Necesitaba 77 votos, obtuvo 77 votos. ADN consiguió la aprobación de la Ley de Inteligencia, pese a que grupos de derechos humanos y varias bancadas temen que la normativa pueda vulnerar la privacidad de los ciudadanos.
POR: Hugo Constante
Con 77 votos a favor, lo mínimo requerido, el oficialismo logró la aprobación por parte del Pleno de la Asamblea del proyecto de Ley de Inteligencia. Fue una decisión muy cerrada y disputada voto a voto, al punto de que antes de que se llamara a votación, el salón Plenario fue escenario de un intenso cabildeo. En varias ocasiones, los asambleístas del correísmo se acercaron a dialogar, ya sea con la coordinadora de bancada de ADN, Valentina Centeno; con la presidenta de la Comisión de Seguridad y ponente del proyecto de Ley, la también oficialista Inés Alarcón; o con los legisladores de Pachakutik y del Partido Social Cristiano. El propósito era que el oficialismo mocione la votación artículo por artículo o por bloques.
Alarcón les escuchó, intercambiaron criterios y también se acercó a dialogar con los asambleístas de otras agrupaciones y con su jefa de bancada. Sólo cuando estuvo segura de lograr los votos requeridos, mocionó que se aprobara el texto íntegro del proyecto de Ley trabajado por su Comisión.
Alarcón aseguró que la propuesta respeta la Constitución, el derecho a la privacidad de las personas y descartó que vaya a servir como instrumento de persecución política.
Los 66 votos en contra y las 7 abstenciones evidencian lo conflictiva del proyecto, los cuestionamientos a la normativa.
La votación a favor de la Ley de Inteligencia significó la expulsión del correísmo de su legislador David Arias, con lo que la organización se queda con 64 legisladores, de los 67 que logró en las urnas. Antes fue expulsado Sergio Peña, mientras que Mónica Salazar se retiró voluntariamente de la Revolución Ciudadana antes que se instale el nuevo periodo legislativo.
De Pachakutik, cuatro asambleístas votaron a favor, dos se abstuvieron, dos votaron en contra y uno estuvo ausente.
El ambiente previo
Horas antes de que se votara el proyecto, las diferentes bancadas legislativas, incluyendo el correísmo, habían reconocido que el país necesita esta normativa específica para combatir la delincuencia, al crimen organizado, para prevenir los delitos.
Sin embargo, los articulados referentes a la obligatoriedad que tendrían las operadoras telefónicas de entregar al Sistema de Inteligencia la información en tiempo real y la conexión de sus abonados (interceptar llamadas) sin necesidad de orden judicial previa; así como la facultad que tendría el Sistema para solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones sin orden judicial; o la de pedir información a personas jurídicas o naturales sin especificar qué tipo de información, generó preocupación y rechazo inclusive en asambleístas que han votado con el oficialismo.
Legisladores del Partido Social Cristiano (PSC), de Pachakutik y del correísmo recomendaron que el texto final presentado al Pleno por parte de la Comisión de Seguridad sea votado artículo por artículo o por bloques, pero el oficialismo no tomó en cuenta las sugerencias.
Alfredo Serrano, asambleísta del PSC, dijo que una Ley de esta naturaleza no puede ser ambigua sino que debe ser clara y específica, para evitar que se convierta en una normativa para perseguir o investigar a los ciudadanos bajo cualquier pretexto, con el argumento de garantizar la seguridad nacional. Serrano cuestionó que el proyecto de Ley centralice la actividad de Inteligencia en la persona que dirija el sistema. “Está en riesgo la intimidad de las personas, el derecho a la privacidad y esa información se podría utilizar luego con fines de persecución política”, advirtió el legislador.
Carmen Tiupul (Pachakutik), segunda vicepresidenta de la Asamblea, compartió la preocupación de Serrano y dijo que su Movimiento siempre defenderá los derechos de los ecuatorianos. La legisladora aseguró que apoyan herramientas jurídicas para que el Ejecutivo combata la corrupción, la delincuencia organizada, para que se devuelva la paz a los ecuatorianos, pero que en este proyecto de Ley no se pone limitaciones a la reserva de los datos, a la privacidad de los ciudadanos, lo que implica una vulneración de derechos. “No podemos concentrar el poder en una sola persona; la información de los ecuatorianos debe ser reservada”, expresó.
Desde la bancada del correísmo, Victoria Desintonio dijo que es necesario fortalecer el sistema de Inteligencia para garantizar la seguridad, pero no se puede dar paso a un sistema “a la carta” que esté orientado no solo a la persecución política, sino a cualquier persona o empresas privadas. “No tendremos la seguridad jurídica para la ciudadanía”, dijo Desintonio.
Te puede interesar:
. ¿Qué tan efectivos son los bonos sociales?
. Estos son los sectores económicos más propensos al lavado de activos
. Es falso: la eliminación de los subsidios a la tarifa eléctrica no es para la parte residencial
