Las decisiones de lado y lado han ido elevando el tono de las protestas en el país. Con un Gobierno que repite y repite el discurso del diálogo, la dirigencia indígena dice que seguirá mientras no se atiendan sus 10 pedidos.
POR: Diego Cazar Baquero
El presidente, Guillermo Lasso, enfrenta el primer paro nacional desde que empezó su mandato, el pasado 24 de mayo de 2021, en medio de deudas sociales como la erradicación de la inseguridad y el mejoramiento de las condiciones laborales para los trabajadores.
El lunes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lideró varias movilizaciones en al menos 10 de las 24 provincias del país. Su presidente, Leonidas Iza, anunció que la medida sería indefinida, a escala nacional y que se sostendría en principio con acciones de protesta en las comunidades indígenas.
Aunque Lasso y sus ministros aseguran que no hay razones para una protesta social, la Conaie presentó 10 demandas concretas al gobierno. Entre ellas están: suspender el incremento al precio de los combustibles; una renegociación de las deudas de los clientes del sistema financiero nacional; la regulación de precios de productos del campo; la derogación de los decretos 95 y 151 que promueven el aumento de la explotación petrolera y la minería; respetar la consulta previa, libre e informada para iniciar proyectos extractivos en territorios comunitarios e indígenas, y regular los precios de productos de primera necesidad para evitar intermediaciones.
Durante el primer día de movilizaciones las protestas incluyeron cierres de carreteras, quema de neumáticos y riñas aisladas que no afectaron en gran medida las actividades comerciales en el país. Los manifestantes se concentraron, sobre todo, en Pastaza, en la Sierra central, en los alrededores de Quito y en algunas localidades costeras, en su mayoría rurales y agrícolas. Sin embargo, llegada la madrugada del martes, un grupo de policías a bordo de una camioneta de uso civil interceptó el vehículo en el que viajaba Leonidas Iza, muy cerca de la población andina de Pastocalle, en Cotopaxi, y, luego de forcejear con él y con sus acompañantes, se lo llevaron detenido sin un destino determinado.
Vandalismo y represión violenta
Carlos Poveda, uno de los miembros del equipo jurídico de la Conaie y defensor de Iza, le dijo a La Barra Espaciadora, a Mongabay Latam y a Ecuador Chequea que desde su detención habrían ocurrido violaciones al debido proceso, como que no se hayan informado las razones de su aprehensión de inmediato. Iza no tuvo contacto con sus abogados durante toda la noche y buena parte del día y la tarde del martes 14 de junio. “No teníamos ningún tipo de certeza de dónde estaba Leonidas”, aseguró Poveda. Por esa razón intentaron presentar un recurso de habeas corpus, pero las oficinas de la Fiscalía estaban cerradas.
Sin embargo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha defendido el accionar de la Policía, la legalidad de la detención y aseguró que Iza fue detenido en delito flagrante, obtaculizando la vía y planificando desde ahí acciones para escalar la protesta.
Según el parte policial, Iza fue detenido a las 00:30 del martes. Casi 10 horas después, a las 10:26, el parte fue recibido en la Fiscalía Provincial de Cotopaxi para dar inicio al proceso penal y el dirigente fue trasladado a Quito. El documento señala que Iza habría dispuesto a las bases de la Conaie para que intensificaran el bloqueo de vías en todo el país “con la exclusiva finalidad de vulnerar varios derechos”. El parte se refiere al derecho a la libre movilidad y el derecho a la alimentación y señala, además, que el presidente de la Conaie ha anunciado su intención de “bajar” a Lasso, es decir, de derrocar al presidente ecuatoriano.
Cuando el equipo legal de Iza logró presentar el recurso de hábeas corpus —cuenta Poveda— ya era tarde. En audiencia de flagrancia, la jueza Paola Bedón declaró que la detención fue legal y acusó a Iza de presunto autor mediato del delito de paralización de un servicio público, contemplado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal. La Fiscalía desistió de solicitar prisión preventiva y, en su lugar, se dispuso que se presentara periódicamente en las oficinas provinciales de esa entidad, prohibió su salida del país y fijó para el 4 de julio la audiencia de juicio en su contra. “No hay garantías”, asegura Poveda. El hábeas corpus le fue negado y la Justicia definió que no hubo vulneraciones al debido proceso.
Desde el momento en que se supo de la detención de Iza, miles de simpatizantes se volcaron a las calles para protestar y exigir su liberación. En Cotopaxi, zona considerada su bastión político, los reclamos populares desencadenaron enfrentamientos con la Policía hasta la noche de ayer.
El analista político Pedro Donoso, director de la consultora Icare, cree que la detención del máximo dirigente de la Conaie fortaleció a un movimiento indígena que “venía debilitado”, pues “provocó que se reagrupara alrededor de Iza” y que otros movimientos se juntaran, incluso algunos que no estaban alineados con la organización antes de las protestas.
