El presidente del Consejo de Participación Ciudadana indicó que en los próximos días se hará la convocatoria para integrar la Comisión Ciudadana de Selección, encargada del desarrollo del concurso.
POR: Hugo Constante
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, informó que a inicios de julio comenzará el concurso de méritos, oposición e impugnación para elegir al Fiscal General del Estado, una vez que se aprobaron las reformas al reglamento. El primer paso será la convocatoria para integrar la Comisión ciudadana de 10 personas, que es la encargada de desarrollar el proceso de selección. La Comisión deberá estar integrada por cinco delegados de cada una de las Funciones del Estado y por cinco miembros de la sociedad civil escogidos por sorteo entre los 30 candidatos mejor calificados.
Fantoni aseguró que el reglamento para la selección de la autoridad de la Fiscalía tiene el aporte de varios sectores, como la Federación Nacional de Abogados y de los Colegios de abogados a escala nacional. “Esta es una gran cruzada, para poder tener la autoridad que se merece el país a través de una reglamento fortalecido por la academia”, dijo el presidente del Consejo.
En la reforma al reglamento se eliminó la prohibición de la participación de abogados que hayan defendido o patrocinado a procesados por 36 delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, manifestó que esa prohibición se eliminó, ya que se debe garantizar el derecho de participación. Añadió que el Fiscal General es la autoridad más importante del país por lo que es necesario que el concurso de selección garantice su probidad. “Lo importante va a ser la Comisión de selección porque de ellos va a depender la transparencia del proceso del concurso. Por eso es necesario que la gente tenga interés en participar”, afirmó.
Los criterios jurídicos
Pamela Aguirre, abogada penalista, aseguró que una de las mayores falencias que tiene la Constitución es la normativa referente a la designación de autoridades ya que ha llevado a fracasar a la institucionalidad. “Estamos en un momento en que la institucionalidad depende mucho de la voluntad de las personas, cuando en un Estado de derecho tiene que sobrevenir la institucionalidad a las personas”, dijo Aguirre. Para la penalista, elegir un buen fiscal depende mucho de la Comisión de selección, cuyos integrantes deben dominar el derecho penal. “No se puede permitir que los miembros de la Comisión no conozcan derecho penal, derecho procesal penal, de derecho humanitario y de derecho constitucional. De lo contrario tendremos a ciegos guiando a tuertos y eso no nos podemos permitir”, indicó. Añadió que los miembros de la Comisión deberían llenar una declaración de conflictos de intereses.
María del Mar Gallegos, penalista, aseguró que la próxima persona que dirija la Fiscalía debe ser una persona que no sólo tenga conocimiento teórico del derecho penal y sus ramificaciones, sino que las haya ejercido en la práctica ya que si bien lo teórico es importante, se necesita además que esa persona sepa cuáles son las fallas del sistema, cuáles son sus vacíos. “Hay una cuestión que puede ser no medible, pero que es fundamental para ocupar el cargo de Fiscal General de la nación y es la parte ética, que tenga un perfil y una hoja de vida intachable”, dijo Gallegos.
Aseguró que la Fiscalía no actúa solo en materia penal, sino que también es una institución política, por lo que es necesario que quien la dirija tenga una hoja de vida impecable.
El rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño, aseguró que el cargo de Fiscal General es el más importante de la administración pública, ya que desde espacio se impulsan los procesos, las investigaciones en nombre de los ciudadanos y precautelando sus intereses para “borrar del mapa” toda actitud que raya en la ilegalidad, en la corrupción y en el abuso de poder por lo que el proceso para su designación tiene que cumplirse con total transparencia.
Tanto Fantoni como los especialistas en materia penal participaron en un foro organizado por la Universidad Andina, el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Participación Ciudadana denominado ‘La academia y su papel decisivo en el concurso de Fiscal General del Estado’.
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