En la Comisión de Fiscalización se presentaron la asambleísta Jhajaira Urresta y la canciller, Gabriela Sommerfeld, dentro del proceso de sustanciación del juicio político en su contra. Nuevamente, esa comisión, dominada por el correísmo, se convierte en un ‘ring’. 

Aunque la asambleísta correísta Jhajaira Urresta aseguró que haber planteado el juicio político en contra de la canciller, Gabriela Sommerfeld, no era nada personal, durante las casi dos horas que duró su presentación de pruebas de cargo en la Comisión de Fiscalización, no dudó en descalificar a la funcionaria, precisamente en el plano personal y familiar.

De entrada, Urresta cuestionó el perfil académico de la Ministra para ocupar ese cargo e insinuó que el presidente, Daniel Noboa, la escogió por sus conocimientos  en “vuelos, viajes y hoteles”. “Le recuerdo que la política exterior tiene que ver con muchas acciones que adopta este país para relacionarse con el mundo entero. Abarca la diplomacia, los Derechos Humanos, el comercio, la defensa nacional, entre otros que lamentablemente usted no comprende”, dijo. Añadió que Sommerfeld ha sacrificado el prestigio del país y se preguntó si lo ha hecho por “un macabro interés” propio. 

Las causales propuestas por la legisladora para impulsar el juicio político son la irrupción a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, sentenciado por actos de corrupción; la negativa de darle un salvoconducto para que pueda viajar a ese país al haberle sido concedido asilo político; y el impasse diplomático con Rusia. Su argumentación fue más allá y redujo todo a presuntos intereses de la Ministra en empresas de aviación; por ejemplo, que la venta de la empresa Aerogal, de la que Sommerfeld fue directora, le sirvió comprar acciones en la aerolínea Avianca Ecuador y que estas fueron puestas a nombre de su padre, Patricio Sommerfeld, a quien señaló, además, como el mayor vendedor de armamento en el país. Y a Sommerfeld le dijo que era “la peor Ministra de Relaciones Exteriores que ha tenido el país”.

“El dedo en la llaga”

Urresta enumeró una serie de tratados internacionales que, presuntamente, se habrían vulnerado con la incursión de la Policía a la Embajada mexicana, pero evitó referirse a la situación jurídica penal del exvicepresidente Glas, que le llevó a refugiarse en la Embajada para evadir a la Justicia. Al responder las preguntas de algunos legisladores de la Comisión respondió que este no es un juicio político sobre el exvicepresidente, que la situación legal de Glas no tiene nada que ver con ese proceso, entre otros argumentos.

Por su parte, Sommerfeld manifestó que este no es un juicio político en contra de ella, sino en contra del país, y que todo lo actuado por la legisladora pretende entregar más pruebas al Estado mexicano para que las use en contra de Ecuador en cortes internacionales. «Hay que defender la patria, primero a la nuestra», le dijo Sommerfeld a Urresta. “Estas acusaciones tienen que ver con hechos y acciones ajenos a mi cargo y, lo que es más grave, cuestionan y ponen en riesgo la defensa de nuestro país, de nuestra tricolor, del Ecuador en los juicios ante la Corte Internacional de Justicia”, dijo. “No comparto ni la forma ni el entendimiento de quienes curiosamente creen que al defender la demanda propuesta por México en contra de Ecuador, y las indebidas actuaciones del ciudadano (Jorge) Glas, se estarían defendiendo los intereses del pueblo ecuatoriano. Hablamos de traición”, dijo la canciller. Golpe que sí le llegó a Urresta, quien en su momento, rechazó esta mención.  

Mientras que la Canciller puso el “dedo en la llaga” y explicó qué es lo que llevó a la Policía a ingresar a la embajada de México, país que en su sede diplomática “hospedó” a un ciudadano que tenía procesos abiertos en la Justicia ecuatoriana.  

Una vez que la interpelante y la interpelada presentaron sus pruebas de cargo y de descargo, la Comisión tiene plazo de cinco días para elaborar un informe que detalle motivadamente, sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al Pleno el archivo del trámite o el juicio político. Es el Pleno el que finalmente decide si se da paso o no a la interpelación.

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