Después de varios intentos fallidos, se instaló audiencia preparatoria de juicio por presunto tráfico de influencias. Salazar aseguró que «es un peligro procesal» que la vocal Barreno siga en libertad. Todos los procesados fueron acusados.
La fiscal general, Diana Salazar, solicitó al juez nacional Walter Macías que dicte prisión preventiva en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del proceso que se sigue en la Corte Nacional de Justicia por presunto tráfico de influencias.
En el marco de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, Salazar emitió su dictamen acusatorio en contra de Barreno y de Juan José Morillo, también vocal de la Judicatura, en calidad de coautores; y en contra de Vladimir Jhayya, juez de la Corte Provincial de Pichincha, en calidad de cómplice.
En su dictamen acusatorio solicitó al juez que llame a juicio a los tres procesados y que oficie al Consejo de Participación Ciudadana y a la Judicatura que proceda a la remoción de los mencionados funcionarios.
Manifestó que, como medidas cautelares, se ratifiquen las que están vigentes en contra de Morillo y Jhayya, es decir, la presentación periódica ante autoridad competente y la prohibición de salir del país, ya que no han incidentado el desarrollo de las etapas procesales.
Sin embargo, dijo que esas medidas cautelares no son suficientes para Barreno, ya que, a largo de este proceso, ha demostrado su intención de entorpecer el normal desarrollo del caso. «Es un peligro procesal que siga en libertad», manifestó Salazar. Recordó que Barreno obtuvo de la Teniente Política de Nayón una medida de protección a su favor por violencia de género contra la Fiscal, lo que demuestra, para ella, que la vocal de la Judicatura está dispuesta a todo para evitar el accionar de la Justicia.
En el mismo sentido solicitó medidas de protección para diferentes personas, entre ellos para funcionarios de la Fiscalía y de la Sala Penal de la Corte, para evitar que sean sancionados por la Judicatura como acto de persecución por estar investigando a sus vocales.
La audiencia, hasta el cierre de esta nota, continuaba en la Corte Nacional de Justicia, con la intervención de los abogados de los procesados, que solicitaron a Macías que dicte auto de sobreseimiento, ya que aseguraron que la Fiscalía no se ajustó a los hechos.
Según los defensores, la Fiscalía ha tratado de convertir este caso en mediático.
Macías deberá resolver si llama o no a juicio y si dicta prisión preventiva contra Barreno o si le permite defenderse en libertad.
El antecedente
Al quinto intento se instaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia preparatoria de juicio por el presupuesto delito de tráfico de influencias, que se sanciona con prisión entre tres y cinco años.
Los vocales de la Judicatura y el juez provincial están acusados de presionar para que se dé paso a una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori, con el objetivo de mantenerse en el cargo.
Diferentes pedidos o recursos interpuestos en cuatro ocasiones anteriores, tanto por los procesados como por la fiscal Salazar, habían impedido que está audiencia se instalara.
Esta vez, el juez Macías instaló la audiencia sin más dilación, como lo había ofrecido la semana pasada. Sin embargo, la jornada transcurrió en medio de la expectativa de cuánto duraría esta audiencia, ya que está en proceso de análisis una solicitud de recusación presentada por Barreno en contra de Macías, que aún no ha sido resuelta y podría afectar el desarrollo de la misma.
La audiencia
La primera parte de esta diligencia se centró en analizar la validez procesal. Los abogados de Barreno y de Morillo solicitaron al juez que declarara la nulidad de lo actuado desde el cierre de la instrucción fiscal. Según Julio Vasco, abogado de Morillo, hay vicios de procedimiento, con lo que se violó el derecho a la defensa. Indicó que la Fiscalía declaró el cierre de la instrucción fiscal sin tomar en cuenta que había pedidos no despachados. Por ejemplo, que se llamara a rendir versión a Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea.
En el mismo sentido se pronunció Christopher Gallegos, abogado de Barreno, quien también solicitó se declare la nulidad procesal con base, según su criterio, en que hubo tres vicios de procedimiento. Entre ellos, que a su defendida, al inicio del proceso, no se le permitió contar con una defensa técnica y que la instrucción fiscal se cerró antes del plazo previsto, cuando había petitorios pendientes.
Sólo Jesús López, abogado de Jhayya, no puso reparos al desarrollo de la audiencia.
Por su parte, Salazar, durante su intervención, dijo que se despacharon 31 escritos presentados por los abogados y que todos ellos fueron atendidos, por lo que no quedaron diligencias pendientes y que es su potestad cerrar antes del plazo la instrucción fiscal.
Sobre Virgilio Saquicela dijo que fue notificado para que acudiera a rendir su versión, pero que no lo hizo y que, al estar de candidato a asambleísta, no se le podía obligar a asistir por medio de la fuerza pública, pero que no se oponen a que sea llamado como testigo en caso de darse la audiencia.
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