Escuelas de conducción no profesionales denuncian caída del 80% en alumnos tras la suspensión de servicios de la ANT por el caso “Jaque”. Gremio advierte riesgo de quiebra para 7.500 familias.
Las escuelas de conducción no profesionales del país aseguran estar “al borde de la quiebra” tras casi un mes de suspensión temporal de servicios en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que desde el 30 de enero paralizó la emisión de permisos y afectado la matriculación de nuevos alumnos a consecuencia de una intervención del gobierno mientras la Fiscalía investiga casos de corrupción en el funcionamiento de la entidad.
El gremio reporta una caída aproximada del 80% en su clientela. Según sus representantes, la falta de “permisos físicos” para realizar prácticas en vías públicas y la suspensión de nuevas autorizaciones para dictar nuevos cursos impiden operar con normalidad.
“La gente, como sabe que no puede sacar la licencia, no se inscribe mientras se espera que la ANT vuelva a funcionar con normalidad”, dijo a Ecuador Chequea Jenny Mena, representante de Cevial, una de las escuelas federadas e integrantes de la Federación de Escuelas de Conducción No Profesionales del Ecuador, Fedeconp.
La mañana de hoy, en las instalaciones de Cevial, ubicadas en el norte de Quito, siete vehículos permanecían estacionados en el patio, alineados en espacios numerados. Un grupo de instructores, vestidos con chaquetas rojas, conversaba junto a uno de los automotores y miraba con frecuencia hacia la calle, donde el tránsito seguía su curso habitual.
En el interior, las oficinas permanecían abiertas, pero con una cantidad de estudiantes menor que lo usual. En contraste con esta disminución de actividades, lo que no se detiene y no puede detenerse en esta y en alrededor de 300 escuelas integrantes de la Fedeconp es el cumplimiento pago de obligaciones y facturas.
Por eso, para mañana, en el último viernes laborable del mes, previo al pago de sueldos, los principales dirigentes de la Fedeconp prevén emitir un pronunciamiento conjunto para exigir a la ANT directrices claras sobre fechas y mecanismos de atención. Sin definiciones oficiales, sostienen, el sector enfrenta riesgos de cierre y dificultades para cubrir nómina, aportes a la seguridad social, tributos, seguros vehiculares, sistemas de rastreo satelital y otros costos fijos.
Por ahora, al frente a los autos de práctica estacionados en Cevial, su representante, Jenny Mena, segura que alrededor de 7.500 familias dependen directa e indirectamente de este sector a escala nacional.
“Tenemos nuestros empleados, toda la gente que trabaja directa e indirectamente con una escuela de conducción”, dijo. Entre ellos mencionó personal de atención al cliente, instructores de práctica, capacitadores teóricos, contadores y personal administrativo, además de proveedores de seguros y sistemas de rastreo satelital. insistió en que la paralización ha frenado casi por completo la demanda.
Para mañana, último día laborable del mes y previo al pago de sueldos, los principales dirigentes de la Fedeconp prevén emitir un pronunciamiento conjunto para exigir a la ANT directrices claras sobre fechas y mecanismos de atención. Sin definiciones oficiales, sostienen, el sector enfrenta riesgos de cierre.
“Sí nos gustaría que nos den oídos en la ANT”, agregó Mena. “No estamos afectados solo una familia. Son alrededor de 7.500 familias que necesitamos trabajar con normalidad”, insistió.
Dos representantes de otras escuelas consultadas también indicaron que la paralización también afecta a quienes ya culminaron su formación. “Por más que los alumnos tengan los documentos legalizados de la escuela, no pueden acceder a la licencia porque la Agencia Nacional de Tránsito no reanuda la atención”, explicó un representante que pidió reserva de su identidad.
Consultada sobre este tema, la ANT respondió que no prevé emitir un pronunciamiento específico y que “informará oportunamente” posibles fechas para la reanudación de los servicios y emisión de autorizaciones que demandan las escuelas de conduccicón.
Contexto
La ANT atraviesa su mayor crisis de los últimos años tras el operativo de la Fiscalía y la Policía del 30 de enero en el marco del denominado caso “Jaque”, que derivó en procesos penales por presunta delincuencia organizada contra funcionarios vinculados a una supuesta red de cobros ilegales para agilitar trámites como licencias, matrículas y permisos de operación.
La Fiscalía sostiene que la investigación se abrió en julio de 2025 tras una denuncia y que, según los elementos expuestos en audiencia, habría existido un esquema de cobros por trámite, entre 150 a 250 dólares para entregar documentos “sin la necesidad de obtener turnos”. En este caso un juez dictó prisión preventiva para nueve procesados y medidas alternativas para una décima persona.
Esta operación produjo, en la práctica, una parálisis de la ANT: suspensión de atención y bloqueo o ralentización de trámites como matriculación, licencias, certificados y flujos de información. Gremios automotores describieron el impacto inmediato en compra-venta y regularización vehicular, y han exigido mecanismos de contingencia que no frenen la economía formal.
El 20 de febrero, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que, en el marco de una “reactivación progresiva” de sus servicios, se reanudaron —a través de los municipios— los trámites de asignación y transferencia de series y traspasos de placas vehiculares virtuales para la matriculación de vehículos nuevos.
La medida aplica en los cantones de Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ambato, Loja, Manta y Machala, según el comunicado oficial difundido por la entidad.
