Representantes de organismos internacionales asistieron a una primera “mesa técnica” de cooperación. El debilitamiento del sistema de protección a la niñez y la adolescencia sigue pasando factura y aumenta su vulnerabilidad ante las mafias.
POR: Juan Camilo Escobar
“Vienen muchos niños a trabajar por todas estas calles. Desde las tres de la tarde hasta las siete van cargando sus cartones de cigarrillos y de caramelos”, comentó Sonia Pillajo, quien trabaja desde hace cuatro meses como vigilante en la Zona Azul, en la intersección de las calles Carrión y Murillo, en Quito.
Con resignación, agrega: “Es un problema de nunca acabar porque las propias mamás van atrás, atrás, obligándoles”. Apenas a dos cuadras de esta esquina, al interior de los lujosos salones de la Cancillería, se instalaba este miércoles una reunión para tratar un problema grave, mucho más grave, pero que tiene mucho que ver: los niños que son reclutados por el crimen organizado.
Se trató de la primera reunión de una mesa técnica de cooperación internacional para enfrentar este problema, con la participación de representantes de organismos internacionales que operan en Ecuador.
Y al instalar esta reunión, con la presencia de la canciller, Gabriel Somerfeld, y representantes de organismos internacionales y de diplomáticos de países amigos, la vicepresidenta, María José Pinto, reconoció que ninguna institución, y ni siquiera el país, puede enfrentar el problema “por sí solo”.
Se trata, dijo, de un problema que amerita que el Gobierno coordine mejor los esfuerzos con gobiernos locales y la cooperación de países amigos y organismos internacionales.
Similar discurso dio Sommerfeld, al asegurar que “enfrentamos desafíos complejos, marcados por la violencia del crimen organizado y la descomposición social, que afectan con particular crudeza a niños, niñas y adolescentes. Y uno de los efectos más dolorosos de esta crisis es el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos criminales”.
Así, ofrecieron coordinar “respuestas integrales y coordinadas” a través del recién creado ‘Comité para la prevención y erradicación del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en Ecuador’ (Coprune).
Este organismo se creó el 5 de junio, mediante el Decreto Ejecutivo 21 y está formado por representantes de la vicepresidencia, cancillería, ministerios de Inclusión, Salud, Educación, Trabajo y otras 12 instituciones.
Por ahora, tras dos reuniones, el Coprune se propone realizar más de 300 actividades, entre talleres de prevención, bibliotecas y ludoteca del Ministerio de Educación, brigadas del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Pero, además del ofrecimiento de estas y otras acciones, las autoridades no presentaron datos para conocer la magnitud del problema, al que calificaron como “uno de los más dolorosos” que enfrenta el país.
“Ninguna institución por sí sola puede cubrir todas las necesidades. Necesitamos que las instituciones trabajen de la mano, que la cooperación internacional aporte su experiencia y sus recursos, que los gobiernos locales actúen en sus territorios”, dijo Pinto.
“La realidad es que el Estado no tiene ninguna capacidad de calcular el número de adolescentes vinculados o reclutados por el crimen organizado, más allá del número de adolescentes sentenciados. Esto porque, al desmantelarse el sistema de protección de la niñez y adolescencia, también se desmantelaron los sistemas de información”, señaló la experta en justicia juvenil y directora de la fundación Tierra de la Humanidad, Verónica Pólit, quien participó, como una de las representes de las organizaciones de la sociedad civil, en la discusión de la estrategia del Gobierno nacional sobre esta materia.
La especialista explicó que es muy importante que en esta nueva estrategia se tenga una comprensión integral de que, al reclutar niños y adolescentes, los grupos criminales están destruyendo sus proyectos de vida.
Sin embargo, dijo, “aún están por construirse” las estrategias para enfrentar las condiciones de pobreza, exclusión y racismo por las que los niños y adolescentes son vulnerables a ser reclutados por los grupos criminales y por las que la sociedad no les ofrece ninguna otra alternativa de vida.
“Las obligaciones del Estado, según las normas y compromisos internacionales, incluyen acciones en el ámbito de la prevención, protección y atención a niños y adolescentes que han tenido contacto o vínculo con el crimen organizado, pero también atención especializada para aquellos adolescentes que, en ese contexto, han cometido infracciones y están en un juicio juvenil, y posteriormente la reintegración. Pero, lamentablemente, de manera sistemática el Estado ha venido desmantelando el sistema de protección”, comentó.
Para Renato Rivera, investigador de temas de criminalidad y exdirector del Observatorio del Crimen Organizado, “una política (para enfrentar el reclutamiento) no puede ser efectiva si no se conocen las causas reales del problema, con abandonos de hogares, deserción de las escuelas y colegios, y con la narcocultura que ahora se está propagando más en las redes sociales”.
“Es muy difícil que sea eficaz una estrategia de contención al reclutamiento con estados de excepción o con salida de militares a las calles, que generan efectos contrarios, con temores de la ciudadanía ciertas instituciones y, más bien, pueden generar más reclutamientos porque no hay alternativas en los entornos donde viven los niños y adolescentes”, comentó.
ESTADÍSTICAS
Rivera recordó que en junio el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado presentó una encuesta realizada 2.948 niños y adolescentes en nueve ciudades de la Costa donde más homicidios se producen, en la que el 50% dijo que en los barrios donde viven operan grupos criminales
Al ser consultados si tienen vínculos con estos grupos, el 8% admitió que ellos mismo, el 13,6% que algún familiar y el 27,6% que algún conocido. Rivera dijo que esta información puede servir para que el Estado, a través del Copruna, elabore políticas de prevención
Lejos de los análisis de los expertos y los compromisos de las autoridades nacionales y extranjeras, Pillajo lamenta, con sus propias palabras, uno de los temas de fondo de este complejo contexto, del que es testigo cada día que sale a cuidar carros en la Zona Azul: “Está mal que las propias mamás les obliguen a vender en las calles”.
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