El CAL suspendió el trámite de sustanciación en la Comisión de Fiscalización, debido a su embarazo. Se trata de una medida temporal, que nadie sabe hasta cuando se mantenga, ya que todo está en función de la salud de Diana Salazar y su licencia por maternidad.

Asambleístas de diversos sectores políticos, excepto del correísmo, justificaron y respaldaron la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), de suspender la sustanciación del juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar, por su estado de embarazo.

El CAL aprobó la decisión con cinco votos a favor: Henry Kronfle y Jorge Acaiturri, del PSC; Eckenner Recalde y Diego Matovelle, del oficialismo; y Alexandra Castillo, de Construye. Se abstuvieron Esther Cuesta y Viviana Veloz, del correísmo.

El asambleísta Otto Vera (PSC) informó, que por las características de su cargo, Salazar está sometida a constantes amenazas y estrés, por lo que los informes presentados en el CAL son contundentes y demuestran un embarazo de alto riesgo, tanto para la madre gestante, como el bebé que está por nacer. “En el marco del derecho nacional e internacional, el CAL decidió suspender el tratamiento del juicio político, pero se tiene que cumplir en algún momento”, dijo Vera.

Lucio Gutiérrez (PSC) reaccionó recurriendo a su fe y declaró que los “tiempos de Dios son perfectos” y presentan un buen motivo para dejar que Salazar trabaje con tranquilidad. “Si la Asamblea no está fiscalizando, por lo menos no deberíamos hacer olas para una persona valiente que, de manera heroica, está develando toda la narcopolítica, la narco justicia, la narco corrupción que existe en nuestro país”, indicó Gutiérrez.

Por su parte Fabiola Sanmartín, de Pachakutik, calificó de oportuna la decisión tomada. Y Paúl Buestán aseguró que era injusto que se le quiera hacer comparecer a la Fiscal a un juicio político con un embarazo de alto riesgo, más allá de que su bancada considera que no existen las causales para la interpelación.

El correísmo

Gissela Garzón (correísta), proponente del juicio político, aseguró que le preocupa la agilidad con la que actuaron diferentes instituciones del Estado para “ponerse” de acuerdo en la suspensión de la sustanciación de este proceso.

Ayer, en cuestión de minutos, a través de las respectivas redes sociales, Salazar informaba al país que estaba embarazada y pedía a la Asamblea que se le garantizara paz para llevar a término su gestación.

Casi de inmediato, y a través de la misma vía, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, anunciaba que pondría en consideración del CAL la suspensión de la sustanciación, ya que la documentación presentaba demostraba que era un embarazo de alto riesgo y porque el procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, ante una consulta hecha por la Asamblea, había contestado que sí se puede suspender el trámite por ese motivo.

En los videos de Salazar y Kronfle no se señalan cuándo se presentó la documentación, si hubo un pedido formal, o cuándo se decidió elevar a consulta al Procurador, ya que generalmente la absolución de las consultas, al ser criterios jurídicos, demoran varias semanas. “Un funcionario que ha hecho bien su trabajo, no tendría porqué huir al control político, mucho menos de una institución que dicen está desacreditada”, dijo Garzón.

Todos los asambleístas coinciden en que se trata de una suspensión temporal, ya que el trámite deberá retormarse en cuanto la condición médica de la Fiscal así lo permita, pero nadie se aventura a decir cuándo sucederá esto, si será en este mismo periodo legislativo o en el siguiente; cuando la Fiscal siga en funciones (su gestión concluye en abril de 2025) o en el transcurso del año después, como lo establece la norma. Esto, debido a que una vez que dé a luz, tendrá licencia de maternidad.

Otras resoluciones

Por unanimidad, el CAL no calificó la queja que presentó Guissella Molina (Gente buena) en contra de Pamela Aguirre (correísta), presidenta de la Comisión de Fiscalización. Molina pedía que se le suspendiera del cargo por 30 días por lo sucedido en esa Comisión este lunes, cuando durante la comparecencia de la Fiscal, Aguirre autorizó que se recibiera en comisión general a su coideario, el exasambleísta Ronny Aleaga, prófugo de la Justicia al estar procesado en el caso ‘Metástasis’. Esta acción obligó a Salazar a abandonar la sesión sin concluir su comparecencia.

El CAL no pasó de un llamado de atención a Aguirre y le advirtió que, en caso de repetir su conducta, sería sancionada. La asambleísta Adriana García (Gente buena), integrante de la Comisión de Fiscalización, lamentó que no se haya establecido un precedente del mal accionar de Aguirre, ya que no cumplió con el debido procedimiento parlamentario.

Y en otro punto del orden del día, el CAL resolvió sugerir al Pleno la creación de una comisión especializada ocasional multipartidista para tramitar los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, en cumplimiento de los resultados de la consulta popular. La sesión para aprobar la creación de esa comisión y el listado de sus integrantes está prevista para el martes.