Dos informes, uno del Gitoc y otro del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, colocan a este delito como el de mayor incidencia. Sin embargo, las cifras de Fiscalía hablan de una baja del 3,17% de denuncias. ¿Por qué?

Las estadísticas oficiales sobre narcotráfico parecen no reflejar la grave situación de inseguridad y violencia vinculada al crimen organizado que experimentó Ecuador en los últimos dos años, lo cual llevó al país a ingresar en el Top 10 de países con mayor criminalidad en el mundo.

En el 2022 la Fiscalía recibió un 3,17% menos de denuncias por el delito de tráfico ilícito que en el 2021, al pasar de 11.233 a 10.786. Esto, a pesar de que en los tres años anteriores a este período, se experimentó una tendencia al alza: en el 2020 se presentaron 1,92% más de denuncias que en el 2019 y en el 2021 un 1,12% más que en el 2020.

En el mencionado período 2021-2022, en el que Ecuador experimentó uno de los mayores crecimientos en los «mercados criminales», según el Índice Global del Crimen Organizado, la Fiscalía recibió apenas 27 denuncias por el delito de financiación u organización para el tráfico o la producción de sustancias sujetas a fiscalización: 14 en el 2021 y 13 en el 2022.

Por este mismo delito, se han registrado 8 denuncias en lo que va del año; es decir, dos más que las 6 que se presentaron cada año en 2019 y 2020.

Las estadísticas de casos de producción ilícita de sustancias sujetas a fiscalización resultan irrelevantes: 24 denuncias en el 2020, 8 en el 2021, 4 en el 2022 y 4 en lo que va de este 2023; y no hay datos del 2019. 

En este contexto, las estadísticas oficiales aparecen sin conexión con el demoledor diagnóstico de las consecuencias de la violencia provocada por el crimen organizado, que llevaron al país a ubicarse en el mencionado Top 10, elaborado por la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC, por sus siglas en inglés), un organismo internacional que desde el 2013 realiza investigaciones técnicas e independientes sobre las causas y las consecuencias del crimen.

En contraste con las cifras oficiales, un informe del Observatorio Ecuatoriano del Crímen Organizado, elaborado a partir de una encuesta realizada en el transcurso de este año a 116 funcionarios de diferentes instituciones del Estado, da cuenta de que el narcotráfico no sólo es la principal expresión del crimen organizado en Ecuador, sino que tiene un 23% de incidencia en la sociedad ecuatoriana. 

Según el Observatorio, los delitos de lavado de activos, corrupción, tráfico de armas e hidrocarburos son delitos «subsidiarios y habilitantes» del narcotráfico. Las complejas relaciones de este delito se pueden apreciar en este gráfico que muestra la concentración en 6 provincias de nueve actividades relacionadas, desde el transporte terrestre hasta el tráfico propiamente dicho.

El Observatorio también señala que entre 2021 y 2022 “en Guayaquil se incrementó el número de homicidios en 61%, por su relación con el tráfico de drogas (Policía Nacional, 2023), resaltando la importancia de comprender el tráfico de armas y sus municiones como un mercado altamente rentable para asegurar el control de territorio por las diversas organizaciones criminales”.

El factor identificado por el observatorio como causante de este aumento de la violencia criminal relacionada con el narcotráfico es la mayor cantidad de organizaciones criminales narcotraficantes que ingresaron a Ecuador a partir del 2020: «Desde 2020, Ecuador atraviesa un proceso de atomización criminal en el que un mayor número de organizaciones criminales transnacionales, como el Cartel de Sinaloa y las redes balcánicas, buscan establecer negocios vinculados al narcotráfico en el país».

¿Por qué las diferencias?

Daniel Pontón, investigador de violencia y criminalidad y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de (IAEN), manifestó que, en el contexto de un innegable y evidente incremento de las operaciones del narcotráfico, que a su vez se han expresado en hechos de violencia criminal, la leve caída en el mencionado registro de tráfico ilícito obedecería a que cada una de las denuncias se referiría a cada vez mayores cantidades de drogas.

“Este índice global lo que hace es una conjunción de indicadores de criminalidad y de capacidades del Estado, que ubica al país en una posición de desventaja, por lo que ha pasado en los últimos años en criminalidad, pero es evidente cómo han crecido los índices de violencia. Entonces, sobre las denuncias, son casos que se abren por narcotráfico, son menos casos, pero con mayores volúmenes de droga, que es lo que finalmente importa. Entonces, no tiene relación alguna”, comentó.

Lo dijo luego de recordar que el ciudadano común no denuncia este tipo de delitos. El especialista sostuvo que estas denuncias se refieren a casos previamente iniciados por la Fiscalía y la Policía. 

