El proceso, que inició formalmente hoy en la Comisión de Fiscalización, deberá limitarse al presunto delito de peculado, según el dictamen de la Corte Constitucional, que no acogió la causal de concusión, contenida en el pedido del correísmo.
Como un día histórico calificaron los asambleístas de la Comisión de Fiscalización al inicio del proceso de sustanciación del juicio político en contra del presidente, Guillermo Lasso, por presunto peculado, impulsado por los legisladores de oposición Viviana Veloz (correísmo), Rodrigo Fajardo (Izquierda Democrática), Mireya Pazmiño (separada del bloque de Pachakutik) y Pedro Zapata (PSC). Los miembros de la Comisión aseguraron que no se trata de un juicio político cualquiera.
La Comisión avocó conocimiento, por unanimidad, del proceso, tras dar lectura de la normativa, como el dictamen de la Corte Constitucional y de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Tras avocar conocimiento, Fernando Villavicencio (independiente), presidente de la Comisión, pidió que se notifique a las partes.
Según Villavicencio, los primeros 10 días de plazo, de los 30 que tienen para presentar el informe que deberá ser conocido por el Pleno, empiezan a correr desde que son notificados las partes con el inicio del mismo, que se espera sea hasta el miércoles. “Hoy lo que hemos cumplido es el acto formal de avocar conocimiento. Mañana pediré a los interpelantes que individualicen la prueba, ya que fue presentada en forma general y luego todos los documentos tenemos que presentarlo de forma presencial al Presidente de la República y por las otras vías”, manifestó.
Se investigará sólo presunto peculado
En la solicitud de juicio político presentada por los asambleístas de oposición responsabilizaban de tres presuntos delitos al Primer Mandatario: dos por concusión y uno por peculado. En su dictamen de admisibilidad, la Corte Constitucional no calificó la concusión, por no cumplir las exigencias del artículo 148 numeral 2 de la Ley de Garantías Constitucionales. Pero dio paso a la sustanciación por el presunto delito de peculado. En el dictamen consta literalmente: “Disponer que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo…”.
Villavicencio explicó que esto implica que las pruebas de cargo y de descargo que presenten interpelantes e interpelados deberán relacionarse únicamente con el presunto peculado; y dentro de ese presunto delito, a lo denunciado puntualmente: que el Presidente conocía de irregularidades en el proceso de contratación de transporte petrolero entre la empresa Amazonas Tanker Pool Company LLC y Flopec.
“Les invoco a los legisladores: nada de estar hablando de Sucumbíos, ni de (Rubén) Cherres, nada; aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa, porque no presentaron las pruebas; tampoco hay espacio para hablar de Leonardo Cortázar, porque no quisieron presentar las pruebas; menos aún hay espacio para hablar de Ítalo Cedeño y supuestos casos de corrupción en Petroecuador. La única prueba válida, calificada por la Corte Constitucional es aquella relacionada con este caso de peculado en Flopec, y no en todo Flopec”, dijo el legislador.
Lo mismo considera la asambleísta de Izquierda Democrática Wilma Andrade, ya que aseguró que el dictamen es claro y determina el delito a tratarse por parte de la Comisión de Fiscalización.
Dispuesto a terminar su periodo
Por su parte Lasso, en entrevista con Ecuavisa, reiteró que, hasta el momento, su plan es presentarse ante el Pleno de la Asamblea para responder al país, ya que es su “obligación poner la cara ante el pueblo ecuatoriano”. Aseguró que no hubo peculado ya que, dijo, se lo quiere interpelar por hechos sucedidos en el anterior Gobierno: “Un contrato suscrito entre Flopec y Amazonas Tanker en 2018, tres años antes de que yo fuese Presidente”, dijo.
Criticó a los seis jueces constitucionales que aprobaron el dictamen de admisibilidad sin haberse fijado en la fecha de los contratos. Y aseguró que este es el cuarto intento por desestabilizar a su Gobierno: el primero, con los Pandora Papers; el segundo, con el paro indígena de junio de 2022; el tercero los atentados en una sola noche en noviembre de 2022; y el cuarto, este proceso de interpelación.
De lo que responsabilizó a lo que llamó el “triunvirato de la conspiración” en la que estarían el expresidente Rafael Correa; el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot; y el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.
A pesar de este escenario y del juicio político en marcha Lasso descartó, por el momento, recurrir a la muerte cruzada ya que aseguró estar dispuesto a gobernar los cuatro años para los que fue elegido. Pero, tampoco lo descartó por completo.
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