Tras una reunión con el presidente, Iván Saquicela, y altos mandos de la Policía, el Ministro del Interior dijo que 1.304 policías custodian a 326 personas con arrestos domiciliarios. ¿Cómo afecta esto la capacidad operativa de los uniformados?
La Corte Nacional de Justicia tendría en su poder la posibilidad de permitir que la Policía recupere a una parte de su personal, que actualmente se encuentra subutilizado al no poder cumplir con su función principal de proteger a la ciudadanía, prevenir el crimen y combatirlo, debido a su tarea de custodiar a personas en arresto domiciliario, con un gasto de 20 millones de dólares al año.
El presidente de la Corte, Iván Saquicela, anticipó esta posibilidad después de escuchar durante más de una hora las quejas de altos funcionarios de la Policía y del ministro del Interior, Juan Zapata. Ellos argumentaron que la asignación de 1.304 policías para custodiar a 326 detenidos representa un obstáculo significativo para la “operatividad de la Policía”.
“En esta resolución lo que planteamos es que pueda haber absoluta claridad de cómo debe dictarse esta medida y los presupuestos que deben cumplir, sobre la base de la Ley. Quiero reiterar que es la Ley y nosotros no somos legisladores para reformarla, pero sí tenemos atribuciones para especificar el alcance de la norma en caso de duda u obscuridad”, comentó Saaquicela.
Tras una reunión que se prolongó por más de una hora en la Comandancia de la Policía en Quito, Saquicela se comprometió a que el pleno de la Corte inicie el trámite y la aprobación de una resolución de cumplimiento obligatorio para los jueces de todo el país. Dicha resolución, agregó Saquicela, establecerá que, antes de otorgar arrestos domiciliarios, los jueces deberán cumplir dos requisitos previos como: obtener informes de la Policía Nacional que incluya los resultados de análisis de riesgo y la evaluación de la peligrosidad de los detenidos.
Zapata se quejó que muchos de los beneficiarios del arresto domiciliario “tienen un nivel de riesgo por pertenecer a bandas delictivas con enfrentamientos con otras bandas y un nivel de peligrosidad que ellos representan. Por lo tanto, se pone en riesgo la vida de un ser humano como es el policía”.
Se han concedido muchos de estos arrestos en domicilios sin las condiciones mínimas o ubicados en zonas donde operan grupos criminales organizados, recalcó el ministro Juan Zapata. Sin embargo, no precisó la cantidad de policías atacados con armas de fuego mientras custodiaban a líderes de bandas delincuenciales.
Del arresto domiciliario, por ejemplo, se han beneficiado líderes de grupos del crimen organizado con altos niveles de peligrosidad para la sociedad y de riesgo para los policías asignados a su custodia, como el caso alias Junior Roldán, mencionó Zapata.
Criterio
Para el consultor de seguridad y exdirector de Inteligencia del Estado, Mario Pazmiño, Ecuador se ha demorado mucho tiempo en intentar establecer estos requisitos previos para conceder a detenidos el beneficio del arresto domiciliario.
El especialista dijo que este tipo de medidas de “sentido común” son indispensables para “recuperar una parte de la operatividad de la Policía Nacional en los actuales momentos de una arremetida del crimen organizado”.
Pazmiño dijo que la eficacia de tal medida depende de que la justicia en el país funcione de una manera transparente y con decisiones judiciales técnicas y profesionales, que no cedan a presiones de ningún tipo.
“El diagnóstico de peligrosidad consiste en determinar el grado de amenaza que puede tener esa persona en el contexto de una prisión o de una vivienda. La peligrosidad también se define como la posibilidad de esa persona de incidir contra la sociedad. Y bajo ese criterio, se asigna el personal”, recordó. El informe de riesgo, en cambio, debe determinar de manera específica las medidas de seguridad que se requieren para detenidos en cárceles o en domicilios, incluida la protección de los custodios.
“Pero lo que se necesita en este momento es una mayor cantidad de personal policial en territorio, Y eso no lo podemos hacer porque tenemos un sinnúmero de misiones y el número de policías que salen a hacer patrullaje es mínimo”, indicó.
Comparación
La cantidad de policías asignados a arrestos domiciliarios representa el 103% del total de policías en toda una provincia como Chimborazo (1.260) o el 14,5%% de la provincia de Loja (800). Con estas cifras, el ministro Zapata declaró su aspiración que se reduzca en al menos 10% la sobrecarga de policías a esta tarea.
Los datos son:
71% de los arrestos domiciliarios corresponde a los siguientes casos:
– 124 delitos sexuales
– 63 narcotráfico
– 47 delitos contra la vida
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