El juicio en el caso ‘Metástasis’ entró en su recta final, con la presentación de los alegatos de cierre de las partes procesales. 

POR: Hugo Constante

La Fiscalía pidió al Tribunal del caso ‘Metástasis’ que imponga la sentencia máxima agravada de 9 años y 4 meses de prisión en contra Wilman Terán y Pablo Ramírez, entre otros 12 procesados por delincuencia organizada, en su calidad de funcionarios públicos al momento del cometimiento del delito, en 2022. 

A esa fecha Terán se desempeñaba como juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), aunque cuando fue detenido, en diciembre de 2013, era el presidente del Consejo de la Judicatura. Mientras que Ramírez fue director del Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI); y la Fiscalía los considera colaboradores del delito. 

El pedido lo realizó el fiscal subrogante, Wilson Toainga, al concluir su alegato de cierre en este juicio que entró en su recta final. Para Xavier Novillo, alias ’Novita’, considerado el líder de la organización delictiva, se pidió la pena máxima de 10 años de prisión. Y para otros seis procesados, también calidad de colaboradores, entre ellos Claudia Garzón, excomisionada para la pacificación de las cárceles en el Gobierno de Guillermo Lasso, la pena solicitada fue de 7 años de prisión. “Este es el primer paso en la lucha contra la criminalidad, que reciba la sanción debida”, manifestó Toainga. 

Al cumplirse 25 días de desarrollo del juicio por el caso ‘Metástasis’, las partes procesales entraron a la fase de presentación de los alegatos de cierre, luego de lo cual el Tribunal penal de la CNJ, integrado por los jueces Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, se retirará a deliberar la sentencia. 

La audiencia

Al iniciar su alegato de cierre, Toainga dijo que han sido largas jornadas de audiencia donde se ha podido ver, leer y escuchar la dinámica de una organización criminal liderada por una persona cuyo ámbito de criminalidad se desarrolla en el escenario del narcotráfico. 

“Se han presenciado la forma y la manera de cómo la delincuencia se ha abierto un camino entre las diversas ramas del Estado, buscando sortear el sistema de justicia de Ecuador para delinquir con la tranquilidad de que sus acciones seguirán estando cobijadas por sus colaboradores enfilados en diferentes instituciones públicas”, manifestó Toainga. 

En su relato, el personaje central es el capo del narcotráfico nacional Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Latacunga, durante un motín el 3 de octubre de 2022, a partir de lo cual los celulares encontrados en su celda fueron investigados y salió a la luz los nexos que había desarrollado con operadores de Justicia, policías, abogados, entre otros. Según la Fiscalía, a partir de mayo de 2022, cuando Norero  fue detenido por lavado de activos junto algunos de sus familiares, el capo armó todo un “ejército” para lograr la libertad personal y familiar, así como la impunidad. Toainga relató el papel que cada procesado cumplió en la bancada delincuencial al servicio siempre de Norero, por lo que dijo que la banda se financiaba del narcotráfico como gestionar sobornos o lograr favores judiciales. Por ejemplo, de Terán, alias ‘Diablo’, aseguró que ha quedado probado que realizó las acciones necesarias para demorar el trámite de un ‘habeas corpus’ para el hermano de Norero, con el objetivo de arreglar con el juez principal del caso lavado de activos. 

De Ramírez dijo que facilitó, a cambio de dinero, privilegios penitenciarios para Norero, como el ingreso de colchones ortopédicos desde la misma noche que fue detenido, o el que permanezca en la cárcel de Latacunga en vez de enviarle a una cárcel de Guayas. Según la Fiscalía, fue Garzón la que sirvió de nexo entre Ramírez y Norero. 

Toainga aseguró que se ha demostrado el cometimiento del delito más allá de la duda razonable. 

Al cierre de esta jornada, dos procesados alcanzaron a presentar sus alegatos de cierre: Novillo y Terán. A su turno, el expresidente de la Judicatura dijo haberse dado cuenta de que su misión en el juicio era luchar contra todo ejercicio opresor. «Con mentiras no se puede acusar a un inocente», aseguró y agregó que la Fiscalía no ha logrado probar nada de lo que le acusa y que es deber del Tribunal fallar con base en las pruebas presentadas. Exigió que en la sentencia que dicte el Tribunal se le ratifique su estado de inocencia.

La audiencia se suspendió hasta mañana para retomar los alegatos finales del resto de procesados.

Fase previa 

Hasta ayer las partes procesales presentaron sus pruebas de cargo y de descargo. Durante 18 días, el fiscal subrogante convocó a 33 testigos y peritos, e incluyó 73 pruebas documentales. Entre ellas fotos, audios e imágenes extraidos de los celulares de Norero.

Los abogados de los procesados en los contra interrogatorios trataron de desvirtuar esas pruebas y presentaron sus propias pericias y documentos de descargo. 

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