalista Emilio Suárez sostuvo que el archivo del caso pone en evidencia la necesidad de reformar el marco jurídico que regula el juicio político en Ecuador. “Esta resolución demuestra la existencia de un error de diseño constitucional que permite calificar un juicio político sin mérito jurídico, lo que eventualmente podría repetirse con otros presidentes que sean sometidos a este tipo de procesos y luego absueltos por la justicia”, afirmó.
“No fue un error atribuible a la Corte Constitucional, sino un problema estructural del diseño constitucional. La Constitución y la ley no exigen un prejuzgamiento penal, lo que genera una omisión política en el cumplimiento del requisito de existencia de un delito para iniciar un juicio político contra un presidente”, señaló Suárez.
A su criterio, el sistema actual permite que se inicie un juicio político sin un sustento jurídico sólido, lo que dijo, puede derivar en abusos. En consecuencia, consideró que se requiere una reforma constitucional para corregir estos vacíos legales y garantizar un debido proceso en futuros procedimientos de control político.
¿En qué consiste el archivo de este caso?
La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió este 16 de mayo archivar la investigación previa que llevaba la Fiscalía por los presuntos delitos de peculado y delincuencia organizada en contra del expresidente, Guillermo Lasso, y otros seis ciudadanos en el denominado caso ‘Flopec’.
El expediente se abrió tras una denuncia presentada el 26 de abril de 2023 por la asambleísta Mireya Pazmiño, vinculada a la bancada correísta. La causa estaba relacionada con supuestas irregularidades en un contrato suscrito entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y la compañía Amazonas Tankers, que según la acusación, habría generado perjuicios económicos al Estado.
Así, se acusó a Lasso de «peculado por omisión», argumentando que tenía responsabilidad por no haber terminado dicho contrato, firmado en 2018, tres años antes de que Lasso asumiera la presidencia, y que esto habría causado perjuicios al Estado.
Además de Lasso, figuraban como investigados Hernán Luque, expresidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Iván Correa, exsecretario general de la Administración Pública; los exfuncionarios Johnny Estupiñán y Oswaldo Rosero; Cristian Panchi; y Danilo Carrera, cuñado del exmandatario.
De acuerdo con la denuncia, mediante dicho contrato se habrían beneficiado intermediarios petroleros y compradores de crudo ecuatoriano, provocando pérdidas millonarias a Flopec, bajo el argumento de que las tarifas de flete estaban sujetas a la demanda del mercado internacional.
No obstante, tras más de un año de diligencias, la Fiscalía concluyó que no existían elementos de convicción suficientes para formular cargos, por lo que solicitó el archivo del caso. La Sala Penal aceptó el pedido, con lo cual se dio por cerrada la fase de indagación previa.
La contratación de buques por parte de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) en 2018 para el transporte de crudo habría generado un perjuicio económico al Estado de al menos 6,1 millones de dólares, según un informe de la Contraloría General del Estado. El organismo de control concluyó que, en varios meses, los costos por el alquiler de las embarcaciones superaron los ingresos obtenidos por su operación. Flopec, como empresa pública, podría haber evitado estas pérdidas si hubiera utilizado su propia flota.
El informe señala que, en 2018, Flopec suscribió un contrato con la empresa Dragun USA LLP para la transportación y comercialización de crudo. En 2020, ambas partes firmaron un adendo que permitió la incorporación del consorcio Amazonas Tanker Pool.
Asimismo, la Contraloría indica que, para cumplir con las condiciones del nuevo modelo asociativo, Flopec contrató cinco buques tipo Aframax bajo la modalidad de fletamento a tiempo (time charter), por períodos que variaron entre uno y tres años. Por cada embarcación, la estatal paga una tarifa fija diaria, facturada mensualmente.
Te puede interesar:
.ADN se asegura mayoría propia en seis de las 15 comisiones
. Es falso que hay un nuevo bono de $350 para todas las mujeres en Ecuador
. Es falso: Anabella Azín no ha declarado palabras ofensivas contra la visión de su hijo
