El politólogo Giuseppe Cabrera analiza los hallazgos de la investigación de una alianza de 38 periodistas sobre el pasado judicial, tributario y de servicio público de los 2.089 candidatos a la Asamblea. ‘Si no tengo la información adecuada, ¿cómo puedo tomar una decisión informada?’, se pregunta.
POR: Juan Camilo Escobar
A medida que Ecuador se acerca a las elecciones generales de este domingo, las miradas se posan también sobre la carrera por el poder Legislativo. En los registros públicos de 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional, investigados por una alianza periodística liderada por Fundamedios, emergen cifras que inquietan: 733 aspirantes tienen cuentas pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI), con declaraciones tributarias atrasadas en los últimos siete años. Otros 153 arrastran deudas con el fisco.
Pero, más allá de los números, el verdadero retrato de estos postulantes se revela en los expedientes judiciales. Al menos 236 —es decir el 11%— han enfrentado procesos por delitos que van desde el engaño sofisticado hasta la violencia criminal. La lista es extensa y perturbadora: estafa, concusión, venta de cargos públicos, usurpación de funciones, abuso de confianza, calumnia, robo de combustible, paralización de servicios públicos. Y luego están los casos más oscuros: delincuencia organizada, violencia intrafamiliar, asesinato.
No se trata de una anomalía reciente. La investigación rastrea estas denuncias desde 2014, cuando el Código Orgánico Integral Penal (COIP) entró en vigor. La mayoría de casos, es cierto, fueron archivados con el tiempo, se disolvieron en la burocracia o se extinguieron. Pocos llegaron a sentencia. Pero, en ciertos casos, los mismos candidatos han utilizado su condición de aspirantes para esquivar la acción judicial, notificando a los jueces su estatus electoral y logrando así la suspensión temporal de sus procesos.
El Código de la Democracia les ofrece un escudo: ningún candidato puede ser arrestado ni procesado penalmente desde el momento de su calificación hasta la proclamación de resultados, salvo en casos de delito flagrante, violencia de género o delitos sexuales. Y, si logran su cometido y cruzan el umbral del poder, el blindaje es aún mayor: los asambleístas electos obtendrán fuero de corte nacional, lo que significa que sólo podrán ser juzgados por la Corte Nacional de Justicia.
En este contexto, el politólogo Giuseppe Cabrera destaca la relevancia de esta investigación periodística y su impacto en la toma de decisiones del electorado. Según Cabrera, al proporcionar información detallada sobre el perfil de los candidatos, los medios que participaron en esta investigación han cumplido con su obligación social de aportar transparencia y responsabilidad en el proceso electoral.
¿Qué importancia tiene una investigación así de cara a estas elecciones?
Cualquier proceso que contribuya a transparentar y a ofrecer claridad en la elección de un candidato, en un momento en el que sólo prevalecen el ruido y la superficialidad que nos brindan las redes sociales, es esencial. Es decir, no podemos basar nuestro voto únicamente en ‘TikToks’. Cuando me preguntan cómo deberíamos elegir adecuadamente a los candidatos, el primer consejo que doy es informarse. Informarse a través de medios de comunicación, que siguen siendo los responsables de filtrar la información, investigarla y presentarla de manera accesible.
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo solía investigar temas como el Impuesto a la Renta o los títulos en el Senescyt, pero que ahora también se investiguen los procesos legales que enfrentan es de gran valor, pues la gente necesita acceso a esa información. Los medios, como actores socialmente obligados a proporcionar esta información, juegan un papel crucial en ayudar al elector a tomar decisiones informadas.
Es una muestra del aporte que puede hacer el periodismo en procesos electorales…
Sí (…), los medios de comunicación siguen siendo la principal fuente de información, especialmente en un momento en que la desinformación abunda. Los temas de verificación de hechos (fact-checking) y la comprobación de la información relacionada con el pasado judicial, los títulos y los tributos de los candidatos son sumamente valiosos. Es un trabajo a favor de la democracia. Si no tengo la información adecuada, ¿cómo puedo tomar una decisión informada? Entonces, esta investigación es crucial y debe continuar, expandiéndose incluso a otros aspectos, como los cargos públicos y privados, para que la gente pueda hacer un juicio retrospectivo. Es decir, valorar cómo un candidato podría actuar en el futuro observando su comportamiento en el pasado.
¿Considera que esta realidad evidencia la necesidad de reformar el Código de la Democracia?
Creo que debe verse en términos de optimización. Es decir, tenemos un 11% de candidatos vinculados a procesos legales. No es el universo general. Y la campaña dura de un mes a seis meses, lo que no puede ser una excusa para que la Fiscalía afirme que un caso prescribió. Ellos pueden investigar durante un año o dos. Por lo tanto, la duración de la campaña no puede ser la razón por la cual la posibilidad de procesarlos se pierda.
Para mí, está claro que la suspensión del proceso también debería suspender los tiempos y plazos de la Fiscalía. Si se debe realizar una reforma legal, debería ser para dejar claro que la suspensión no equivale a prescripción. El periodo de la suspensión electoral no puede ser contabilizado para terminar configurando una prescripción y dejando impune a una persona que está siendo investigada por posibles hechos ilícitos y que usa esta suspensión electoral para evadir la justicia. También creo que los candidatos con procesos legales pendientes deben estar bajo doble vigilancia por parte de los cuerpos de inteligencia, para evitar que usen esta suspensión para escapar del país.
Pero, en el fondo ¿usted defiende que no se reforme la figura de suspensión?
Creo que no debe cambiarse la figura de la suspensión porque, lamentablemente, en nuestro país se usa la justicia para perseguir a los enemigos políticos. Hay una politización de la justicia y una judicialización de la política, y esta suspensión funciona como una garantía. Esta norma existe, efectivamente, para que los candidatos no puedan ser perseguidos por el poder de turno, simplemente porque un candidato diga algo incómodo a una autoridad que busca reelección, como un alcalde, un prefecto o un presidente. La suspensión no me parece mal, pero debe quedar claro que no implica prescripción, ni permite la fuga ni la impunidad.
Aunque sea el 11% de los candidatos, ¿qué nos dice esto de la política ecuatoriana?
La obligación de los medios y del periodismo es hacer las preguntas, y la de los candidatos es responderlas. Por eso, esta información es valiosa, ya que permite interrogar a los candidatos. Por ejemplo, se les puede preguntar: ‘Mire, usted tiene este juicio pendiente, ¿cómo lo explica?’ Un candidato podría responder: ‘Es que fui alcalde y, por tanto, era común que me demandaran por temas laborales, ya que como representante, se desvinculaba a una persona’. Eso no es grave, porque los alcaldes suelen estar llenos de juicios laborales, dado que todas las demandas se dirigen contra ellos. Sin embargo, los temas penales sí son graves y reflejan cómo nuestro sistema de partidos está, efectivamente, distorsionado y carece de un proceso de selección justo y transparente, basado en méritos, para elegir a sus candidatos.
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