En Facebook se viralizó una foto que muestra a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, asegurando que ha “recibido ‘recomendaciones’ para dejar de investigar a asambleístas”. Incluye la descripción “las amenazas de juicio político a la ministra fiscal general, no la amedrentan, ella continuará firme en su lucha contra la corrupción”. Si bien Salazar sí dijo que había recibido ‘recomendaciones’, lo hizo en junio de 2020. 

«He recibido ‘recomendaciones’ para dejar de investigar a asambleístas, ante la amenaza de un juicio político. Si me tengo que ir, me iré con la frente en alto, haciendo el trabajo que se debe hacer», dijo Salazar el 5 de junio de 2020 en una entrevista con TVC Ecuador. 

En febrero de 2021, el Partido Social Cristiano (PSC) advirtió que llevaría a juicio político a Salazar y al contralor Pablo Celi (quien se encuentra en prisión por el caso Las Torres). Para el partido, las autoridades habrían querido “afectar la institucionalidad democrática” al “intervenir de manera directa e indirecta” en el proceso electoral. 

César Rohon, entonces jefe de bloque del PSC (y actual asambleísta independiente), dijo en entrevista en Fm Mundo que los pedidos de auditoría de Contraloría y Fiscalía al sistema informático de escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) afectan el desarrollo electoral.  

Además, Salazar dijo que recibió amenazas porque la Fiscalía realizó allanamientos y capturas en operativos de investigación de casos de corrupción. 

Solo en junio, la Fiscalía formuló cargos en contra del exasambleísta Daniel Mendoza y otras seis personas por presunta participación en el delito de delincuencia organizada en el caso Pedernales. Así mismo, a funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) por su presunta participación en el delito de peculado. Y procesó al expresidente Abdalá Bucaram por presunto tráfico de armas y municiones.