La autorización para tenencia en civiles podría aumentar cierta percepción de seguridad, pero no solucionará la crisis de violencia. ¿Cuánto cuesta un arma? ¿En qué consiste la preparación para tener el permiso? ¿Cómo se reglamente en otros países? Un análisis. 

El sábado por la noche, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció en cadena nacional una serie de medidas, con la justificación de que servirán para enfrentar la delincuencia. Entre esas medidas, una de sus decisiones incluye la autorización del porte y tenencia de armas de uso civil para defensa personal, cumpliendo ciertos requisitos de ley. ¿Qué alcances tiene esta medida y en realidad ayudará a combatir la inseguridad?

Ecuador se enfrenta, una vez más, a la agudización de la violencia. En los primeros 78 días del año hubo 1.356 muertes violentas en el país; mientras que en el mismo periodo del 2022 se registraron 815 casos. Es decir, existe un incremento del 66,4%.

Pero en el país no sólo han aumentado las estadísticas de violencia, sino que las prácticas delictivas también se han recrudecido. En los últimos meses también se ha observado un notable aumento en los casos de secuestros y extorsiones. Frente a este contexto, el Gobierno emitió algunas decisiones. La medida que más revuelo causó en la sociedad fue la autorización de la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. Puntualmente, el decreto del Presidente reforma el artículo 84 del Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.

¿Realmente se libera indiscriminadamente el porte de armas? 

Aunque la medida ha generado varias reacciones en la población nacional, lo cierto es que, como lo ha asegurado el primer mandatario, existen requisitos específicos para portar un arma de uso civil: 

• Tener mínimo 25 años de edad. 

• Certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud. 

• Certificado de destreza en el manejo y uso del arma, emitido por el Ministerio de Defensa.

• No tener sentencia ejecutoriada por la comisión de un delito. 

• No registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

• Certificado de superar el examen toxicológico, que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica, emitido por Ministerio de Salud.

El analista en seguridad Fernando Carrión considera que, con estos requisitos, no será relativamente fácil acceder a este tipo de armas. Sin embargo, explica que, considerando que en Ecuador el grado de impunidad es elevado —pues asegura que la probabilidad de que una persona que comete asesinato reciba una sentencia ronda entre el  4% y 5%—, casi todas las personas podrán acceder a estas armas, si sólo se tomara en cuenta este requisito.

Por lo que Carrión asegura que nada garantizará que una persona que haya cometido asesinato no porte un arma de uso civil legalmente. 

En realidad, explica el analista, la mayor dificultad para acceder a estas armas será la capacidad económica de las personas. “Un arma Glock vale USD 300, más un 30% de impuestos. Esto garantiza que sólo ciertos sectores (de ingresos) medios y altos puedan acceder”, detalla.

Por su parte, Wagner Bravo, también experto en seguridad, también considera que, aunque cumplir con los requisitos establecidos, de alguna forma controla que no todas las personas accedan al permiso de porte de armas, el factor económico también será una forma de que se regulen estos permisos. 

Bravo agrega que, en el mercado internacional un arma de uso civil puede llegar a costar USD 1000, aunque con la aplicación de esta medida se daría paso a la importación.

Y el analista argumenta que, aunque las personas recurran al mercado ilegal, tampoco será fácil adquirirlas, pues una de esas mismas armas puede costar alrededor de USD 3.000. “Esa también es una restricción, porque no todas las personas podrán comprar las armas de este tipo”, dice Bravo.

El experto aclara que el precio del arma no será la única dificultad, “sino también su capacidad de entrenamiento”. “Para que una persona tenga una experticia en el uso de armas, por lo menos, debe disparar unos 500 o 1000 cartuchos y eso tiene un valor”, indica.

Las armas de uso civil para defensa personal tienen límites.

Bravo considera que es oportuno precisar cuáles son las armas a las que la ciudadanía podría tener acceso, pues el decreto menciona que estas sólo serán del tipo de uso civil. “Hay que anotar qué es de uso civil, es decir, no va a pasar de un cierto calibre. Que será posiblemente calibre 38, 9 milímetros, en nivel pistola. No estamos hablando ni de fusiles ni de ningún otro tipo de armamentos”.

En efecto, según el mismo Reglamento que se modifica con el decreto, las armas se dividen en: armas de guerra (sólo las usan las Fuerzas Armadas), de uso restringido (sólo las usa la Policía) y las armas de uso civil. 

Según el artículo 18, estas son las armas de fuego de uso civil en Ecuador para defensa personal: 

• Pistolas hasta el calibre 9mm; semi automáticas, con alimentadores de hasta 10 proyectiles. 
• Revólveres hasta el calibre 38. 
• Escopetas recortadas del calibre 10 al 410 o sus equivalentes.

Es decir, esas serán las características de las armas de fuego a las que podrán acceder los ecuatorianos, si obtienen su permiso para portarlas. 

¿Esta medida ayudará a combatir la inseguridad?

Para analizar cuán efectiva podría llegar a ser la flexibilización del porte de armas en la lucha contra la inseguridad es necesario recurrir a las estadísticas. 

Carrión explica que “en Ecuador, entre 2021 y 2022 se triplicó el número de armas en posesión de civiles y llegó a una cantidad superior a las 180.000 personas”. 

“En ese mismo periodo, se produjo un incremento del doble en la tasa de homicidios, de tal manera que esa medida no produjo los resultados esperados”, explica el analista. 

Carrión también cita el caso Estados Unidos, el lugar con el mayor número de armas por persona, y explica que en ese país existen delitos que están muy vinculados con el libre porte de armas, como los femicidios, la violencia intrafamiliar, suicidios y asesinatos masivos. 