En este contexto, también explicó que para incluir a Ecuador en el mencionado ‘Top 10’ se evaluó no sólo la incidencia del narcotráfico, sino otros indicadores, como las capacidades del Estado y de la propia sociedad ecuatoriana para prevenir y hacer frente a las expresiones de criminalidad, con cada vez más actores transnacionales.

RECOMENDACIONES 

A vísperas de la segunda vuelta electoral para elegir a quien encabezará un gobierno temporal a partir de diciembre próximo, el Observatorio no sólo presenta los resultados de esta investigación, denominada ‘Caracterización del Crimen Organizado’, sino también un conjunto de recomendaciones técnicas. A continuación las medidas que este organismo sugiere a nivel de gobierno:

• Fomentar una política de gestión integrada de fronteras.
• Fortalecer las fuerzas de tarea u operaciones conjuntas.
• Revisar exhaustivamente y priorizar el presupuesto en materia de seguridad.
• Priorizar acciones “a nivel territorial”.
• Empoderar a las instituciones estatales a nivel desconcentrado.
• Facilitar la coordinación entre las instituciones del Estado con cooperativas de ahorro y crédito.
• Perseguir el desvío de combustibles.
• Controlar la venta de cemento en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF).
• Incentivar la transparencia en la lucha contra la corrupción desde un enfoque desconcentrado.
• Fortalecer la defensa jurídica de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
• Luchar contra la extorsión.

TRES CRITERIOS 

Ante la gran magnitud del desafío que representa para Ecuador el combate al narcotráfico, «es una mala noticia» el hecho de que el próximo gobierno tendrá menos de dos años, comentó Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

«Dieciocho meses hacen imposible o muy difícil pensar en acuerdos de Estado, estructurales, para que Ecuador revise toda su caja de herramientas frente a la delincuencia, a las violencias y a la impunidad», remarcó. Esto se debe a que en el corto plazo es prácticamente imposible obtener resultados concretos y efectivos de acciones estatales, lo cual implica, no sólo actualizar sus políticas, sino también concretar «acuerdos de Estado» que perduren en el tiempo.

Lo primero, según dijo a Ecuador Chequea, es mejorar la capacidad del propio Estado para prevenir las diferentes violencias, no sólo las relacionadas con el narcotráfico. Para ello, se requieren fuertes inversiones en la adquisición de nuevas tecnologías y, sobre todo, en la capacitación y entrenamiento del personal de justicia y seguridad, «para entender lo que está pasando» y, en consecuencia, diseñar estrategias efectivas, desde la investigación hasta las acciones legales.

“Ecuador tiene que poder confirmar, con herramientas de contrapeso y rendición de cuentas, que sí se están construyendo nuevas capacidades contra nuevas formas de violencia. Y eso sólo lo podrá hacer si tiene un adecuado sistema de rendición de cuentas, que debe construir”, sostuvo.

En este sentido, el especialista consideró indispensable que Ecuador tenga en cuenta las observaciones puntuales que realizó la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional sobre la pérdida de la “resiliencia”; es decir, de la propia capacidad del país y de sus instituciones para hacer frente a la violencia criminal.

CONTROLES Y LEYES

El exjefe de unidades de inteligencia y exdirector de la Policía Nacional en Quito, Carlos Blanco, comentó a Ecuador Chequea que para el gobierno de transición y para los próximos gobiernos será prácticamente imposible combatir de manera efectiva el narcotráfico, si no se realizan dos tipos de reformas legales, a las cuales calificó como urgentes.

La primera consiste en endurecer las sanciones contra quienes sean encontrados como autores, cómplices y encubridores del narcotráfico y sus delitos conexos, así como contra jueces y otros actores del sistema judicial que permitan que los casos de narcotráfico queden impunes o que sus responsables sean liberados o reciban condenas leves.

La segunda, según dijo, es mejorar los controles de ingreso al país, incluso imponiendo el visado a personas de países identificados con la mayor incidencia del narcotráfico.

EQUIPO

El abogado penalista y analista de temas de narcotráfico y seguridad Stalin Sacoto, en cambio, mencionó que la primera medida de sentido común que deberían exigir los propios ciudadanos a los dos candidatos presidenciales finalistas es que seleccionen y publiquen la lista de profesionales que integrarán los equipos de gobierno encargados de los temas de seguridad nacional y combate al narcotráfico.

«Esto implica que quienes se nombren en el Ministerio del Interior y sus subsecretarías, así como en el SNAI (Servicio Nacional de Rehabilitación Social), deben ser personas que conozcan de seguridad, técnicos especialistas en seguridad, con estudios académicos en la materia y experiencia previa operativa, táctica y estratégica», manifestó.

Sacoto hizo esta recomendación después de recordar que el país no cuenta con políticas de Estado actualizadas, lo cual es una gran carencia para el combate al narcotráfico. 

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