Para Donoso, Lasso cometió un error político. “El error es no haber entendido las consecuencias y los efectos políticos que eso podía provocar”, comenta. Donoso reconoce que el Ejecutivo incidió en la detención del dirigente indígena desde que en diciembre de 2021 aseguró que es “un anarquista” y que terminará “con sus huesos en la cárcel”.
De acuerdo con datos del Latinobarómetro —estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina—, Ecuador es uno de los países en los que más fragmentadas lucen las estructuras partidistas y en donde la gobernabilidad se hace más compleja. Adicionalmente, la falta de confianza en las instituciones estatales es otro de los factores que Donoso destaca como detonante de la coyuntura actual.
El martes, Amnistía Internacional difundió un comunicado en el que advierte al Gobierno de la posibilidad de que se hubiera permitido una detención arbitraria y llama al respeto por el debido proceso y al ejercicio de la protesta social.
Sin embargo, María Paz Jervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK y miembro de la Red de Politólogas en Latinoamérica, cree que sí existen “causales de sobra para procesar a quienes protestan de manera violenta y beligerante y a quienes ostentan un discurso de tumbar el poder constituido constantemente”, pero asegura que los mecanismos fueron equivocados. “Las movidas del Gobierno nacional tienen un mérito porque no cambian su postura: son absolutamente torpes”.
Demandas reales quedan olvidadas
Mientras las 10 demandas de la Conaie se desvanecían en la discusión política concentrada en el destino de Leonidas Iza, dirigentes sociales que habían mantenido cierta distancia con el paro nacional eligieron desde el martes adherirse a las manifestaciones públicas. En una transmisión a través de los medios de comunicación de la Conaie, Samuel Lema, representante del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), reiteró la intención de robustecer las acciones de protesta hasta que el Gobierno de Lasso atienda los 10 pedidos. Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocín), aseguró en la misma transmisión que “el campo no aguanta más porque todos los gobiernos neoliberales que hemos tenido durante los últimos 40 años sólo han servido para enriquecer a los más ricos y no han contribuido con políticas que permitan mejorar la situación de los más pobres”. Espinoza fue más allá y denunció lo que llamó una “persecución” por parte del Gobierno.
María Paz Jervis dice que “la narrativa en Ecuador es el caos y eso nos habla de una ruptura en términos de ciudadanía y de Estado-nación. Hacen falta liderazgos legítimos, liderazgos éticos”. Para Pedro Donoso, “el conflicto tiene que salir de la calle y extrapolarse a la mesa de diálogo, pero alguien tiene que construir esa trocha para encauzar el conflicto hacia ese puerto”.
En la tarde ayer, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que el Ejecutivo está abierto a dialogar y que incluso contempla la participación de organizaciones mediadoras —cuyos nombres no reveló— que orienten una solución a esta nueva crisis que vive Ecuador. Solicitamos entrevista tanto con el ministro Jiménez como con el ministro de Interior, Patricio Carrillo, pero sus equipos de comunicación aseguraron que las agendas de los funcionarios les impedían atender a nuestro pedido.
Hoy, Leonidas Iza animó de nuevo las protestas y ratificó la “férrea voluntad de avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos, de los objetivos de la sociedad, pero también de los objetivos de la patria”. Varios puntos del país registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías mientras las marchas cerraban varias vías en ciudades como Ibarra, Riobamba y algunos barrios quiteños. Gremios de taxistas y transportistas escolares se unieron a las protestas por la mañana, sin embargo, por la tarde, los representantes de los gremios del transporte público anunciaron que no se unirán al paro nacional y convocaron al diálogo.
Para María Paz Jervis, la falta de estrategia de comunicación gubernamental es una de las mayores falencias del régimen de Lasso, al que acusa de haberse entregado a la improvisación durante el primer año en el poder. “Debería haber una línea de información oficial porque la información es poder y es un derecho; este es un Estado roto por todas partes, no entienden la dimensión de gobernar el Estado”. Antes de las tres de la tarde de hoy, el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Eduardo Bonilla, presentó la renuncia a su cargo.
En medio de la incertidumbre, el gobierno dio señales de cumplir con dos de los pedidos de la Conaie, cuando anunció la publicación del Decreto Ejecutivo No.452 y la suscripción el Acuerdo Ministerial No.0069, con los que el Ministerio del Gobierno se compromete a intensificar las intervenciones y operativos de control de precios de productos de primera necesidad. Además, el Ministerio de Agricultura publicó un comunicado para informar que emitirán sanciones a exportadoras bananeras que incumplan con los pagos justos a los productores agrícolas de acuerdo con lo que manda la Ley del Banano en el país.
