La mañana del jueves 14 de diciembre la Comisión Ocasional AAMPETRA se reunió con la ministra de Salud, Verónica Espinosa, en la Asamblea Nacional. El objetivo del encuentro fue discutir las políticas a favor de la prevención, detención, atención y rehabilitación de los niños que han sido víctimas de violencia sexual. La Secretaria de Estado afirmó que 80 de cada 1000 nacidos vivos son producto de embarazos adolescentes entre 15 y 19 años.
En la misma intervención, Espinosa enfatizó en el costo que representa la falta de educación sexual en adolescentes: “Los gastos de embarazos no deseados le cuestan al Estado 331 millones, esto es 5 veces más que hacer política de prevención, anticonceptivos y educación sexual”.

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— Wambra (@wambraEc) 14 de diciembre de 2017

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública, en su informe ‘Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador’, especifica que el costo total de omisión, prevención y pérdida social equivale a USD 472.9 millones. Mientras, de forma específica, el costo de atención de los embarazos no intencionados es de USD 67.84 millones y no USD 331 millones como afirma Espinosa. Adicionalmente, en este informe se detalla que las políticas preventivas costarían USD 27.67 millones. Es decir, el costo total de omisión, prevención, y pérdida social en el país es 17 veces mayor a los posibles costos de prevención.

De acuerdo al Ministerio de Salud, el embarazo no intencionado, involuntario o inoportuno, incluye al no planificado y al no deseado. Se estima que en Ecuador ocurren aproximadamente 87.000 embarazos no intencionados por año; de los cuales el 53%, es decir 46.000, concluye en abortos.
Salud también explica que el dinero que el Estado gasta en atender dichos embarazos no deseados podría ser invertido en la prevención de los mismos. “El costo total de cubrir la necesidad insatisfecha de planificación familiar, se estimó entre USD 11.2 y UDS 18.3 millones anuales”, puntualiza. De este rubro, aproximadamente el 14% podría ser utilizado en consultas iniciales, entre el 26% y el 52% se destinaría a consultas de seguimiento, y finalmente entre 48% y 80% iría a la adquisición de métodos anticonceptivos.
Una política adecuada de planificación y prevención costaría alrededor de entre USD 8.6 y USD 16.6 millones, según el Ministerio de Salud. De esta manera no solo se ahorraría dinero, sino que se evitarían los más de 110.000 casos embarazos no intencionados registrados por Salud. “El costo de evitar un embarazo no intencionado se estimó entre USD 78 y USD 150, mientras que atenderlo se estimó en USD 612”, puntualizó.
Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) reveló que la mortalidad materna es una de las tres primeras causas de muerte en los adolescentes de América Latina y el Caribe. “En las adolescentes menores de 15 años, el riesgo de fallecer a causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces más que en mujeres mayores de 20 años”, detalló.
Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío, afirmó conocer el costo total de omisión, prevención, y pérdida social cifrado en el informe de Salud. La experta recalcó que es mucho más barato elaborar y ejecutar políticas de prevención en lugar de atender el control del embarazo y el parto en el caso de los embarazos no intencionados. «El costo social es inconmensurable. Ocurre que una muchacha que se embaraza sin quererlo deja de estudiar, accede a trabajos precarios para sobrevivir y luego vuelve a embarazarse entrando en un círculo de pobreza, esos costos nadie los ve», denunció la doctora.
De la Torre destacó que la prevención en temas de salud sexual y reproductiva está íntimamente relacionado con el ejercicio de derechos. La experta reflexionó en torno a la falta de implementación de políticas de prevención en materia de derechos sexuales y reproductivos:

«Los últimos 10 años de gestión del exPresidente fueron años perdidos para estos temas. Por ejemplo: perdimos la Ley de maternidad gratuita, lo que invisibilizó prestaciones específicas en términos de anticoncepción y de disminución de la mortalidad materna; además se eliminó el programa ENIPLA, el cuál abordo el tema de los embarazos no deseados, de los abortos realizados en condiciones de riesgo desde una política de prevención, de cambiar los patrones socio culturales, de enfrentar la violencia».