Sobre una supuesta participación de agentes estatales en la desaparición, la Fiscalía asegura que no hay evidencia. Aunque la entidad mantiene abierta la búsqueda de manera indefinida, la madre de Romo, Alexandra Córdova, lo ve como “un intento de sepultar la verdad”.
POR: Juan Camilo Escobar
Un juez de garantías penales de Pichincha deberá pronunciarse en los próximos días sobre un pedido de la Fiscalía para archivar la investigación por presunta desaparición forzada en el caso de David Romo, un estudiante universitario quiteño que fue visto por última vez el 16 de mayo de 2013.
Este proceso específico surgió tras una demanda de la madre de Romo, Alexandra Córdova, que apuntaba a una posible participación de agentes estatales en la desaparición de su hijo y, posteriormente, el ocultamiento de información sobre el tema. Según la Fiscalía, no se ha logrado probar esta supuesta participación de agentes estatales en la desaparición y la entidad ha aclarado que la investigación relacionada con la búsqueda y localización de Romo sigue abierta de manera indefinida.
El requerimiento fiscal, suscrito por el agente Polibio Meneses, sostiene que existe un “error insubsanable” en el proceso. La solicitud, sin embargo, ha sido duramente cuestionada por la madre del joven, Alexandra Córdova, quien considera que el archivo implicaría un cierre injustificado del caso.
“El pedido representa un intento de sepultar la verdad y cerrar la posibilidad de justicia”, declaró Córdova en una rueda de prensa, junto a representantes del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Pichincha.
Córdova se presentó “como madre, ciudadana y víctima directa de una grave violación de derechos humanos que ha permanecido en la impunidad durante 12 años”. Añadió que, en este tiempo de lucha por hallar a su hijo, buscar la verdad y exigir justicia, ella y su familia han enfrentado “procesos dolorosos, con trabas, negligencias e irregularidades por parte del Estado ecuatoriano”.
“Mientras David Romo Córdova no aparezca, este caso no puede ni debe cerrarse. No es un delito común. Es una desaparición forzada, posiblemente con la participación o tolerancia de agentes estatales. Esto exige una investigación seria, imparcial y profunda, como lo establece nuestra Constitución y los estándares internacionales”, agregó.
Recordó que, años atrás, cuando el caso estuvo a cargo de la fiscal Gina Torres, de la Comisión de la Verdad, esta se negó a archivarlo pese a múltiples solicitudes del entonces ministro del Interior, José Serrano.
El abogado de la familia, Álex Bonifaz, calificó la solicitud como “abiertamente improcedente”, argumentando que se trata de un caso extraordinario, de lesa humanidad, en el que no puede operar el archivo por la gravedad de los hechos y la falta de esclarecimiento, al tratarse de la pérdida de una vida humana.
“No se ha hecho ninguna investigación sustancial y aún así se plantea cerrar el caso. Esta defensa ha impulsado 13 diligencias para reconstruir los hechos, pero la Fiscalía no ha dado seguimiento. No hay contraste de versiones, ni línea investigativa, ni hipótesis. El fiscal Meneses no ha actuado desde hace dos años”, afirmó Bonifaz.
El abogado recordó también que el 29 de noviembre de 2024 solicitó formalmente que la Fiscalía esclarezca hechos claves. Entre ellos, el trayecto de Romo la noche de su desaparición. “La Universidad nos confirmó que estuvo en clases. Salió a las 20:45, rumbo a su domicilio. Desde entonces, se pierde su rastro entre el campus y la Mitad del Mundo. Dicen que abordó un bus, pero no identifican cuál. Los conductores niegan haberlo visto. Solicitamos el rastreo de la última llamada a su madre, pero no se ha ejecutado y ahora pretenden desviar la atención con otro número que no era suyo”, denunció.
Hasta el cierre de esta edición, Bonifaz no había sido notificado sobre qué juez asumirá el conocimiento del pedido de archivo. La asignación está a cargo de la Sala de Sorteos de la Unidad Judicial Penal de Pichincha.
Inicialmente, la causa fue remitida al juez Telmo Molina, quien se excusó de actuar, alegando que ya conoció el caso durante la etapa intermedia del proceso. Esto, porque el 14 de mayo de 2018 Molina acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio contra seis personas procesadas por el presunto asesinato de Romo.
“Este juzgador actuó durante toda la etapa intermedia y emitió el auto de llamamiento a juicio en la audiencia del 14 de mayo de 2018”, señala su excusa, en la que invoca el artículo 572, numeral 6, del Código Orgánico Integral Penal, que establece como causal de excusa haber resuelto en otra instancia la misma causa o una conexa.
Esta causa, cuya terminación pide la Fiscalía, inició el 2 de octubre de 2018, a raíz de una denuncia presentada por Córdova, en contra de varios funcionarios del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Policía Nacional. La denuncia alegaba una posible desaparición forzada, delito tipificado en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que implica la privación de libertad por parte de agentes del Estado, seguida de la negación de información sobre el paradero de la víctima, lo cual impide el acceso a sus derechos y garantías.
No obstante, según la Fiscalía, esa hipótesis no ha podido ser corroborada tras varios años de investigación. “No se ha podido establecer la privación de la libertad de David Romo por parte de agentes estatales, seguida de la negativa o falta de información, y que dicha privación de libertad haya generado un impedimento al acceso a derechos y garantías constitucionales o legales”, indica el comunicado oficial difundido ayer, 27 de mayo.
Así, la Fiscalía señala que, con base en esta conclusión, y conforme al artículo 587 del Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía ratifica que ha solicitado el archivo del expediente, decisión que aún se encuentra en trámite.
A pesar de esta solicitud de archivo, la Fiscalía señala que la investigación relacionada con la búsqueda y localización de David Romo permanece abierta de forma indefinida, en cumplimiento del artículo 581.3 del COIP, que prohíbe cerrar las investigaciones por desaparición hasta que la persona aparezca o existan elementos suficientes para imputar a un responsable.
La institución también asevera que esta causa se rige por los estándares internacionales aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, los cuales seguirán guiando las actuaciones de la FGE en la búsqueda de verdad y justicia para la familia Romo Córdova.
Contexto
David Romo desapareció el 16 de mayo de 2013, cuando tenía 20 años y regresaba a su hogar en el norte de Quito tras asistir a clases en la Universidad Central. Desde entonces, su caso ha estado marcado por múltiples investigaciones, cambios de hipótesis y reclamos de negligencia por parte de su familia y organizaciones de derechos humanos.
Además de la causa actualmente en trámite de archivo, existió una investigación previa sobre el robo del teléfono celular de Romo, la cual concluyó con una sentencia condenatoria.
La madre del joven ha reiterado durante años su pedido de justicia y verdad, señalando irregularidades en el proceso investigativo y exigiendo que no se cierre ninguna vía hasta esclarecer completamente los hechos.
Plantón
Familiares y amigos de desaparecidos realizaron este mediodía un plantón pacífico frente al Palacio de Carondelet para exigir al Estado una respuesta en la búsqueda de sus seres queridos.
Los manifestantes portaban fotografías, pancartas y velas, como símbolo de resistencia y exigencia de justicia. La concentración se desarrolló de manera pacífica y estuvo acompañada por organizaciones de derechos humanos que denunciaron la falta de avances en las investigaciones.
“Estamos aquí para pedir al presidente Noboa que se reúna con los familiares, que somos las víctimas indirectas, que no nos escucha un Estado que nos ha fallado”, señaló la presidenta de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas, Lidia Rueda.
La representante dijo que “son 5.000 casos de desapariciones que el Estado no da una respuesta”.
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