A más de un mes del anuncio oficial de la reapertura del catastro minero, el Gobierno aún no define el mecanismo de entrega de concesiones.
POR: Juan Camilo Escobar
A poco más de un mes de la reapertura parcial del catastro minero para minería no metálica a pequeña escala, persiste la incertidumbre en el sector sobre los mecanismos que regirán la adjudicación de nuevas concesiones.
Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) no han informado públicamente sobre las reglas que se aplicarán en esta fase inicial, mientras se proyecta ampliar el proceso en septiembre para minería metálica de pequeña escala y, hacia finales de año, para todos los regímenes.
Desde el sector privado, representantes gremiales y analistas advierten que la falta de definiciones podría restar impulso a la decisión del Gobierno de reactivar el catastro, cerrado desde 2018.
La presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, expresó la preocupación del sector ante la falta de lineamientos claros sobre la forma de adjudicación. “No sabemos cuál va a ser el mecanismo de adjudicación de las concesiones. En el pasado se utilizó un mecanismo llamado Swiss Challenge, que es una especie de subasta para concesiones futuras, para inversiones futuras. Eso en el pasado”, señaló.
Silva agregó que hay conocimiento de la participación técnica de organismos multilaterales, pero aún sin mayor detalle sobre el modelo que se adoptará. “Entendemos que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, están colaborando con eso. No se ha anunciado el framework, el marco, el mecanismo de trabajo… pero no tenemos los detalles de cómo se van a venir”, indicó.
También explicó el funcionamiento general del catastro como herramienta de ordenamiento y planificación. “El catastro es un portafolio, es como tu estante, es como una vitrina de un almacén… En Ecuador no se pueden hacer actividades mineras en áreas protegidas, en centros urbanos y en zonas intangibles. Quitando esas tres categorías, te queda el resto del país. No todo tiene prospectividad minera”, precisó.
Sin embargo, Silva advirtió sobre un obstáculo crítico: el alto costo por hectárea de las tasa minera en el país. Recordó que mientras en Chile el costo por hectárea es de USD 3 y en Perú de USD 4,5, en Ecuador —donde ya era de USD 11— ahora se proyecta entre USD 150 y 200.
“Eso realmente nos saca del mercado”, aseguró. “Por eso alertamos tanto de cómo esta tasa puede matar la exploración”.
Por su parte, Franklin Eduardo Soria, abogado del Observatorio de Política Minera y director de la agencia de prensa minera, coincidió en destacar la importancia de la reapertura del catastro, pero advirtió sobre un factor que podría afectar la eficacia de la fase inicial del catastro minero, como es clima de incertidumbre entre empresarios del sector minero no metálico sobre la tasa minera.
“Esto implica que el Gobierno debería corregir, revisar esta tasa minera, de manera que la acertada decisión de haber aperturado el catastro minero, a diferencia de los gobiernos anteriores que no lo hicieron, no se vea empañada”, señaló.
Soria subrayó que una apertura efectiva del catastro, acompañada de reglas claras y condiciones competitivas, podría ser una vía concreta para dinamizar la economía nacional:
Riesgos ambientales y falta de control
Desde el frente ambiental, la apertura del catastro también genera preocupaciones. El biólogo y especialista en sistemas de gestión ambiental Paúl Paredes comentó sobre las implicaciones ecológicas y regulatorias que puede conllevar el nuevo proceso, si no se establecen garantías mínimas de transparencia, selección técnica y fortalecimiento institucional.
“Ahora, en la parte ambiental, ¿qué significa para el ambiente que vuelva esta posibilidad de apertura a las concesiones? Ahí debe haber bastante alteración al medio. El problema es saber que estas concesiones mineras son entregadas a empresas con responsabilidad social y ambiental. Y eso es algo que yo lo dudo desde el punto de vista técnico”, expresó.
Según Paredes, la reapertura ocurre en un contexto de debilidad de las instituciones de control ambiental en materia minera, especialmente de la Arcom. “La Arcom no tiene la capacidad técnica tampoco para hacer inspecciones a las concesiones que ya están activas. Entonces, si no hay primero un plan con unas directrices claras de cómo va a ser el fortalecimiento a las entidades que hacen la regulación, no sirve de nada. Al no tener un control adecuado de esa contaminación, no va a servir de nada, va a existir contaminación”.
Además, cuestionó la falta de trazabilidad sobre los proponentes de nuevas concesiones: “No se ha hecho el trabajo necesario para tener claro el catastro minero e identificar cuáles son los proponentes, si vienen de la procedencia de los proponentes. Y para el ambiente, sería un golpe fuerte porque no se sabe qué tipo de empresas están detrás de esto”.
Al anunciar la reapertura del catastro minero, en junio, el Gobierno dijo que el objetivo es duplicar el área concesionada de 1,6 a 3,2 millones de hectáreas. Así, aseveró que el proceso exigirá experiencia previa a los solicitantes y dará prioridad a la Empresa Nacional Minera (Enami). Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió que intensificará su resistencia a los proyectos extractivos, reforzando las guardias comunitarias y la defensa de territorios ancestrales y fuentes hídricas.
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