Las cifras delictivas son cada vez más elocuentes. Los analistas coinciden en dos cosas: un buen marco legal es necesario, pero no es suficiente. 

El proyecto de Ley que ofreció el presidente, Guillermo Lasso, para combatir el alto índice de inseguridad que vive el país ya está en la Asamblea. Se llama Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Contiene 46 artículos, dos disposiciones generales, dos transitorias y una disposición final. 

El proyecto desarrolla la normativa para el uso progresivo de la fuerza y aclara que jamás será admisible en contra de ciudadanos que ejerzan su derecho a la protesta y a la resistencia.

Además, reforma la Ley de Seguridad Pública y del Estado; el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público; el Código Orgánico Integral Penal (COIP); la Ley Orgánica de Extinción de Dominio; el Código Orgánico de la Función Judicial; y la Ley Orgánica de Servicio Público.  

En la exposición de motivos consta que el objetivo es enfrentar el problema de la crisis carcelaria y de la delincuencia organizada.

En el tema carcelario reforma la estructura del Sistema de Rehabilitación Social; para reducir el hacinamiento se dispone que la prisión preventiva sólo podrá dictarse por delitos reprimidos con 3 años de prisión o más; se autoriza a los municipios a asumir la gestión de los centros de detención provisional en sus cantones.

Para combatir a la delincuencia organizada, se optimiza el tipo penal para que se reprima a los colaboradores que no ejercen mando; se aclara que ciertas diligencias, como la detención con fines de investigación, pueden autorizarse sin cursar notificación previa que fomente la fuga; se crea el tipo penal de terrorismo en cárceles y que los trabajos de inteligencia que se generen en los reclusorios se incluyan en el Sistema Nacional de Inteligencia.

El proceso 

El proyecto de ley deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), tras un informe de la Unidad Técnica, y remitido a una de las comisiones.

Lo más probable es que sea tratado por la de Soberanía y Seguridad, que ya tiene en análisis cuatro proyectos de Ley relacionados con seguridad y fuerza pública, entre ellos uno específico sobre el uso progresivo de la fuerza, de iniciativa legislativa.  

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en entrevista con Ecuavisa, manifestó que son reformas indispensables, específicas y urgentes.

Informó que el articulado sobre el uso progresivo de la fuerza incluye a las Fuerzas Armadas, que actúan como colaboradores en la seguridad interna pero no cuentan con regulación, ya que el reglamento que se dictó en el Gobierno de Lenín Moreno fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

En el proyecto, para efectos de esa Ley, se define como fuerza pública a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. 

El presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, manifestó que combatir la inseguridad es un trabajo conjunto en el que cada institución debe asumir su propia responsabilidad. “Todavía estamos a tiempo de parar esa violencia en nuestro país”, comentó. 

Agregó que el aporte del Gobierno central y sus instituciones en los proyectos de ley sobre seguridad ha sido mínimo, por lo que no se puede exigir que se aceleren los procesos.  

El general Fausto Salinas, director de Seguridad Ciudadana, dijo que es necesario contar con una Ley, porque el uso de la progresivo de la fuerza consta a nivel de reglamento, aplicable sólo a la Policía, mientras que el proyecto que ya maneja la Comisión incorpora a otras entidades de seguridad a nivel de municipios y distritos metropolitanos. 

Para el especialista en derecho penal Pablo Encalada, la clase política siempre se ha equivocado en cómo enfrentar los problemas de la criminalidad, ya que, generalmente, cuando hay un aumento de índices delictivos recurren a las reformas legales y a “meterle mano a la justicia”. “Eso es un error; cuando se comete un delito, luego interviene el sistema de justicia y se aplican las leyes. Nunca nuestras autoridades han trabajado en la prevención del delito y sólo han pensado en la represión “, manifestó. 

Algunos datos 

Según las estadísticas de la Policía Nacional, en el 2020 se cometieron 1.372 homicidios intencionales, cifra que aumentó considerablemente en el 2021, cuando se cometieron 2.492, un incremento del 81,63%.

En tanto que al 26 de enero de 2022 ya se registran, a nivel nacional, 258 homicidios intencionales.

En el año 2020 el mes más violento fue diciembre, con 157 asesinatos; un año después fue septiembre la época más violenta, con 325 homicidios. 

ENTREVISTA

‘Modificar las estructuras legales no es suficiente’

Carla Álvarez, 

Docente universitaria, Instituto de Altos Estudios Nacionales

¿Cuál es su valoración general del proyecto de Ley?

Incluye demasiados temas, porque no sólo trata del uso progresivo de la fuerza (sobre lo que ya existe normativa), sino que además modifica la Ley de Seguridad Pública y del Estado, modifica el COIP, La Ley Orgánica de Extensión de Dominio y al Código Orgánico de la Función Judicial. Si bien, en algunos casos, las reformas son complementarias, en otros no lo son, lo cual dispersa la fuerza de esta propuesta legal.

Además, creo que refleja un espíritu punitivo, que busca endurecer las estrategias de lucha contra la violencia y la delincuencia común y organizada.

De hecho, se endurecen las condenas para algunos tipos penales, como la “delincuencia organizada”, por poner un ejemplo; se crean nuevos delitos como el “terrorismo carcelario”; también se establece “la emergencia del Sistema de Seguridad Pública del Estado” que es una suerte de Estado de Excepción extendido (90 días de duración).

Si hay algo positivo en el proyecto, desde mi punto de vista, es el patrocinio del Estado a policías y militares que se encuentren investigados por uso excesivo de la fuerza.

¿Es una buena normativa para combatir la inseguridad?

La modificación de las estructuras legales del país no es suficiente para mejorar los indicadores de seguridad, ni para reducir la violencia.

La inseguridad se combate con leyes adecuadas, pero también con presupuestos que se entregan oportunamente, con suficiente equipamiento técnico y tecnológico, con una fuerza policial y militar debidamente capacitada y equipada, y también, reduciendo el déficit de policías que se tiene actualmente, entre otras cosas.

Además de todo esto, se requiere un trabajo sostenido y paralelo en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Si sólo se mejoran las leyes, mientras la población se mantiene pobre, enferma y sin empleo, no debería sorprendernos que no se obtengan los resultados deseados.

¿Cuál es su opinión sobre cómo está planteado el uso progresivo de la fuerza?

Todo Estado requiere una normativa sobre el uso progresivo de la fuerza. Ecuador ya tiene una y está apegada a los estándares internacionales, a los cuales se apela en las motivaciones del proyecto de ley actual. Contar con este marco legal es absolutamente necesario.

Lo que es incorrecto es pensar que el uso progresivo de la fuerza constituye una bandera blanca para que la fuerza policial abra fuego contra cualquier sospechoso, a nombre de la seguridad y/o de la protección de la ciudadanía.

El espíritu de la normativa debe propender a la protección de la población de los abusos de quienes detentan legalmente los medios para ejercer la violencia; de ninguna manera puede ser entendida como una autorización para usar la fuerza como primer recurso, ante toda persona o situación amenazante. No sé si esto está claro en este país. 

Te puede interesar:

· La cifra es cierta y representa un récord a nivel mundial

· Desde abril del 2021, cualquier mujer víctima de violación puede abortar legalmente

· Las vacunas elevan la protección, pero no reducen por completo el riesgo de contagio