REDACCIONES ECUADOR CHEQUEA Y LA BARRA ESPACIADORA

Los legisladores evitaron los temas urgentes para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional, y volvieron a dedicarse a sus creencias.

El segundo debate sobre la Ley que normará la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, despenalizada desde abril del año anterior, se cumplió sin mayores aportes para mejorar el articulado y con más criticas que apoyo al informe de mayoría, que elaboró la Comisión de Justicia. 

La sesión reflejó la falta de votos para aprobar la normativa, o, al menos, que será difícil lograr los 70 necesarios. Fue un debate que derivó en creencias religiosas personales, invocaciones a Dios, en algunos casos, y citando la Biblia, en otros.   

De los 46 asambleístas que intervinieron, 17 se mostraron a favor de aprobar la normativa, de garantizar los derechos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual, de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional.

Además, reconocieron que la despenalización del aborto está vigente y que a la Asamblea le corresponde solamente aprobar la normativa que regule su procedimiento.

Otros 29 rechazaron, no sólo los térmicos del informe, sino en algunos casos aseguraron que se busca promover el aborto libre y “masivo”.

Dijeron que la Corte Constitucional no tiene competencia para exigir a la Legislatura que apruebe una ley; y, en casos más extremos, negaron toda posibilidad de aprobar una Ley en ese sentido.

Sus argumentos: que no serán cómplices de un “asesinato”, que no son criminales, e inclusive que hace falta un proyecto de planificación familiar, o del uso de anticonceptivos, para evitar los abortos.

Discursos a favor y en contra 

Quienes se oponen al proyecto de Ley trataron de llevar el debate hacia aspectos sin relación con lo que se debe normar: el procedimiento para acceder al aborto por violación.

Así, cuestionaron que no conste la obligación de denuncia por parte de la víctima de violación. Sugirieron que el violador quede sin sanción, en la impunidad. Por ejemplo, Luisa González (UNES) aseguró que se pretende dejar al agresor en libertad, inclusive para que vuelva a delinquir. 

Pero Gruber Zambrano (independiente) le recordó a González que la violación es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y mencionó que la sanción tiene su propio procedimiento en esa Ley. Tal como lo estableció la verificación realizada por Ecuador Chequea y el medio digital Indómita. 

Por su parte, María Aquino sugirió que quienes apoyan la normativa deberían apoyar también la pena de muerte a los violadores, pronunciamiento que fue respaldado por María Fernanda Astudillo (UNES).

La Corte Constitucional tampoco se salvó de sus críticas. Según argumentos de legisladores como Vanessa Freire y Pedro Velasco (independientes), se excedió en sus competencias al ordenar a Asamblea que elabore un proyecto de Ley que norme el procedimiento.

“Tenemos nueve dioses, dioses del Olimpo”, ironizó Cesar Rohon (independiente), mientras que el socialcristiano Esteban Torres aseguró que la sentencia mandaba conocer y discutir la Ley, pero no aprobarla, y que no sería cómplice de un “negocio para la comercialización de los tejidos de los fetos”. (Esto, pese a que existe una aclaración de la Corte Constitucional que dice explícitamente que se debe aprobar la Ley).

Wilma Andrade (ID), Sofía Sánchez (PK) y Verónica Carrillo (ID), en cambio, recordaron que las sentencias de la Corte Constitucional son de cumplimiento obligatorio. “La Ley no obliga a nadie a abortar, brinda la posibilidad de decidir a las mujeres víctimas de violencia sexual. La prohibición obliga a la clandestinidad”, dijo Carrillo. 

Y, en medio de esta lluvia de criterios, siendo la temporalidad uno de los puntos críticos más cuestionados y mencionados, pocos se atrevieron a sugerir un plazo para interrumpir el embarazo. Y quien lo hizo cayó en contradicciones. Vanessa Freire propuso un plazo máximo de 12 semanas, pero luego sugirió que el proyecto debería ser archivado “y abortado”. 

La posibilidad de que ni el informe de mayoría ni de minoría logren los votos necesarios hizo que Sofía Espín (UNES), proponente del informe de minoría, les recuerde a los legisladores que, si no se aprueba ningún texto, el aborto por violación seguirá realizandose, com hasta ahora, pero sin requisitos, sin normativa, sin plazos, sin regulación.

La sentencia de la Corte señala que “la falta de regulación no podrá ser pretexto para incumplir esta sentencia, ni sancionar a mujeres o médicos que interrumpan voluntariamente un embarazo producto de una violación sexual”.

Las posiciones extremas 

En medio de este debate hubo expresiones y análisis extremos y que mostraron hasta desconocimiento. Nathalie Viteri (PSC), después de una profunda crítica al aborto, manifestó: “Si no quiero tener un bebé, uso un anticonceptivo antes”. Johana Moreira (ID) le recordó que no están hablando de relaciones consentidas, sino de niñas y adolescentes, muchas de ellas de la ruralidad, que no conocen ni tienen acceso a anticonceptivos. Y lo principal, que ninguna mujer espera, ni debería ser violada, como para cuidarse con anticonceptivos.   

