La candidata presidencial por el Partido Social Cristiano hace alusión a las resoluciones y al camino legislativo recorrido por el oficialismo en relación a la problemática de las drogas.
Viteri, en este contexto, publicó algunos trinos:
El origen del problema que metió la droga en los hogares ecuatorianos fue una ley que aprobó la mayoría correísta en la Asamblea.
— Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) 31 de octubre de 2016
Muchas madres me han pedido no solo centros de rehabilitación ante la droga sino capacitarse ellas para rescatar a sus hijos.
— Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) 31 de octubre de 2016
En el devenir del debate público sobre drogas, ECUADORCHEQUEA identifica cuatro hitos que suscitaron amplios debates.
Uno: la Constitución de 2008 introduce un punto de inflexión en la problemática socioeconómica de las drogas. El artículo 364 indica que los casos de tenencia y consumo deben ser canalizados como asuntos de salud pública.
Dos: en 2013, el antiguo Consep acogió un informe del Ministerio de Salud Pública y estableció la tabla de cantidades máximas admisibles para tenencia y consumo de drogas.
Tres: el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 220, determinaba pena de entre dos y seis meses de prisión a quienes porten drogas en mínima escala y de entre uno y tres años a quienes lo hagan en mediana escala. Sin embargo, el Presidente de la República exigió un endurecimiento de las penas so pretexto de luchar contra el microtráfico.
Cuatro: tal exigencia incidió en la elaboración de la Ley Orgánica de Prevención Integral de Drogas, aprobada en la sesión 347 de la Asamblea Nacional, en septiembre de 2015, y que entró en vigencia el 28 de octubre de 2015. En este cuerpo legal, para mínima escala, por ejemplo, la pena creció: prisión preventiva y entre uno y tres años de prisión.
En la sesión 347, de acuerdo con el seguimiento del Observatorio Legislativo, la asambleísta Viteri envió a su asambleísta alterno, pero en los informes de la sesión no se registra su voto… Esta es una de las 81 votaciones en las cuales la asambleísta socialcristiana estuvo ausente; en 146 envió a su suplemente y en 195, de un total de 422 votaciones, la legisladora sí estuvo en el complejo legislativo.
El enunciado de Cynthia Viteri riñe con el registro histórico. La prevalencia del consumo ha ido creciendo geométricamente desde antes de 2013. Así, por ejemplo, la tasa de consumo de cualquier droga ilícita pasó del 12,9 por ciento en 1998 al 21,5 por ciento en 2005, según los datos de la Segunda Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas.
En la Cuarta Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas, efectuada a estudiantes entre 12 y 17 años, la prevalencia de vida subió al 27,8 por ciento en el ámbito nacional. En este mismo estudio se desprenden cifras que llaman la atención: las relacionadas con el uso de cocaína, por ejemplo, como se muestra en la tabla siguiente:
PUNTO DE VISTA
Daniel Pontón / Investigador en temas de seguridad, crimen organizado y narcotráfico
La generación de miedos también genera votos
Podemos entender el porqué la oposición está haciendo del tema de las drogas un derrotero para apuntalar la campaña. Este Gobierno, de entrada, trató de imponer una impronta progresista frente a la problemática, mediante la generación de ciertos mecanismos institucionales paliativos que ayuden a contrarrestar los efectos del fenómeno. Así, frente a los encarcelamientos masivos de las ‘mulas’ del narcotráfico se propuso el indulto. Pero a la larga prevaleció una lógica punitivista.
Luego se constituyeron las tablas de tenencia y consumo, pero con bastante retardo, pues el tema de las drogas, y los temas de seguridad en general, nunca fueron una prioridad programática del Gobierno. Y si bien se introdujeron elementos progresistas, no se realizó una transformación profunda. La prueba es que a los ocho años de haberse aprobado la Constitución, en cuyo artículo 364 se indica que la problemática debe ser enfocada como un asunto de salud pública, recién se promulga una nueva ley de drogas.
El pragmatismo político, no obstante, gana la partida a los Estados frente a dinámicas de altísima sensibilidad social. Por eso, el Gobierno en 2015 tuvo que hacer un viraje a sus acciones, con una visión similar a la que se perpetuó durante 20 años con la antigua Ley 108. Y la Secretaría Técnica de Drogas sigue siendo un ente más orientado hacia el control que a la prevención.
Los actores políticos, sin embargo, deben encarar qué van a hacer con temas que no son debatidos, como el control de la demanda, los tratamientos, la prevención. El otro camino es el punitivismo: un generador de miedos en la sociedad y, por ende, un generador de votos.