De los casos sustanciados, 3 funcionarios fueron censurados, 1 funcionario fue censurado y destituido.
El 14 de mayo del año pasado, la Asamblea Nacional dio inicio al período legislativo 2021-2025, con la presencia de 137 asambleístas. Desde entonces, el Legislativo ha sido cuestionado por el Ejecutivo, que le acusa de torpedear proyectos de ley. La presidenta, Guadalupe Llori, se aferra al cargo mientras hay sectores que promueven su remoción. En medio de esta vorágine, mediante un post se afirmó que el Legislativo cumple un primer año de gestión con cuatro solicitudes de juicio político. La información es calificada como imprecisa porque este último año hubo 9 solicitudes de juicio político y sólo se tramitaron 4.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea informó a Ecuador Chequea que en 92 sesiones se tramitaron 9 solicitudes de juicio político contra funcionarios públicos durante este primer año del Legislativo; de las cuales, cuatro casos fueron sustanciados por la Comisión para ser tratados en el Pleno, 3 funcionarios fueron censurados y uno de ellos fue censurado y destituido.
De las otras 5 solicitudes restantes, dos fueron archivadas por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución; otros dos se enviaron al Pleno, pero se recomendó el archivo; y otro proceso que fue suspendido.
Los tres funcionarios censurados fueron el excontralor Pablo Celli, el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión y el exministro de Energía René Ortiz.
En el cuarto caso, casi por unanimidad, el Pleno votó a favor de la censura y destitución de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, el 8 de diciembre del 2021, a quien se señaló por haber incumplido las funciones de control y vigilancia para frenar el millonario perjuicio al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) en operaciones irregulares con las empresas Ecuagran, Delcorp y Decevale.
Según el artículo 21, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa especifica:
De Fiscalización y Control Político. – Se responsabilizará de las solicitudes de enjuiciamiento político a las autoridades estatales; los casos de negativa de entrega de información solicitada por las y los asambleístas; los pedidos de fiscalización impulsados por la ciudadanía o por las y los asambleístas que la integran, cuando no competan al ámbito específico de otra comisión; y, los procesos de fiscalización que el Pleno de la Asamblea y el Consejo de Administración Legislativa, le asignen.
