Al igual que en la primera vuelta, Daniel Noboa combina su gestión de Gobierno con las actividades proselitistas con las que busca la reelección presidencial, lo que ya le trae otra pugna con la Asamblea, comandada por el correísmo. Balance al final de la primera semana de campaña. 

POR: Hugo Constante

La campaña electoral con miras al balotaje presidencial entre Luisa Gonzaléz (correísmo) y Daniel Noboa (ADN) se viene desarrollando desde el domingo. Al igual que en la primera vuelta, Noboa, que busca la reelección, no ha solicitado licencia para hacer proselitismo. 

Sólo envió un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE) donde informaba que el miércoles se iba a tomar 12 horas para realizar campaña y que no iba a pedir licencia a la Asamblea porque eso dependía de la voluntad política de la Legislatura y se corría el riesgo de que le sea negada, “volviéndose una figura no idónea para ejercer actividades de campaña electoral de un presidente y candidato”. 

La  Asamblea, presidida por la correísta Viviana Veloz, contestó que el CNE no tiene competencia para autorizar ninguna licencia o actividad de campaña de un servidor público en funciones, mucho menos de un candidato, por lo que el organismo electoral debió remitir el oficio a la Legislatura, para que sea tramitado por el Pleno. 

Además, dijo que es infundado el temor de Noboa de que se le vaya a negar dicha licencia. En el comunicado, la Asamblea advierte que las actividades realizadas por Noboa el miércoles, y las que se den durante el resto de la campaña electoral sin contar con licencia,  podrían constituir una grave violación a la normativa electoral.

En su oficio, el mandatario recuerda, en cambio, que una sentencia de la Corte Constitucional determina que su actual mandato es para completar el periodo que le restaba cumplir a Guillermo Lasso, por lo que no constituye reelección, contemplada en el Código de la Democracia como una situación para solicitar licencia.

Un criterio que su ministro de Gobierno, José De la Gasca, ha repetido en declaraciones públicas. “Después de una muerte cruzada, como en este caso, no se trata de una reelección, ya que fueron elecciones anticipadas (las presidenciales de 2023), que servían para terminar un mandato”, dijo De la Gasca en una entrevista a Radio Sucre.

Durante la primera vuelta, uno de los mecanismos a los que recurrió Noboa para hacer campaña fue, a través de los decretos 500 y 505, encargar la Presidencia de la República a su vicepresidenta de entonces, nombrada también por Decreto, Cynthia Gellibert. Sin embargo, en un pronunciamiento posterior, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales esos dos decretos ya que no procede la figura de encargar la Presidencia a través de un decreto ejecutivo porque hay un mecanismo natural de reemplazo que opera de manera automática.

Los puntos de vista 

Tanya Torres, constitucionalista, manifestó que Noboa, al no pedir licencia, se cuidó de no vulnerar el dictamen de la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad del encargo de la Presidencia de la República; y así evita que le reemplace Verónica Abad, su vicepresidenta, ya que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en la que le suspende sus derechos políticos por dos años, aún no está ejecutoriada. 

Sin embargo, considera que vulnera el Código de la Democracia, ya que el espíritu de la norma que obliga a un mandatario en funciones a pedir licencia durante la campaña si opta por la reelección, es que los candidatos compitan en igualdad de condiciones. “No se puede poner en ventaja, o en uso de recursos, a los funcionarios que detenten determinado cargo de elección popular, a que compitan con alguien que no es funcionario público, ya que atenta contra principios democráticos”, dijo Torres, por lo que califica a la notificación de Noboa al Consejo Nacional Electoral (CNE) como un “saludo a la bandera”.

Esteban Ron, experto en derecho electoral, indicó que la disposición de solicitar licencia es obligatoria, no opcional.  El especialista presume que lo que busca Noboa es que surta efecto la sentencia de Abad para declarar su ausencia temporal, lo que configuraría fuerza mayor y le permitiría encargar el cargo a otra persona. 

En declaraciones a la prensa, Noboa manifestó que, una vez que se ejecutoria la sentencia contra Abad, hay varias personas que le han acompañado en su Gobierno que podrían cumplir las funciones de vicepresidenta encargada en lo que resta de su mandato, incluyendo a Gellibert, a quien considera la mejor opción. 

Los observadores 

El tema de la licencia se incorporó en los informes preliminares que presentaron misiones de observadores internacionales tras la primera vuelta electoral. La misión de la OEA advirtió que entonces la campaña transcurrió hasta el último día sin que hubiera claridad sobre si el Presidente debía o no tomar una licencia, lo que generó un alto nivel de incertidumbre, tensión y desconfianza. Para evitar que este escenario se repita en segunda vuelta, la recomendación de la Misión fue que las instituciones pertinentes se pronuncien de manera oportuna y clara sobre las licencias de autoridades públicas de elección popular.

Mientras que entre las conclusiones que presentó la misión de la Unión Europea consta que durante las semanas previas a la elección de primera vuelta, Noboa alternó actividades de campaña con su presencia en actos del Gobierno, “algunos de ellos prohibidos en periodos de campaña, como la participación en inauguración de obras públicas o la entrega viviendas a ciudadanos en el marco de programas públicos. A ello se ha sumado una cierta confusión entre la propaganda institucional del Gobierno y la de su partido”.

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