“Esto nos demuestra que, bajo ningún punto de vista, una medida de este tipo puede resolver el problema de la inseguridad”, dice Carrión. “El derecho a la seguridad está no sólo garantizado por el Estado, sino que tiene que ser brindado por el propio Estado. Si el Estado renuncia a esa condición, lo que está haciendo es entregando esa responsabilidad, por un lado, al mercado, para que la oferta y la demanda defina la adquisición de armas y, por otro lado, le está entregando esa responsabilidad a la sociedad civil, que puede ser un elemento adicional de la justicia por mano propia”, sostiene Carrión.

Es decir, el analista considera que esta “es una medida que no se justifica y no va a ayudar en la perspectiva de reducir la tasa de homicidios”.

Bravo, sin embargo, cree que, tomando el caso de Brasil, esta medida sí podría traer una disminución del índice delincuencial. Pero lo que le preocupa es el hecho de que en el país no nos enfrentamos a actos de delincuencia común, sino a la presencia de grupos del crimen organizado que manejan el tráfico ilícito de drogas.

“Mientras haya cocaína en Colombia y en Perú, vamos a seguir teniendo el problema del crimen organizado. Como esto es un negocio, (tras la autorización del porte de armas de uso civil), los delincuentes que están dedicados a esto no van a parar sus actividades, más bien se van a fortalecer”, analiza Bravo.

El experto enfatiza que con esta medida los ciudadanos podrán acceder a una pistola, “pero estamos viendo en los medios de comunicación que el crimen organizado está asaltando, matando y secuestrando con fusiles y metralletas”.

Por ello, la medida, explica el analista, es para ayudar a la percepción de los ecuatorianos, para que se sientan más seguros, pero esa no es la solución. “No vayamos a pensar que mañana ya no va a haber muertes y que todo el mundo va a volverse a poner en el orden y en la convivencia pacífica”, advierte. 

Por ello, Bravo considera que “esta tiene que ser una medida temporal, coyuntural, hasta que el sistema de seguridad nacional se fortalezca y sea el Estado como tal, puntualmente la Policía, la que nos pueda dar la protección necesaria a los ecuatorianos”.

Las políticas de seguridad deben cambiar 

Carrión considera que seguir decretando Estados de Excepción no servirá de mucho, pues hasta el momento la tendencia de violencia ha crecido después de que ya se hayan emprendido en varias ocasiones este tipo de medidas durante el Gobierno actual.

El analista opina que la vinculación entre las empresas privadas de seguridad y la Policía, una de las medidas que también decretó Lasso el sábado, podría resultar útil porque la “policía privada” es más del doble que la pública. 

“Si se sumaran las dos se podría llegar a 170 mil policías trabajando de manera coordinada, lo que supone un conjunto de medidas y protocolos, que podría ser muy útil”, explica. 

Mientras tanto, Bravo considera que ninguna de las medidas por sí mismas que decretó Lasso el sábado podrían ayudar al combate de la inseguridad si no se combinan con una estrategia mejor estructurada. 

Por eso, en su opinión, se deben emprender otras medidas para fortalecer el sistema de seguridad, para que en un determinado momento no haya la necesidad de tener un permiso de porte de armas. 

¿Cómo se regula el porte de armas en América Latina?

En la región, por ejemplo, sólo Estados Unidos, México y Guatemala tienen como derecho constitucional el porte legal de armas. 

Aún así, en el caso de México, el Estado tiene un estricto control sobre la propiedad civil de las armas. Pero, en ese país el problema radica en la posesión ilegal, porque aunque no está sujeta a las leyes, el número de armas en posesión de civiles ha coincidido con las sangrientas cifras que ha dejado ese país en cuanto a la inseguridad. 

Mientras, en la mayoría de los países de Latinoamérica hay leyes mucho más restrictivas respecto a otras naciones sobre la tenencia y porte de armas, según un reporte de El Espectador.

Según este reporte, por lo general, las agencias autorizadas a emitir los permisos para usar un arma de fuego exigen una serie de requisitos, que suelen incluir preparación, exámenes físicos y, a veces, psicológicos.

Uno de los casos particulares de la región es Brasil. En ese país, desde que el derechista Jair Bolsonaro asumió su cargo, en el 2019, lanzó decenas de decretos para permitir el acceso de la población a las armas. 

Según un reporte de BBC Mundo, aunque en Brasil el porte de armas está permitido sólo a grupos específicos, como militares, policías o agentes de seguridad, las nuevas normas habilitaron a cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas a cargar la suya sin limitaciones desde sus casas a los lugares de uso.

Esta medida provocó que el número de ciudadanos registrados para tener armas en Brasil aumentara 474% entre 2018 y 2022.

En 2018, año en que Bolsonaro fue elegido, había 117.467 personas registradas como cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas. Este número llegó a 673.818 en junio de 2022, según datos del Ejército reunidos por la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), citado en una nota de AFP.

Irónicamente, el aumento de las armas en posesión de civiles coincidió con la disminución de homicidios.

En Brasil se registraron 130 homicidios al día en 2021, que da un total de 47.503 muertes en todo ese periodo. Esta corresponde a la menor cifra de los últimos 10 años, según los datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, citado en una nota de EFE. Además, el valor del 2022 representa una reducción del 6,5% frente a los números del 2020. 

Aunque, según ese mismo reporte, si bien el número de muertes violentas disminuyó en ese periodo, las cifras aún ubican a Brasil entre los diez países más violentos del mundo.

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