Al Gobierno le quedan poco más de tres meses para cumplir con el mandato de la consulta popular, que prohíbe la explotación petrolera en el Bloque 43 del Yasuní. Se ha dado, recién, un primer paso, pero ¿se lograrán cumplir los plazos? Expertos aseguran que no.
El contador se acerca al cero. Los meses pasan y el plazo que tiene Ecuador para cerrar por completo la producción petrolera en el Bloque 43 ITT, del Yasuní, cada vez tiene menos meses y días. El cronómetro empezó desde que el 31 de agosto de 2023, el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados de la consulta popular, en la que la ciudadanía se pronunció para concretar el desmantelamiento y pausar la producción.
En esta fecha el CNE hizo oficial la victoria del ‘Sí’ a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? El 58,95% de la población se pronunció a favor de esta pregunta, mientras el 41,05% dijo que ‘No’.
La Corte Constitucional fue la que, oficialmente, dio luz verde para que se realice la consulta popular, que fue embanderada por movimientos sociales y ambientalistas desde 2013; es decir, por una década. En su dictamen 6-22-CP/23, la entidad da paso a la consulta y establece los lineamientos que debe cumplir el Gobierno para llevar a cabo el proceso de desmantelamiento del campo petrolero.
En este documento, la Corte estableció que el cierre del pozo petrolero no podría ser automático. Esto, debido a que tomar acción inmediata “podría acarrear implicaciones en distintos ámbitos —principalmente el jurídico, económico, social y ambiental—”. Por esto, se estableció claramente que en caso de ganar la consulta popular, algo que se convirtió en una realidad, el Gobierno tendría un plazo máximo de un año para ejecutar lo dicho en las urnas, “contando desde la notificación de resultados”.
Además, el dictamen es claro al asegurar que el Gobierno deberá realizar un retiro “progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un plazo no mayor a un año. (…) Adicionalmente, el Estado no podrá ejercer acciones tendientes a iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del bloque 43”.
Tomando en cuenta esto se puede destacar que el 31 de agosto se cumpliría el plazo que dio la Corte Constitucional al Gobierno para el desmantelamiento del bloque petrolero conforme a los lineamientos que se enmarcan en su dictamen. ¿Se cumplirá?
¿Se ha hecho algo?
Para iniciar este proceso, el presidente, Daniel Noboa, emitió el pasado 8 de mayo el Decreto Ejecutivo 257, en el que establece la creación de un Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní ITT. Este organismo sería el encargado de coordinar y establecer mecanismos, lineamientos y acciones que se ejecutarán para cumplir con la voluntad popular respecto al bloque 43.
Este, además, está conformado por las máximas autoridades de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Economía y Finanzas, Mujer y Derechos Humanos y Petroecuador. Su función estará enfocada en dar un plan de acción para cumplir con el cierre total de la extracción petrolera en el Bloque 43.
Esta es la única acción que se ha tomado en torno a la decisión de la consulta popular, luego del último pronunciamiento del Gobierno de Guillermo Lasso, en el que se aseguró que no se tomarán acciones para frenar la explotación en el Yasuní ITT. Sin embargo, esta acción ha resultado insuficiente para las organizaciones sociales y ambientalistas que fueron proponentes de la consulta.
Pedro Bermeo, representante de Yasunidos, asegura que el colectivo presentó, por estos motivos, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado ecuatoriano por el incumplimiento de la consulta popular. Aclaró, además, que “se debe recordar a la Corte Constitucional que la firma de este Decreto no avanza el proceso de retirada del bloque 43, sino que es una cortina de humo. Ni siquiera nos incluyeron a las organizaciones proponentes ni a las comunidades indígenas en su Comité”.
En sus declaraciones, Bermeo también recuerda que el Estado no sólo debe retirarse del Yasuní, sino también realizar labores de remediación ambiental en la zona para recuperar el espacio intervenido. “Todo esto se debe cumplir antes del 31 de agosto”.