De su parte, Geraldine Weber (PSC), que antes de que se reinstalara la sesión lideró en los exteriores de la Asamblea una oración con lo grupos autodenominados provida pidiendo que no se aprobara la Ley, dijo que esta es discriminatoria, ya que en el país también hay niños y adolescentes violados. 

Tras más de ocho horas de sesión, el debate se cerró y la ponente, Johana Moreira, pidió ocho días de plazo para incorporar las observaciones planteadas en la jornada y preparar el informe final que deberá ser votado.

Fue una jornada donde 12 asambleístas mujeres estuvieron en contra y 14 asambleístas mujeres  a favor; hubo también 3 asambleístas hombres  a favor y 17 asambleístas hombres en contra. 

Moreira mocionó tambien que la Ley sea votada por bloques, donde el artículo 19, que se refiere a los plazos para el aborto entre 20 y 22 semanas, sea votado por separado. 

LA JORNADA EN NÚMEROS:

• 52 intervenciones
• 46 asambleístas intervinieron 
• 17 asambleístas tuvieron intervenciones a favor
• 29 asambleístas tuvieron intervenciones en contra
• 12 asambleístas mujeres en contra
• 14 asambleístas mujeres  a favor
• 3 asambleístas hombres  a favor
• 17 asambleístas hombres  en contra

FACT CHECKING EN VIVO

Durante esta continuación del segundo debate, Indómita y Ecuador Chequea realizaron el chequeo en vivo del discurso de los asambleístas. Este trabajo tuvo el respaldo de Cepam Guayaquil y los siguientes medios y coaliciones: Plan V, GK, La Barra Espaciadora, Chicas Poderosas Ecuador, Primicias, Wambra Radio, BN Periodismo, La Periódica, Tinta Digital, Ecuador Verifica, Ecuador Today y Edición 111. 

Se realizaron, en total, 37 verificaciones; 14 resultaron falsas, 14 verdaderas y 9 imprecisas. A continuación, presentamos algunas de las más importantes: 

Johana Moreira (ID): “Según los estándares internacionales, una maternidad forzada es una forma de tortura”.

Cierto: reportes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres señalan que en aquellos casos en el que el embarazo fue producto de violencia sexual y se prohibió su interrupción, al momento en que la niña se convierte en madre se cometen tres tipos de violaciones a sus Derechos Humanos: le impone una relación sexual no deseada; le obliga a llevar a término un embarazo que no buscó; y le obliga a ser madre contra su voluntad. 

Geraldine Weber (PSC): “La mayor causa de muertes es el aborto: son 45 millones de vidas sacrificadas al año por el aborto vs. 7 millones de vidas por el Covid – 19”.

Falso: los datos de la Organización Mundial de la Salud indican que la mayor causa de muerte en el mundo es la cardiopatía isquémica, responsable del 16% de casos. Desde el año 2000, el mayor aumento de muertes corresponde a esta enfermedad, que ha pasado de más de 2 millones de defunciones en 2000 a 8,9 millones en 2019. La OMS calcula que todos los años tienen lugar 25 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo. Las muertes por Covid a nivel mundial hasta la fecha son aproximadamente 5,7 millones.

Esther Cuesta (UNES): “Según cifras del INEC, en 2019 hubo casi 50.000 partos de adolescentes de 15 a 19 años”.

Cierto: de acuerdo con el Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales 2019, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 2019 se registraron 49.895 nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad. El dato corresponde a una tasa de 63,5 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad.   

Luisa González (UNES): “2.500 niñas son violadas y dan a luz en el país. Con esta ley esta cifra va a aumentar”. 

Falso: las cifras sobre violencia sexual contra niñas y adolescentes suponen un subregistro. Los datos oficiales indican que, en promedio, se reciben 14 denuncias de violación por día, tres de ellas, contra niñas menores de 14 años. Si se hace una proyección, anualmente más de mil niñas son víctimas de violencia sexual. Sobre maternidad, en 2019, se registraron 1.816 nacidos vivos, hijos de niñas de 10 a 14 años de edad. 

Esteban Torres (PSC): “La sentencia de la Corte Constitucional dice que la Asamblea debe conocer y discutir la Ley, pero nunca dice aprobar”.

Falso: el 9 de junio de 2021, la Corte Constitucional emitió una aclaración a su sentencia que despenalizó el aborto por violación y señala que, efectivamente, la Asamblea debe aprobar una Ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación dentro del plazo fijado por la Corte. 

Paola Cabezas (UNES): “Las mujeres negras somos las más criminalizadas, porque somos las más pobres, somos las que no tenemos recursos para ir al exterior, o pagar el silencio de un médico para que nos practique un aborto”.

Impreciso: de los datos de una muestra de casos analizados por Surkuna (Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos) se desprende que el 100% de mujeres criminalizadas era de bajos recursos económicos, que en un 69% tenía entre 14 y 19 años y que, en un 40% de los casos, se trataba de mujeres negras.

Jorge Pinto (CREO): “La sentencia no busca determinar si hay derecho al aborto, lo que hace es cuestionar la pena de cárcel a la mujer víctima de violación”.

Cierto: La Corte Constitucional analiza la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación y declara la incosntitucionalidad, por el fondo, de la frase “en una mujer que padezca de una discapacidad mental. 

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