Un acuerdo que firmó Luisa González dificultó el acceso a compensaciones, pero no eliminó el derecho

Publicaciones sobre el mismo tema circulan desde el 2023 y han sido verificadas. La candidata del correísmo, en 2017 se desempeñaba como ministra del Trabajo encargada y firmó el acuerdo 0094, con el que normó el retiro por jubilación del servicio público.

POR: Redacción Ecuador Chequea

Ecuador está a menos de seis días para elegir entre el presidente-candidato, Daniel Noboa, y la candidata del correísmo, Luisa González, sobre quién gobernará desde Carondelet en los próximos 4 años. Ambos se enfrentan por segunda vez en una elección presidencial. 

En este contexto de alta polarización política, los expertos señalan que estas elecciones se perfilan como una de las más reñidas de los últimos años. Mientras ese día llega, una publicación en Facebook asegura que Luisa González les quitó el dinero a los jubilados. Se califica este contenido como engañoso. La publicación circula desde el 2023. Luisa González, entonces ministra de Trabajo encargada, emitió el Acuerdo Ministerial 0094, que establecía directrices para la desvinculación de servidores públicos por jubilación. 

Esta no es la primera vez que circulan este tipo de contenidos. El 3 de julio de 2023, en medio de las elecciones anticipadas, Ecuador Chequea verificó un contenido similar al de ahora.  

Cabe recordar que este tipo de publicaciones se dan después de que en mayo de 2017, Luisa González, entonces ministra de Trabajo encargada, emitió el Acuerdo Ministerial 0094, que establecía directrices para la desvinculación de servidores públicos por jubilación. 

Este acuerdo generó controversia porque, aunque no eliminó el derecho a compensaciones por jubilación, sí complicó su acceso al condicionarlas a la planificación institucional y a la disponibilidad presupuestaria. 

Esto significaba que los servidores que deseaban jubilarse de manera voluntaria debían esperar a que existiera el presupuesto necesario o, en su defecto, renunciar sin recibir la compensación económica establecida por Ley. ​

Este medio de comunicación, además, reportó que el Acuerdo Ministerial 0094, no retiró el derecho a recibir la compensación jubilar para servidores públicos, aunque sí dificultó el acceso a este desembolso para trabajadores menores de 70 años, quienes cumplían con los requisitos para acceder a la jubilación no obligatoria.

Según registros del Ministerio de Trabajo, el Acuerdo Ministerial 0094  fue emitido el 22 de mayo del 2017, a dos días del cambio de mando presidencial, en el que el entonces presidente Rafael Correa entregaría el poder a Lenín Moreno.

Durante el periodo como ministra encargada de Trabajo, Luisa González suscribió ese acuerdo ministerial, mediante el cual, se dieron varios lineamientos para la desvinculación de servidores públicos con nombramiento permanente interesados en acogerse al proceso de jubilación.

La Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 129, garantiza una compensación económica a quienes se jubilen con nombramiento permanente. Establece que los trabajadores recibirán, por única vez, cinco salarios básicos unificados del sector privado por cada año laborado, desde el quinto año, con un tope de hasta 150 salarios básicos.

Aunque el acuerdo no eliminó ese derecho, sí generó cuestionamientos, especialmente, por parte de gremios de trabajadores y jubilados. El texto regulaba los procedimientos tanto para jubilaciones obligatorias (a partir de los 70 años) como voluntarias (desde los 60 años con 30 de aportes, según la Ley de Seguridad Social). El conflicto surgió, principalmente, por las limitaciones impuestas a quienes deseaban acceder a la jubilación antes de los 70 años.

Uno de los artículos más criticados fue el 9, que condicionaba el acceso a la jubilación no obligatoria a la inclusión del solicitante en una planificación institucional y a la existencia de presupuesto fiscal. Las solicitudes debían presentarse antes del 31 de marzo de cada año y serían analizadas hasta el 30 de abril. Si no había fondos disponibles, el trámite quedaba postergado hasta el siguiente año fiscal.

Además, el acuerdo ofrecía una alternativa para los trabajadores que deseaban jubilarse sin esperar esa planificación: renunciar voluntariamente a su cargo. No obstante, esta opción eximía al Estado del pago de la compensación económica establecida por Ley, lo que fue calificado por sectores críticos como un mecanismo legal para evadir esas obligaciones.

En marzo de 2018, la entonces asambleísta Norma Vallejo junto con un grupo de jubilados, solicitó al Gobierno de Lenín Moreno la derogatoria del acuerdo. Señalaron que su aplicación afectaba principalmente a los trabajadores menores de 70 años que cumplían con los requisitos, pero no podían jubilarse debido a la falta de planificación y presupuesto.

Ese mismo año, diferentes gremios, incluidos los docentes, se movilizaron para exigir el pago de sus compensaciones jubilares y la eliminación del Acuerdo 0094. En respuesta, el entonces ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, derogó dicho acuerdo y lo reemplazó por el Acuerdo MDT-2018-0185, el cual suprimió la cláusula de renuncia voluntaria, aunque mantuvo la planificación anual y la posibilidad de pagar las compensaciones mediante bonos del Estado.

Este nuevo marco normativo ha sido modificado posteriormente en 2019 y 2021, pero su estructura esencial permanece vigente y continúa siendo cuestionada por sectores de jubilados y trabajadores públicos.

Es importante señalar que aunque el acuerdo firmado por González dificultó en la práctica el acceso a las compensaciones para jubilaciones no obligatorias, no eliminó legalmente ese derecho. Su contenido dejó de aplicarse a partir de 2018, cuando fue oficialmente derogado.

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