El colectivo asegura que se mantendrán vigilantes de las próximas acciones del Gobierno para garantizar que se cumpla lo votado en la consulta popular. De este modo, Bermeo también dijo que podrían presentar una denuncia de incumplimiento ante la Corte Constitucional, en caso de que el plazo no sea respetado. Y es que, según el constitucionalista Álex Valle, el incumplimiento del resultado de la consulta popular en el plazo dado por la Corte podría conllevar la destitución del Presidente y todos los funcionarios a cargo del proceso.
Noboa no se ha pronunciado al respecto hasta ayer, cuando el Presidente respondió una publicación realizada en X por Mark Ruffalo, actor conocido por el papel del ‘Hulk’ y otros personajes.
“Daniel Noboa, por favor protege a las madres, familias y niños del bosque del Yasuní de las peligrosas y destructivas prospecciones petrolíferas”, escribió el actor en sus redes sociales. Ante esto, Noboa respondió: “Nuestra preocupación y esfuerzo por conservar su hogar no es nuevo, sabemos que llevan toda su vida protegiendo sus comunidades. Mark, gracias por hacer visible esta lucha que también es nuestra y de todos los ecuatorianos. El 8 de mayo, con la firma del Decreto 257, iniciamos el proceso para el retiro ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en el Bloque 43. Quiero que sepan que esto es una prioridad para este Gobierno y cuentan con todo nuestro respaldo”.
Ante esto, Ruffalo respondió: “Pres. Daniel Noboa, me complace saber que esta es una prioridad para su Gobierno. El pueblo waorani del Yasuní necesita urgentemente que este plan incluya un cronograma sobre el fin de la extracción petrolera, un presupuesto y un proceso definidos, cumpliendo con el mandato popular y la sentencia de la Corte Constitucional. Este plan debe ser construido con la participación de los pueblos indígenas y debe lograrse, a más tardar, en agosto. Yasuní no puede esperar más. ¿Puede decirnos cuáles son las fechas exactas? Gracias por su compromiso”.
Para Franklin Buchelli, abogado ambiental, lo que debe hacer el Gobierno es garantizar el retiro dentro de los plazos, “porque, si no, es un claro incumplimiento a la Constitución”.
¿Misión imposible?
Una de las preguntas que han surgido es si el Gobierno de Noboa tendrá tiempo para cumplir con el resultado de la consulta popular. Sin embargo, expertos y activistas tienen una sola respuesta: “No”.
Para Edmundo Brown, experto petrolero con más de 30 años de experiencia en el sector, “desmantelar un bloque petrolero del tamaño del bloque 43 en un año ya de por sí es imposible, peor en los poco más de tres meses que le quedan al Gobierno hasta que terminen los plazos”.
“Es absurdo que se pueda lograr, esto es tratar de hacer un milagro. Hay que cerrar pozos, quitar tuberías, maquinaria y todo lo que se necesita para la explotación petroleras. No hay cómo”, dice. “El Bloque produce más de 50 mil barriles al día, es una infraestructura grande y de difícil manejo”.
El experto también asegura que estos procesos deben realizarse con suma responsabilidad, para evitar daños ambientales, derrames o contaminación; por lo que tampoco puede acelerarse. “Además, el clima en la Amazonía no es el de Quito o Guayaquil. Hay lluvias, ríos crecidos, esto tarda más el proceso”. Para Brown, el tiempo necesario para realizar este proceso ronda los dos años para hacerlo con la máxima responsabilidad.
Con él concuerda el exministro de Energía Fernando Santos Alvite, quien aclara que se necesitan dos años para desmantelar el Bloque 43, “por lo que el plan del Gobierno será parar la producción y con eso justificar cumplimiento a la Corte Constitucional, para de ahí apelar al retiro progresivo alegando que es un proceso complejo”.
Valle, constitucionalista, aclara que el Gobierno no puede pedir prórroga a la Corte Constitucional y que la única forma de salvarse será empezar el proceso y con eso justificar el cumplimiento con la máxima autoridad Constitucional que esto sí se ha cumplido.
Sin embargo, mientras el tiempo mantiene su rumbo, las próximas acciones del Gobierno para garantizar que la consulta se cumpla todavía tendrán que esperarse con la llegada del informe del Comité.
