Luis Losada Pescador, director de campañas de Citizen Go (colectivo ultraconservador creado en España en 2013) hizo un video en que anuncia que la Corte Constitucional (CC) del Ecuador acogió un recurso presentado por la comunidad LGBTI «para pedir el cambio de sexo de menores de edad».
Según el representante de la organización española, en Ecuador «un niño de 11 años está siendo utilizado por el lobby homosexual para pedir y exigir que le permitan cambiar su sexo, o sea amputarle sus órganos sexuales». La realidad es que ni el menor tiene 11 años, sino 9; ni el pedido realizado a la Corte tiene que ver con la castración.
Efectivamente, la Sala de Selección de la magistratura ecuatoriana, integrada por los jueces Ramiro Ávila, Daniela Salazar y Teresa Nuques -quien votó en contra-, acogió el 14 de agosto de 2020 la acción de protección presentada por los padres de un menor de edad «quienes solicitaron la marginación en la inscripción de nacimiento de su hija con el cambio de nombre de masculino a femenino, con el que se autoidentifica».
La marginación en un documento como la inscripción de nacimiento o de matrimonio, es una nota que registra una novedad o corrección en dicho documento después de haber recibido una autorización judicial. Por ejemplo, una sentencia de divorcio lleva a la marginación en la inscripción de matrimonio. En este caso, si la Corte Constitucional (CC) se pronuncia a favor de la constitucionalidad, se haría la marginación en la inscripción de nacimiento, cambiando el nombre de masculino a femenino.
La CC explica que «la Sala de Selección escogió este caso para el desarrollo de jurisprudencia por su gravedad y novedad, pues la Corte Constitucional no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del reconocimiento de la niñez trans, y del ejercicio de los derechos específicos de niñas, niños y adolescentes, según su edad».
El caso tiene antecedentes luego de que en noviembre de 2018 Amada pasó a la historia como la primera niña trans que consiguió que su nombre vaya acorde con su identidad de género en el Registro Civil de Quito.
Otro caso emblemático es el del manabita Bruno Paolo, quien en mayo de 2017 logró que la Corte Constitucional dictara sentencia para que en la inscripción de nacimiento, no solo en la cédula de identidad, se ubique el cambio de sexo de femenino a masculino.
