La Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos para financiar la campaña presidencial de 2023 y esta madrugada allanó la vivienda de Luisa González y otros inmuebles en Pichincha y Guayas.
La Fiscalía General del Estado informó que, esta madrugada, ejecutó allanamientos en cuatro inmuebles de Pichincha y Guayas como parte de una investigación penal por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, vinculada al financiamiento de la campaña presidencial de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana.
Entre los inmuebles intervenidos consta la vivienda de Luisa González, excandidata presidencial, según confirmó el Ministerio Público. En este caso, denominado “Caja Chica”, la Fiscalía indaga un supuesto esquema de ingreso de fondos de origen ilícito desde Venezuela para financiar actividades proselitistas durante el proceso electoral.
La Fiscalía mantiene bajo investigación a ocho personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa; su exbinomio presidencial Andrés Arauz; el asambleísta Patricio Chávez; la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur; los exministros de Finanzas Fausto Herrera y Patricio Rivera; así como la abogada Bibian Hernández, además de González.
La reacción de la Revolución Ciudadana
El líder del correísmo y expresidente Rafael Correa, reaccionó a través de su cuenta en X, donde publicó la notificación de la Fiscalía, y cuestionó el origen del proceso, al señalar que la investigación se abrió tras una denuncia presentada bajo reserva en noviembre de 2025.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ambos cercanos al correísmo, cuestionaron públicamente el operativo fiscal y señalaron que el sistema judicial estaría siendo utilizado con fines políticos contra la oposición.
“Ya basta de politizar la justicia y judicializar la política”, escribió Muñoz en su cuenta de X, donde expresó su “plena solidaridad” con González y con otros militantes del movimiento investigados. Según el alcalde capitalino, el proceso no busca “verdad ni justicia”, sino “intimidar y silenciar a la Revolución Ciudadana”, en medio de lo que calificó como múltiples crisis nacionales no atendidas por el Gobierno.
A su vez, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, comentó que mientras existen casos de presunto desvío de fondos públicos por más de 200 millones de dólares, “siguen persiguiendo a los opositores”. Álvarez envió un mensaje de respaldo directo a González y a quienes, a su criterio, integran una “lista de perseguidos”.
