POR: Hugo Constante
Sectores sociales, indígenas, gremios y hasta legisladores empezaron a definir acciones frente a la eliminación del subsidio al diésel, anunciado por el Gobierno el fin de semana. La medida causó reuniones internas urgentes, como la del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que como respuesta convocó a una marcha nacional para el martes 23 de septiembre, a pesar de que la última movilización que cumplió el sector obrero fue apenas el pasado jueves.
Los dirigentes sindicales aseguraron que la marcha de la próxima semana no será únicamente en contra de la eliminación del subsidio, ya que se han venido acumulando argumentos para expresar en las calles el rechazo a la política del Gobierno.
Mencionan, por ejemplo, el incremento del IVA en tres puntos que el oficialismo dijo que serviría para combatir la inseguridad, sin que se vean resultados hasta el momento, según dicen los dirigentes; el tratamiento de Leyes económicas, de cuya inconstitucionalidad se espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional; la arremetida del Gobierno contra los jueces constitucionales por haber dejado en suspenso varios articulos de esas leyes; la fusión de ministerios y la desvinculación de al menos 5.000 funcionarios, entre otros motivos.
“La única alternativa que tenemos es empezar a salir a protestar, empezar a salir a las calles; no hay otra. El Gobierno no ha querido dialogar con los ecuatorianos”, manifestó Edwin Bedoya, presidente del FUT.
Bedoya mencionó la radicalización de la protesta social, por lo que mañana acompañarán en Cuenca a la marcha de la sociedad civil que busca defender el páramo de Quimsacocha frente a la explotación minera; mientras que este jueves será una movilización en defensa del IESS.
Los dirigentes de la FEUE convocaron a movilizarse mañana desde la Universidad Central.
El sector indígena
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), una de las organizaciones con más incidencia en la Sierra Central, se declaró en reuniones permanentes, tanto por la eliminación del subsidio al diésel, como por la decisión del Ejecutivo de trasladar la sede del Gobierno a Latacunga. Rafael Negrete, presidente del MICC, manifestó que hay preocupación en las bases ya que el incremento de precios del combustible representa un golpe a los campesinos y a los agricultores. Negrete invitó a la unidad de los sectores sociales de Cotopaxi para que se sumen a la búsqueda de alternativas.
Negrete pidió al Gobierno que explique dónde se invierten los recursos que se generan por la subida en tres puntos del IVA, ya que en su provincia las muertes violentas se han incrementado. Afirmó que en el tema minero se está afectando a la parroquia Palo Quemado, del cantón Sigchos, con concesiones que van en contra de las comunidades indígenas, por lo que exigió a Noboa que rinda cuentas de los recursos que genera el impuesto y de la situación minera. El viernes el MICC tendrá una asamblea provincial para tratar estos temas y será decisión de las bases, si se movilizan o cual es el camino que seguirán. Para el dirigente, el que el Ejecutivo se haya traslado a su provincia es una provocación al movimiento indígena. “Sabiendo que estamos viviendo esta realidad, ha venido a provocar”, manifestó.
Cecilia Baltazar, asambleísta de Pachakutik y representante de Tungurahua, dijo que una movilización indígena no se puede organizar de la noche a la mañana, pero aseguró que su provincia se mantiene en resistencia frente a esta última medida del Ejecutivo. A pesar de que uno grupo de asambleístas de esta organización ha venido votando con la bancada oficialista, entre ellas Baltazar, la legisladora manifestó que hay un rechazo absoluto a esa decisión del Gobierno, por lo que, si no se revé, no seguirán apoyándolo desde las curules.
Desde la Asamblea
La bancada correísta se sumó al rechazo. La jefa de esta bancada, Viviana Veloz, manifestó que es una medida injusta que fue tomada sin sustento técnico y sin socializar con los diferentes sectores. Aseguró que el Gobierno está siguiendo la “receta” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y espera que en ese camino, “un día de estos no se despierte el Ecuador con que también se ha eliminado el subsidio al gas doméstico”. Agregó que con la eliminación del subsidio Noboa ha incumplido un ofrecimiento de campaña y anticipó que en la sesión del Pleno de mañana mocionarán un cambio del orden del día para que se debata una resolución exigiendo la derogatoria del Decreto con el que se eliminó el subsidio al diésel.
Juan Gonzaga, asambleísta independiente, manifestó que el Ejecutivo tomó una decisión con base en las competencias que tiene, pero que se debió primero dialogar para ver los efectos de la medida y buscar una alternativa, como la focalización del subsidio.
Sin embargo, la legisladora oficialista Nataly Morillo dijo que “se está poniendo la casa en orden”, argumentando que el subsidio beneficiaba a contrabandistas y a mineros ilegales. Morillo destacó que hay incentivos para el sector del transporte, por lo que no se justifica un incremento en el precio de los pasajes, y que habrá operativos de control para evitar la especulación.
Cámaras respaldan medida
La Cámara de Comercio de Quito aseguró, a través de un comunicado, que eliminar el subsidio al diésel es una medida acertada que contribuye al ordenamiento de las finanzas públicas y a una asignación más eficiente de los recursos en el mediano y largo plazos.
En el mismo sentido la Cámara de Industrias y Producción apoyó la decisión del Gobierno de reorientar los subsidios de los combustibles hacia las familias más vulnerables y las compensaciones ofrecidas a los transportistas. Según este gremio, los subsidios fomentaban el contrabando, el robo interno de combustibles y financiaba grupos de delincuencia organizada.
Te puede interesar:
. Es falso: ni taxistas, ni buses escolares y turísticos están en paro
. Es cierto: Noboa sí declaró en 2024 que no tocaría el subsidio al diésel
. Eliminación del subsidio al diésel toca fibras en la Asamblea
