Sindicatos y empresarios no lograron acuerdos en el Consejo Nacional de Salarios, dejando la decisión sobre el salario básico al Ministerio del Trabajo. Aunque la Ley no establece una fecha exacta, el Gobierno lo ofrece para el próximo viernes.
POR: Juan Camilo Escobar
El reloj avanza y la presión aumenta en Ecuador, que espera verificar, el viernes de la próxima semana, los resultados de dos anuncios oficiales que condicionan gran parte de la vida de millones: el fin tres meses de los racionamientos eléctricos y el monto del salario básico que regirá el 2025, tras dos frustradas reuniones del Consejo Nacional de Salarios, en las que representantes de organizaciones sindicales y de gremios empresariales no concretaron un acuerdo del monto del alza.
El debate salarial, en cualquier caso, enfrentó a sindicatos, que proponían que el monto pase de $460 a $564,04, argumentando que así cubriría el costo de la canasta mínima familiar; y a gremios empresariales, que sugirieron un aumento limitado a $466,95, citando las proyecciones oficiales de inflación y el impacto de los costos laborales totales, que superarían los $630 por trabajador debido a aportes y beneficios sociales.
El Gobierno podría optar por una solución intermedia, que busque equilibrar las demandas de los trabajadores con las preocupaciones de los empresarios.
En declaraciones a periodistas, tras la segunda reunión, la ministra del ramo, Ivonne Núñez, dijo que “la fórmula matemática es muy sencilla: en ambos casos, tomando en cuenta tanto el valor de la inflación como el de crecimiento, no superan los 10 dólares”.
Sin embargo, cualquier decisión que se tome tendrá importantes implicaciones sociales y económicas. Consultado sobre este tema, Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de Política Laboral, señaló que se trata de una de las decisiones más complejas en términos de política pública, especialmente considerando el difícil contexto socioeconómico del país, golpeado por tres meses de apagones que han afectado la economía.
PARÁMETROS TÉCNICOS
Con relación a la revisión salarial, Recalde explicó que el artículo 118 del Código del Trabajo establece mecanismos para este proceso; pero, aunque son de carácter técnico, no lo son al 100%. «Si el Gobierno quisiera ser más generoso, podría hacerlo», afirmó, recordando que en esta materia la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también ha emitido recomendaciones que sirven como una guía, pero no son reglas fijas. «La decisión depende mucho de cómo el Gobierno enfoque el tema y de cómo evalúe las circunstancias sociales», agregó.
Recalde también indicó que, en su opinión, la clave de esta discusión es el enfoque humano. “Si la ideología del Gobierno valora más lo humano, la revisión salarial debería ser mayor. Pero parece que, según su enfoque, los parámetros son fijos, cuando en realidad son sólo guías que proporcionan contexto», explicó.
LAS PARTES
Tras dos reuniones del Consejo Nacional de Salarios (Conades), que evidenciaron una profunda brecha económica, con una diferencia de $97,09 entre las propuestas de incremento salarial para 2025, la decisión quedó en manos del Ministerio.
Los representantes de ambas partes mantienen sus posiciones. Xavier Rosero, representante de los empleadores, calificó como inviable la propuesta presentada por los trabajadores, argumentando que, en el contexto actual del país, implicaría un aumento del 23% en la productividad durante el próximo año.
Marcela Arellano, representante de los trabajadores, sostuvo que para la decisión se debe considerar los propios datos de la realidad económica que ha publicado el Gobierno de Daniel Noboa; es decir, el crecimiento proyectado en la recaudación tributaria al cierre de 2024 de anual de 14% y el crecimiento mensual de ventas del 4%. Por tanto, dijo, se debe aplicar un incremento que permita cubrir no sólo las necesidades mínimas, sino impulsar el movimiento económico que requieren las propias empresas y la productividad nacional
NORMA NO ESPECIFICA FECHA
Recalde explica que la normativa no establece una fecha específica para que el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, determine el momento adecuado para la revisión salarial en caso de desacuerdo entre trabajadores y empresarios. “Nunca ha existido una disposición concreta. Y está bien que sea así, porque sería inviable fijar un calendario fiscal rígido, lo que podría generar problemas legales”, concluyó.
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