A seis semanas del referendo constitucional convocado para el domingo 16 de noviembre, persisten las dudas sobre las intenciones del presidente Daniel Noboa al proponer la instalación de una Asamblea Constituyente y sobre los alcances que tendría este órgano, que contaría con 180 días —prorrogables por 60— para redactar una nueva Constitución que reemplace la de 2008, aprobada durante el gobierno de Rafael Correa en Montecristi.
La controversia acompaña a esta iniciativa desde su anuncio, el 17 de septiembre, cuando Noboa acusó a la Corte Constitucional de “activismo político” y aseguró que el objetivo de la Constituyente sería “devolver el poder al pueblo” y “sacar al país del secuestro institucional”. Dos días después, mediante Decreto Ejecutivo, convocó a la consulta sin esperar el dictamen previo de la Corte, como exige el numeral 2 del artículo 438 de la Constitución.
Este primer intento, finalmente declarado improcedente, se produjo un mes después de que Noboa liderara en Quito una marcha en rechazo a la suspensión, por parte de la Corte, de varios artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional. Durante la manifestación se exhibieron pancartas con los rostros de los nueve jueces constitucionales, acusándolos de “robar la paz” al país.
La organización Amnistía Internacional calificó ese hecho como un acto de hostigamiento y estigmatización pública contra los jueces. “Estas acciones representan una seria amenaza a la independencia judicial en Ecuador. Llamamos al Estado a garantizar que las y los jueces puedan ejercer sus funciones libres de presiones políticas y en condiciones de seguridad”, advirtió en un comunicado.
Finalmente, el 24 de septiembre, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable luego de que el Ejecutivo subsanara las observaciones iniciales. En su pronunciamiento, el tribunal ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) incluir una pregunta adicional sobre el estatuto y la distribución de asambleístas. “Una Asamblea Constituyente no es una estrategia del poder de turno ni un artificio político, sino un proceso de la mayor responsabilidad histórica”, señaló la Corte, al recordar la alta frecuencia con la que el país ha cambiado de Constitución.
Tras el dictamen, el CNE resolvió iniciar la organización del proceso electoral para el Referéndum y Consulta Popular 2025, que incluirá la pregunta sobre la instalación de la Constituyente y otras tres sobre temas de bases militares, fondos partidarios y reducción del número de asambleístas.
La pregunta sobre la Constituyente quedó redactada así:
“¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”
Si la ciudadanía aprueba la propuesta, se realizarán dos procesos electorales consecutivos: el primero para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente y el segundo, un plebiscito para aprobar o rechazar el texto final de la nueva Carta Magna.
Cuatro expertos consultados por Ecuador Chequea coincidieron en que los resultados de este proceso dependerán no solo de las estrategias políticas del Ejecutivo —que Noboa ha dejado entrever en sus declaraciones—, sino también de la composición y desempeño de los futuros asambleístas. Entre las intenciones atribuidas al mandatario se mencionan la reducción de las funciones del Estado de cinco a tres o cuatro, la flexibilización de normas laborales y de inversión, y un mayor endurecimiento legal frente al crimen organizado.
A diferencia de la Asamblea de Montecristi de 2008, esta no tendría “plenos poderes”, según explicó el abogado constitucionalista Juan Sebastián Ramírez. “Los dictámenes de la Corte Constitucional han sido claros: no puede existir una Asamblea de plenos poderes. Por tanto, coexistirán una Asamblea ordinaria y otra constituyente, que trabajarán de forma separada, pero paralela”, señaló.
El exconstituyente César Rohón y los analistas políticos Andrés Jaramillo y Christian Carpio recordaron que Noboa ha dado diversas señales de lo que podría buscar con una nueva Constitución: trasladar nuevamente a la Asamblea la designación de autoridades de control, reducir la intervención estatal en sectores estratégicos y abrir la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces constitucionales.
Carpio sostiene que la propuesta responde a una doble motivación: “neutralizar a la Corte Constitucional y rediseñar estructuras institucionales que, según Noboa, impiden avanzar su agenda”. Rohón, por su parte, considera que el presidente busca “reinstitucionalizar el Estado y poner fin a la dispersión de cinco funciones que hoy operan con competencias contradictorias”.
Jaramillo añade que, incluso sin una nueva Constitución, el Ejecutivo ya ha logrado influir en organismos de control: “La designación de un fiscal alineado con intereses del gobierno, el Consejo de la Judicatura afín al oficialismo y la destitución de un consejero del CPCCS evidencian ese control”.
“Una Constituyente podría servir, entonces, para blindar normativas que favorezcan ciertos intereses económicos, especialmente en materia de extractivismo o derechos de la naturaleza”, advierte.
Tanto Carpio como Rohón consideran que otra de las “pistas” sobre el proyecto constitucional de Noboa se encuentra en la pregunta sobre la instalación de bases militares extranjeras, prohibida por la Constitución actual. Ambos anticipan que el gobierno buscaría consolidar una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, junto con reformas económicas que amplíen el margen de acción del sector privado.
El calendario electoral
Con el calendario electoral en marcha, el país entra en una cuenta regresiva hacia el referendo. Las fechas clave son las siguientes:
- 7 de octubre: designación de miembros de las juntas receptoras del voto.
- 1 al 13 de noviembre: campaña electoral oficial.
- 14 al 16 de noviembre: silencio electoral.
- 14 al 17 de noviembre: ley seca.
- 13 de noviembre: voto de personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada.
- 14 de noviembre: voto en casa para personas con discapacidad.
- 16 de noviembre: jornada electoral general.
Jaramillo prevé que, durante la campaña, el gobierno concentrará el debate en las otras preguntas de la consulta —como las bases militares o la reducción de asambleístas—, evitando discutir los temas de fondo: la baja calidad de las leyes aprobadas, la inseguridad, la falta de empleo y las desigualdades sociales.
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