Es muy posible que las fechas del desarrollo de los dos procesos coincidan. La Presidenta de la Comisión de Fiscalización anticipó que si Diana Salazar no acude a la interpelación, podría ser juzgada en rebeldía.

La Comisión de Fiscalización concluyó con la presentación de pruebas documentales y testimoniales dentro del proceso de sustanciación del juicio político que se cumple en contra del exministro del Interior, Juan Zapata, por presunto incumplimiento de funciones. De no solicitarse una prórroga, el informe en el que se recomiende o no su censura estaría aprobado hasta el viernes de la próxima semana, a nivel de la Comisión.

Una vez cumplido ese requisito, Fiscalización podrá avocar conocimiento e iniciar el tratamiento de la solicitud de interpelación presentada en contra de la fiscal Diana Salazar, impulsado por la bancada correísta a través de su legisladora, Gissela Garzón.

El desarrollo del proceso político contra la Fiscal podría coincidir, en lo penal, con el inicio de la audiencia preparatoria de juicio en el caso ‘Metástasis’, donde hay 52 procesados por delincuencia organizada.

Para la asambleísta del correísmo Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, si el juicio político a Salazar coincide con el desarrollo de la audiencia en el caso ‘Metástasis’, la Fiscal deberá tomar la decisión de a cuál asistir.

Aguirre aseguró que de acuerdo a la Ley de la Función Legislativa, tiene máximo cinco días para poner en conocimiento de los miembros de la Comisión la solicitud de juicio político. “No puedo vulnerar el debido proceso que significa cumplir los tiempos exactos que constan en la Ley de la Función Legislativa. Si los dos temas se llegan a cruzar, la Fiscal tendrá que decidir, es un tema personal de ella”, dijo Aguirre. Advirtió, además, que de no asistir a Fiscalización, Salazar podría ser juzgada en rebeldía.

En el caso ‘Metástasis’ se investiga una red estructurada de corrupción ligada al narcotráfico, que incluye a jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y políticos.

El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, fijó para el 3 de junio a las 09:00 la audiencia preparatoria de juicio, en las instalaciones de la Corte, donde se analizará la validez del proceso penal. La Fiscalía anunciará las pruebas recopiladas en la investigación y presentará la acusación por cada uno de los 52 procesados con su grado de participación en el delito; por su parte el juez deberá decidir si los llama o no a juicio.

Para el asambleísta del oficialismo Ramiro Vela, también integrante de Fiscalización, de coincidir los tiempos debería ser el Consejo de Administración de Legislativa (CAL) el que determine lo que procede, ya que como Comisión están sujetos a evacuar las solicitudes de interpelación en el orden que les envió esa instancia.

El juicio político a Zapata

De los cinco testigos solicitados por el interpelante, asambleísta Carlos Vera Mora (PSC), para la presentación de testimonios en contra del exministro del Interior, solo asistió el comandante general de Policía, César Zapata. No acudieron el ministro de Economía, Juan Carlos Vega; el exministro Pablo Arosemena; el excomandante de Policía, Fausto Salinas; ni la actual ministra del Interior, Mónica Palencia, quien envió a una delegada.

Carlos Vera Mora y César Zapata intervinieron vía telemática, esta tuvo muchas fallas de conexión. El tema fue básicamente las estadísticas de muertes violentas en el 2023, durante la gestión del exministro del Interior. Mientras que Aguirre trató de obtener del Comandante de Policía opiniones que demuestren la presunta mala gestión del exfuncionario como: ¿Qué debía hacer el exministro para evitar el asesinato de 76 policías en el 2023? ¿Por qué no se ejecutó todo el presupuesto al Ministerio del Interior? ¿Si consideraba que incumplió sus funciones? Fueron algunas preguntas de Aguirre.

El Comandante respondió que son temas que debían preguntarle al interpelado, a los que ejercían el mando el año pasado, que él no podía responder sobre la gestión de otros funcionarios. Aguirre inclusive trató de sorprender y conseguir un argumento sólido y dramático contra la gestión Juan Zapata. Por eso le preguntó al Comandante si en sus 35 años de carrera recordaba el que se haya dado un magnicidio como el de Fernando Villavicencio.

La jugada le salió mal a la asambleísta, ya que el Comandante le respondió: “Claro que sí”. Y mencionó el asesinato en 1978 de Abdón Calderón Muñoz, y de Jaime Hurtado en 1999, los dos excandidatos presidenciales en su momento.

Por su parte, Vela pidió a la secretaría de la Comisión que se certifique si se había notificado a Juan Zapata, ya que el exfuncionario ha asegurado en algunos medios de comunicación que no ha sido notificado del proceso de interpelación, por lo que no se le está garantizando el derecho a la defensa ni al debido proceso. Secretaría informó que se le notificó desde el 17 de abril a los correos electrónicos del exfuncionario.

Aguirre aseguró que Juan Zapata es juzgado en rebeldía, ya que no ha presentado pruebas de descargo.

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